CEJA centra sus estudios en equidad de género, femicidio y modernización

“En materia de femicidios es donde se debe poner la alerta, pero eso no quiere decir que debamos sólo enfocarnos en ellos, ya que esto siempre viene emparejado con situaciones de violencia que vienen antes del acto femicida”, plantea Gherman Welsch Chauán, director de Estudios del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA).

Y, advierte, las medidas deben considerar un factor preventivo e integral, porque muchas veces se aumentan las penas, pero se siguen cometiendo los actos, por lo que aunque “la respuesta puede ser efectiva, no es eficiente para disminuir la cantidad de hechos en los países”.

“Las políticas públicas de equidad de género enfocadas sólo en la persecución penal no deben ser la única respuesta estatal”, asegura.

Este es uno de los temas que preocupa al especialista, quien está a cargo de las áreas de criminalidad compleja, delitos ambientales y sistemas penitenciarios del CEJA. Y junto con los planes del organismo para mejorar las condiciones y acceso equitativo a la justicia para las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, se refiere, en esta conversación con Idealex.press, sobre las urgencias en temáticas judiciales y los desafíos que tiene la recopilación de datos para una justicia con equidad de género en todas sus dimensiones.

Gherman Welsch Chahuán

Se trata de un tema que Welsch, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso, conoce bien: en 2018 fue nombrado director de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio Público de Chile, donde llevó adelante la implementación de políticas de igualdad de género en la institución.

Urgencias en América Latina: violencia y paridad

Las cifras sobre femicidios son algunos de los principales problemas detectados por el organismo entre los 34 países de la región, registrándose las tasas más altas en dos de los tres países del llamado “triángulo norte”: 4,6 casos por cada cien mil mujeres en Honduras, y 2,4 en El Salvador.

En tanto, Guatemala —el tercer país de la zona— tiene una tasa de 1, 7 casos, mismo índica que Brasil. Junto con ellos, igualmente preocupa la frecuencia de este delito en República Dominicana (2,7) y Bolivia (1,8).

“No podemos tratar un acto de violencia de género igual que un delito de hurto, porque hay otras lógicas detrás. Es necesario que los entes de persecución penal encargados de esta justicia tengan internalizada esa concepción, porque es ahí donde efectivamente la sentencia o en la litigación se materializa el enfoque de género y se le entregan herramientas para dar respuesta a este conflicto”, plantea.

Otro problema que han observado desde el Ceja se refiere a la cantidad de mujeres que ocupan puestos de poder en los sistemas de justicia.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Cepal, la proporción de ministras en el máximo tribunal de justicia o Corte Suprema es de 30,4% en América Latina.

CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género

“En tribunales de primera instancia se aprecia mayor número de mujeres, pero cuando vamos avanzando en puestos superiores de justicia no hay tantas. Lo mismo pasa con la fiscalía, hoy hay más mujeres ejerciendo cargo en la Fiscalía Nacional (Chile), pero también ahí es donde debemos pensar cómo incentivar que las mujeres accedan a puestos de poder”, explica Welsch.

Las instituciones, dice, deben promover el acceso igualitario a capacitaciones y procesos de ascenso dentro de una institución, como estrategia fundamental: “Tenemos que lograr que no sea más difícil para las mujeres acceder a puestos de poder, sino que se iguale la cancha desde un principio en las carreras judiciales”.

Otro tema pendiente —y poco explorado, reconocen desde el Ceja— es la situación de las diversidades sexuales, ya que si bien en algunos países se ha avanzado en leyes de identidad de género, “hay que hacer un foco en la población LGBTIQA+, esta no debe ser dejada de lado, tiene particularidades distintas que hay que abordar, ha sido históricamente excluida, habitualmente discriminada por sus condiciones y es importante que los estados tengan una respuesta a estas comunidades”.

Equidad de género y cómo ir un paso más allá

Durante el año pasado el organismo capacitó a más de 250 operadores de justicia, a quienes entregaron herramientas para implementar en su cotidiano laboral un enfoque en equidad de género. A pesar de la buena evaluación, Welsch afirma que estos espacios “deben ir un paso más allá, no solo en entregar contenido acerca la historia del feminismo, las corrientes o la diferencia entre sexo y género; por supuesto que debe haber esa base, abordar las distintas convenciones, pero también deben ser capaces de entregar habilidades y competencias”.

Además, hace algunas distinciones sobre cómo incorporar fiscalías especializadas en temas de género, donde se busca responder a las necesidades que implican delitos de violencia de género.

Hay así un desafío sobre cómo agilizar los procesos judiciales y, en ese sentido, la modernización de las plataformas entre instituciones es clave.

“Debe haber una voluntad estatal en torno a la recopilación de datos donde hay dos cosas en juego: es necesario que existan sistemas de información entre los distintos órganos de justicia, que estén integrados y adecuados para utilizar todas la herramientas tecnológicas, y que pasemos a un sistema de transformación digital para la justicia”, afirma.

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