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Internacional

Informe Anual de Derechos Humanos: Chile está al debe

En su versión 2018, el Informe elaborado por la Universidad Diego Portales da cuenta de una serie de temáticas en las que el Estado chileno se encuentra al debe en el respeto y la promoción de los derechos humanos: mujeres, pueblos indígenas y migración son algunas de ellas.

5 Diciembre, 2018 Comparte en:
Álvaro Vergara

Derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBI, de los niños, niñas y adolescentes, de los inmigrantes y refugiados, libertad de expresión y de información, brechas de género y educación, y derechos de las personas con discapacidad mental. Estos son algunos de los temas que trata el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de este año elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

A través de las temáticas incluidas en esta edición, el informe busca dar cuenta de la variedad de asuntos que hoy comprenden las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído frente a la comunidad internacional y frente a los ciudadanos en materia de DD.HH. “Cuando uno lo analiza (el informe) puede observar allí un trabajo pausado, serio, prolijo, que da cuenta de el estado en que se encuentra el respeto y la promoción de los DD.HH. en nuestro país”, manifestó Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la UDP.

Contexto preocupante

Tomás Vial, editor del informe e investigador del Centro de DD.HH. de la UDP, explicó que el libro “se emite dentro de un contexto internacional y nacional que consideramos preocupante. En particular en el contexto internacional, en América latina al menos, hay situaciones ocurridas en el último año que nos parecen graves y nos recuerdan tiempos que creíamos superados: la negación del valor de los derechos, la negación del derecho a la igualdad, la represión de protestas sociales masivas con decenas o centenares de muertos, en algunos países el ascenso al gobierno de discursos y políticas abiertamente negatorias”.

Por otro lado, señaló que también hay que considerar el contexto nacional de cambio de gobierno. “Genera tensiones en el sentido de establecer cuánto estamos dispuestos a continuar con los compromisos asumidos internacionalmente por los gobiernos anteriores. El argumento de que un cambio de política implica un cambio de compromiso no es algo consistente con un respeto permanente de los derechos como política del Estado, que es como debieran ser entendidos y no como políticas de un gobierno determinado”, dijo Vial.

Avances, retrocesos y deudas

En el texto se destaca la existencia de avances, retrocesos y (el listado más largo) deudas. Entre los avances se menciona la celebración de elecciones democráticas, la movilización feminista, mayor representación femenina en el Congreso, aprobación de ley de aborto en tres causales, y aprobación de ley de identidad de género. Si bien, hay algunas temáticas en las que el avance es parcial, como en el caso de la ley de aborto por las dificultades que ha generado la objeción de conciencia para su correcta implementación, todas ellas pueden ser consideradas como mejoras en cuanto a garantizar el respeto por los DD.HH.

Como elementos negativos encontramos a los retrocesos. La situación de violencia en la Araucanía, los discursos negacionistas respectos de las violaciones del pasado, el debilitamiento de la acción del gobierno en materia de justicia y verdad, y la conducta de los tribunales respecto de las sentencias en materia de protección de DD.HH. “Son situaciones que reflejan que hay algunos ámbitos donde estamos peor hoy que hace un año”, dice el editor del Informe.

Otro aspecto negativo se enumera en un listado de situaciones de infracción a los DD.HH. permanente, denominadas “deudas”. “Las deudas son aquello que no hemos cumplido como Estado y el listado ahí es mucho más grande”, explica Vial. A modo de ejemplo, se menciona que entre 1995 y 2018 se han dictado 367 sentencias definitivas en materia de violaciones por el pasado, que incluyen a 713 víctimas (detenidos desaparecidos y ejecutados). Eso, respecto al universo de víctimas implica que sólo el 22% de ellas ha sido objeto de una sentencia. Y en materia de tortura y prisión política, sólo el 0,6% de las víctimas ha tenido una sentencia.

Las deudas continúan

Otro ámbito en el que el Estado de Chile se encuentra al debe es con los pueblos indígenas en materia de reconocimiento de su existencia, de su existencia previa al estado, de sus derechos al territorio, a la tierra, a los recursos naturales y a la autodeterminación. “Sin ese reconocimiento, sin esa apertura a un diálogo que vaya destinado a su reconocimiento y a la implementación efectiva del respeto a estos derechos no es posible la paz en Chile ni menos en la Araucanía”, sentenció Vial.

Los derechos de la mujer son otra deuda. En el informe se hace un análisis, a modo de ejemplo, de 235 causas de delitos de lesiones hacia mujeres en el contexto de relación de pareja. Los resultados muestran que un 84% de las causas no prosperan porque los imputados no son notificados. Mónica Rincón, periodista de CNN invitada a comentar el informe, afirmó que le ha tocado conversar con diputadas “que me contaban que sus compañeros se reían de ellas en sus caras cuando hablaban de tipificar el acoso sexual”.

El tema migratorio también es uno de los ejes en deuda este año. José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita de Migrantes también comentó el análisis hecho en el informe: “Sin duda “ordenar la casa” ha sido una especie de mantra que se ha repetido en la temática migratoria este año. “Ordenar” quiere decir que hay un desorden, pero puede ser orientado a garantizar derechos, o puede ser orientado a seleccionar o restringir ciertos flujos. ¿Qué es lo que prima en ordenar la casa?”, se pregunta Vicuña. “Creo que estamos en deuda en cuanto al respeto de los derechos y no sé si estamos “ordenando” para garantizarlos”, concluyó.

 
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