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sábado, 21 de mayo de 2022

mercado legal

Conciliar la profesión y la vida personal redundaría en una sociedad más justa

El Consejo General de la Abogacía Española lanzó la campaña #DerechoAConciliar: “Es una cuestión de Justicia que los abogados tengan los mismos derechos que el resto de operadores jurídicos”, dijo a Idealex.press.

- 22 marzo, 2022

Abogadas, abogados y funcionarios del ámbito legal dedican gran parte de su jornada al trabajo, con audiencias que se extienden por horas y casos que pueden durar años, lo que redunda en sobrecargas laborales y dificulta el disfrute de la vida personal y familiar: lo que en España se ha denominado conciliación.

conciliaciónConsejo General de la Abogací­a Española

De acuerdo al Consejo General de la Abogací­a Española, ha habido situaciones en que los abogados de ese país no han podido hacer uso de sus permisos de maternidad o paternidad, pues en el Poder Judicial se les deniega la suspensión de juicios y plazos a los que deben asistir.

A menos de 24 horas del parto

La organización da cuenta de un caso: Patricia Campomar Gómez dio a luz un bebé prematuro y al día siguiente, a las 4.00 de la madrugada, se encontraba redactando un escrito ¿Por qué? Porque no se le concedió la suspensión del plazo para recurrir en contra de la resolución que ordenaba el archivo de una querella.

El Ministerio de Justicia español y el Consejo General han trabajado en busca de una solución a este problema. Fruto de este esfuerzo, se tomaron nuevas medidas que están próximas a introducirse en la Ley de Eficiencia Procesal.

Estas nuevas medidas establecen la suspensión de todos los actos y plazos procesales en curso por permisos de maternidad y paternidad por el período de descanso laboral obligatorio que establece la ley. Además, en otras situaciones personales, tales como enfermedades graves o fallecimiento de un familiar, se incluye una suspensión de 3 a 5 días.

Conciliación y concientización

La propuesta también modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 130, inciso 2, estableciendo en su versión modificada que, “son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad”.

Además, en casos de como enfermedad, accidente u hospitalización del abogado que lleva una defensa se suspendan los plazos hasta que el funcionario se mejore y no solo por 3 a 5 días.

El Consejo General ha llevado a cabo la campaña #DerechoAConciliar para impulsar estas medidas.

Consultada la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española, declaró a este medio que obligar a trabajar a abogados en tales condiciones no solo infringe sus derechos como trabajadores en cuanto a conciliar su actividad profesional con la vida personal y familiar, sino que también afecta el derecho de los ciudadanos a una defensa de calidad.

“En la mayoría de ocasiones, los ciudadanos no quieren cambiar de abogado, porque ya confían en el letrado que ha llevado el caso desde el principio y en quien ha depositado su confianza. Por ello, es fundamental suspender procesos en estos supuestos de enfermedades, hasta que el abogado pueda ejercer con plenas garantías”, dijeron desde la institución.

Antes, la suspensión de plazos de procesos judiciales por estos motivos no dependía de la regulación de una ley, sino que de la discrecionalidad y buena voluntad de los jueces, quienes podían denegar las peticiones de abogadas que son madres por primera vez o estuviesen hospitalizadas por enfermedad, por nombrar algunos ejemplos.

“Los letrados se ven obligados a acudir a una vista nada más tener un hijo, o a punto de dar a luz o haber sufrido un accidente, porque son situaciones que no están contempladas como un supuesto para suspender los plazos procesales. Por tanto, este cambio legislativo para regular esta cuestión supone avanzar también en corresponsabilidad de los cuidados familiares y, de esta manera, conseguir una sociedad más justa. Es una cuestión de Justicia que los abogados tengan los mismos derechos que el resto de operadores jurídicos”, concluyó la Comisión.

 
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