Derecho y anime: miradas jurídicas diversas

“Dentro de la serie yo me debo inscribir en la asociación de héroes, que es una institución de carácter privado, que se encarga de defender a la ciudad. En esta obra el Estado no existe o no hace acto de presencia. Relaciono este anime con la denominada autorregulación en el Derecho, dado que uno podría decir ‘esto es casi una patente de corso que tiene una persona para poder ser un superhéroe’. En Chile encontramos sistemas de autorregulación y se puede apreciar en algunas actividades donde se rigen por la ética y por reglamentos internos, como por ejemplo el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria”, explicó María Jose Arancibia, socia de ObradorDigital y profesora de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Talca.

La abogada presentó su ponencia “One Punch-Man: entre las leyes de superhéroes y la autorregulación en el Derecho”, donde argumentó la presencia de normas regulatorias que se pueden apreciar en el anime de superhéroe respecto de la forma en que se organiza la asociación de héroes.

La presentación se dio en el marco de la primera jornada de derecho y ficción “Derecho Geek” 2023, organizada por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y que se realizó el 12 y 13 de octubre. En el evento se buscó discutir diversos aspectos del Derecho a través del análisis de obras de ficción, por medio de bloques temáticos centrados en distintos tipos de formatos, como películas de ciencia ficción, fantasía, comics o anime.

Autorregulación y humanidad

El principal problema de este sistema autorregulado de superhéroes, según María José Arancibia, es que no existe imperio que obligue a los héroes a un cumplimiento ético o al acatamiento de sanciones frente a responsabilidades que tengan: “Hay una escena donde un superhéroe de rango más bajo le recrimina al protagonista, Saitama, no haber evitado el daño colateral durante una pelea y él le responde ‘sí ¿y qué?’, y ahí queda. ¿Quién me obliga a mí a reparar?, nadie, cada ciudadano tiene que valérselas por sí mismo para recuperar sus bienes”.

Arancibia señaló que una situación similar ocurre con el Colegio de Abogados de Chile, donde la inscripción no es obligatoria y depende de la voluntad de cada abogado: “Si me inscribo es porque acepto las reglas del juego del Colegio y uno de sus elementos más importantes es el control ético entre los pares, lo que significa que la gente puede levantar un reclamo en mi contra si actúo de forma no ética, y se me puede sancionar con multas o la expulsión del Colegio, pero todo depende de si me inscribo o no en este Colegio; por eso está la discusión sobre hacer la colegiatura obligatoria para los abogados como ocurre en Estados Unidos”.

El derecho civil también estuvo presente en la jornada, por medio de la ponencia “Fullmetal Alchemist, atributos de la personalidad y la robótica global” de Catalina Gacitúa, coordinadora del departamento de derecho privado de la Universidad Alberto Hurtado. En ella se discutió una situación planteada en la serie con uno de sus protagonistas, Alphonse Elric, quien pierde su cuerpo y su alma queda dentro de una armadura, lo que abre la pregunta de si Alphonse puede seguir siendo considerado persona luego de perder su corporalidad material.

“Lo importante es que Alphonse aún es una persona, ya que de todas formas puede sentir, discutir, tener distintos criterios de opinión. Y todo ello nos lleva a cuestionarnos si se puede constituir o no como persona dentro de los parámetros del derecho chileno”, explicó Gacitúa.

La profesora señaló que el artículo 55 del Código Civil considera como persona a todo individuo de la especie humana sin importar el sexo, la estirpe o la condición; ello conlleva tener ciertos atributos de la personalidad: “Subsumiendo un poco los hechos del anime con estos atributos, consideramos primero que la capacidad de goce en este sentido por parte de Alphonse se ve a lo largo del anime en un sentido de responsabilidad, de lealtad que tiene con el ejército, pese a que no sea alquimista estatal como su hermano y que ambos cuentan con nacionalidad, nombre y domicilio”.

