La dimisión de Dolores Delgado como Fiscal General marca la semana judicial en España

Claudio Soto,
Desde España

Cuando en el verano español no se hablaba de otra cosa que del recorte de gas impuesto por Bruselas o la ola de incendios forestales que afectan a distintas partes del país, el martes la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, dejó caer una noticia que revolvió el tranquilo ambiente político y judicial: la dimisión de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado por motivos de salud.

«Tengo que anunciarles que en el día de hoy (martes) he recibido la renuncia de la Fiscal General del Estado a su cargo. Ha sido una comunicación escrita. La renuncia, el motivo de la renuncia se debe, exclusivamente, a razones médicas y razones de salud», dijo la ministra Llop, luego de presentar una extensa descripción de iniciativas de su cartera en materia digital, lo que de inmediato provocó reacciones en los partidos y, por cierto, entre los operadores judiciales.

Fuente: Fiscalía General del Estado

Delgado, de 59 años, ex secretaria de Estado en Justicia —lo que, recordemos, generó una profunda polémica tras su nombramiento— deja así una institución clave que, entre otras cosas, debió enfrentar las consecuencias políticas, jurídicas y el indulto de los líderes catalanes que impulsaron el referéndum independentista, además de serios cuestionamientos en la investigación de cientos de muertes en residencias de adultos mayores durante la pandemia y la hasta aquí imposibilidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluyendo su presidencia.

En una suerte de parte médico, la ministra Pilar Llop señaló que «la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto entre las vértebras L2 L3 del lado derecho, y la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, porque tenía la columna en un estado de degeneración».

Quién llega: Álvaro García Ortiz

En la misma rueda de prensa se anunció que será el abogado Álvaro García Ortiz quien asumirá como máxima autoridad del órgano persecutor. Hasta el momento de su anuncio, García Ortiz se desempeñaba como Fiscal de la Fiscalía Técnica del Tribunal Supremo, Fiscal Jefe de la Fiscalía Técnica y Fiscal de Sala. En el ambiente político, sin embargo, la noticia no cayó bien pues lo consideran el verdadero «delfín» de Delgado, además de recordar su pasado en la Unión Progresista de Fiscales, durante 5 años.

«Tiene una dilatada trayectoria como fiscal de carrera. Conoce la estructura y el funcionamiento de la institución. Ha estado más de 20 años en el territorio, conoce las problemáticas cotidianas de la Fiscalía, de los ciudadanos, y tiene muy claro el horizonte de soluciones», lo defendió la ministra Llop.

«Es un especialista en medioambiente. Ha sido el fiscal del caso Prestige, el procedimiento medioambiental más importante que hemos tenido en nuestro país, y también el más complejo. Y, además de emergencia climática, en un momento en el que el Gobierno de España tiene un compromiso absoluto con el medioambiente, el compromiso profesional del fiscal Ortiz supone poner el foco en su protección y en el reto que nos está planteando el cambio climático», enfatizó la ministra, para evitar cualquier cuestionamiento técnico y profesional a su nombramiento.

El voto del CGPJ

García Ortiz tuvo un respaldo importante para su designación, por cuanto el Consejo General del Poder Judicial en una votación que no es vinculante para el Ejecutivo, dio luz verde —eso sí en votación divida— para que ocupe el cargo.

«El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy (jueves) por 12 votos a 7 que el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesto el pasado martes por el Consejo de Ministros», señala la comunicación oficial emitida por el organismo.

Fuente: Fiscalía General del Estado

El CGPJ recordó que según «el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión».

Álvaro García Ortiz se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 23 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca).

En 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal las Diligencias Previas 960/2002 del Juzgado Nº 1 de Corcubión (caso Prestige).

 
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