Derecho policial: los uniformados también necesitan defensa y debido proceso

Juan José Santiváñez

Fernanda Robles

Con 43 años, Juan José Santiváñez fue cesado de sus funciones como Coronel de la Policía Nacional de Perú. A pesar de estar en el primer puesto de cuadro emérito para ascender a General, la entrada de un nuevo Gobierno dispuso lo contrario: mediante de un procedimiento denominado Paz en Retiro por Renovación de Cuadros, Santiváñez fue obligado a dejar la institución.

Este tipo de retiro, sin embargo, es aplicado a oficiales que, por edad o enfermedad, son incapaces de cumplir con su trabajo. Y este no era el caso de Santiváñez, quien se retiraba con 13 condecoraciones y sin ningún tipo de condición mental o física que la justificara.

Tiempo después decidió demandar al Estado, pero perdió el juicio.

En 2004, después de haber hecho una maestría en España y cuyo trabajo final abordó la renovación de cuadros en las fuerzas armadas y la policía nacional de Perú, su hijo, abogado y quien además lleva su mismo nombre, volvió a Perú y decidió interponer una demanda contra el Estado para exigir la reintegración de su padre. Dos años después, ganó el caso. “Se dispuso la reincorporación de mi padre con el reconocimiento de todas sus prerrogativas y honores”, asegura Santiváñez, al teléfono desde Lima.

Desde entonces, los oficiales que han vivido situaciones similares lo buscan para que asuma su defensa.

¿Qué hace un abogado que se dedica al derecho policial?

Juan José Santiváñez es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, especializado en derecho policial y militar. También fue socio fundador del estudio Santiváñez Antúnez, en Perú, que es reconocido en el área de controversias y litigios de alta complejidad, despacho que se acaba de fusionar con Guzmán Napuri, dando origen a Guzmán Napuri y Santiváñez abogados.

“El derecho disciplinario implica afrontar la representación legal frente a la apertura de procedimientos disciplinarios contra efectivos militares o policiales, esto es, cuando se propone su baja por la presunta comisión de una acción indisciplinada”, explica Santiváñez.

Su trabajo está vinculado a responder consultas y asumir la representación en procesos disciplinarios y administrativos ante los órganos de investigación y los tribunales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú.

También se encarga de la representación judicial en procesos constitucionales, casos que en su mayoría abordan la vulneración de derechos vinculados al mantenimiento de una persona, policía o militar, en situación de actividad o cuando son cesados de manera irregular.

El defensor de los uniformados

“Amigo mío, ¿estás loco? ¿por qué te vas a meter en ese caso?, vas a perder. El mismo Ministro los ha denunciado”, recuerda que le dijo un cercano cuando le contó que iba a defender a 3 de los 17 efectivos policiales acusados de pertenecer a una organización criminal. El caso fue conocido en 2017 como “Los babys de Oquendo”.

Pero el que evoca con más orgullo es la defensa del mediático “Escuadrón de la Muerte”, en el que los policías fueron inculpados por el Gobierno de ejecutar extrajudicialmente a 20 delincuentes. “Después de dos años de litigación los efectivos policiales fueron absueltos”, recuerda.

De los 15 años que lleva ejerciendo en este área, Santiváñez cuenta que ha ganado más de 1.456 procesos disciplinarios y conseguido que 305 oficiales sean reincorporados en sus cargos. “Se convirtió en mi expertise. A la fecha no ha habido ningún caso que yo haya perdido a nivel disciplinario”.

Derecho policial: Los funcionarios tienen derecho a un debido proceso

Una de las principales dificultades que Santiváñez reconoce ejerciendo como abogado en derecho policial y militar es “encontrarse con la incapacidad de los entes administrativos disciplinarios de entender que estos funcionarios tienen derechos a un debido proceso, a ser oídos, a producir pruebas, a que se acredite su culpabilidad… derechos que cuesta que sean considerados”, explica.

El ambiente en el que trabajan los abogados dedicados a esta área también puede llegar a ser muy hostil. En 2011, habría detectado que en su despacho le hacían escuchas ilegales mediante micrófonos ocultos. Otro episodio ocurrió en 2014, cuando a través de la página “Dinileak” se publicó un listado con el nombre de las personas que eran investigadas por la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú y su nombre estaba en la nómina de seguimientos.

A pesar de estos sucesos, afirma que nunca ha sentido miedo. “Yo no tengo temor… el convertirme en un especialista en la defensa de los derechos de los policías, ha generado más bien que la familia policial me cuide y mucho”.

Rentable, aunque podría no parecerlo

Para quienes quieren dedicarse a esta materia, Santiváñez dice que primero es importante entender que es un área sumamente especializada: “Tienes que conocer las leyes, los regímenes disciplinarias de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, las resoluciones directorales, los dictámenes jurídicos, las directivas especializada, entre otras cosas”.

“Generalmente esta materia es para alguien que le guste ser muy meticuloso y que le guste muchísimo la investigación”.

A pesar de las horas de estudio, investigación y tramitación, Santiváñez asegura que es un mercado bastante rentable. “En un principio no lo veía así, pero dedicarme a esto me ha permitido sostener una firma de abogados de 31 personas”.