A partir de la serie de anime se puede abrir la pregunta de si los robots pueden ser persona si cumplen con algunos de estos atributos. Algunos ejemplos presentados por Gacitúa son el robot Sophia, que cuenta con ciudadanía, y el robot Erica, que es capaz de leer el comportamiento psicológico de las personas. Asimismo, comentó que no necesariamente va a ser persona algo que cumpla con algunos de los atributos de la personalidad.

El factor decisivo que diferenciaría a Alphonse de los robots sería el alma, dado que el personaje expresa sentimientos de protección a otras personas y de lucha contra la culpa: “Eso es lo que en palabras de Aristóteles le da plenitud al ser humano o le da una esencia de materialidad corporal. Es decir, hay un ser real, pero este ser real se manifiesta a través de un cuerpo que va a tener exteriorizaciones sociológicas culturales. Alphonse cuenta con un pasado trágico que los robots Sophia o Erica no tiene, por lo que no poseen este factor de humanidad y es parte del motivo por el cual las legislaciones hacen responsable de las acciones de un robot al creador”.

Perspectivas penales en el anime

En lo relativo al derecho penal, una ponencia interesante fue “¿Es Eren Jaeger de Shingeki No Kyiojin inimputable para el derecho chileno?”, en que Bárbara Quiroz, abogada de la Universidad de Valparaíso y socia de Estudio Jurídico Asesorando, buscó analizar si el protagonista del famoso manga y anime Shingeki No Kyiojin, Eren Jaeger, podía o no ser imputable de genocidio luego de sus acciones al final de la historia —evento que es conocido por los fans como “El Retumbar”— del cual hablar más sería hacer spoiler.

De acuerdo a Quiroz, Eren sería inimputable debido a que el personaje se encuentra disociado de la realidad y en un claro estado de alteración mental: “La imputabilidad aplica al sujeto que no es capaz de comprender la naturaleza de sus actos o de determinar su conducta por causa de un trastorno mental o inmadurez psicológica y de la cual se desprende la primera pregunta ¿Eren Jaeger puede entender las consecuencias del ‘Retumbar’, independientemente de si sus acciones están justificadas, o se cree que él entiende lo que significa? A mi juicio, no lo entiende”.

Su argumento es que debido a los traumas que sufre el protagonista a lo largo de la serie, Jaeger ve como lo que él conocía como realidad deja de ser verdad, provocándole un trastorno mental: “En conclusión, es inimputable porque es una persona a la que solo la mueve poder salvaguardar lo que él conoce como real”.

Otro anime que fue revisado bajo la perspectiva del derecho penal fue Demon Slayer/Kimetsu no Yaiba, serie que se enfoca en las aventuras de un grupo de cazadores de demonios en el Japón de inicios del siglo XX, y que fue el foco de la ponencia “Kimetsu no Yaiba: Los tipos penales”, de Andrés Delgado, abogado litigante, donde comentó los delitos que se le podía aplicar al villano de la serie, Muzan Kibutsuji, sobre todo, aquellos cometidos contra Nezuko, una de las protagonistas de la serie.

Algunos delitos que perpetra Muzan, extrapolados a los tipos penales chilenos, serían secuestro con homicidio, dado que el villano busca secuestrar y absorber —literalmente— a Nezuko para obtener sus habilidades; y el homicidio calificado, dada la premeditación del acto. Delgado explicó que este último delito sufrió una modificación el 11 de mayo de 2023, por la Ley 21.571, que elevó las penas al presidio perpetuo si la premeditación es conocida.

“Con el artículo 142 del Código Penal también estaríamos hablando del secuestro con homicidio de una menor, porque Nezuko tiene 14 años a pesar de que se haya convertido en demonio, y en tal caso estaríamos frente a unas penas que van de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, o sea, que tendría que pasar 40 años de cumplimiento efectivo para que el condenado pueda postular a algún tipo de beneficio”, opinó Delgado.

Además, el abogado comentó que con esta serie también se pueden encontrar reflejados en la trama tópicos como el abuso infantil; la terapia para menores víctimas; y el delito de maltrato a una menor de 18 años.

 

 
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