Niñez migrante: un desafío país

SMartin, foto tomada en el Metro de Santiago.

Fernanda Robles

Una realidad que se veía lejana, como propia del hemisferio norte, o muy a baja escala, ha llegado con fuerza creciente a diversos países de Latinoamérica. Cada vez es más frecuente que noticieros y diarios muestren a ciudadanos —a veces solos; otras, acompañados por sus familias— de distintos países, que han debido abandonar sus raíces en busca de mejores oportunidades o incluso como medida para sobrevivir frente a conflictos armados, persecuciones políticas o economías destrozadas.

Sin la debida preparación cultural, este fenómeno ha generado que muchos gobiernos no hayan afrontado de manera óptima el nuevo escenario, en gran parte debido a que sus legislaciones y políticas públicas están desactualizadas.

Según cifras del Gobierno chileno, en 2017 el número de inmigrantes que recibió ese país alcanzó el millón de personas, lo que representa un 5,5% de la población. Sin embargo, las cifras dieron la alerta: más de 300 mil extranjeros se encontraban en situación de irregularidad.

A principios de 2018, el nuevo Gobierno de Sebastián Piñera presentó una serie de indicaciones al proyecto de nueva ley de inmigración, lo que generó variadas críticas desde algunos sectores de la sociedad.

Sin embargo, desde el punto de vista legal, en Chile no existen políticas públicas ni leyes que protejan a parte de esta población migrante que crece día a día: niños y niñas, que deben integrarse, por ejemplo, a servicios educativos y que se exponen a ser víctimas de violencia y discriminación. La actual ley de Extranjería ignora esta realidad.

Migrantes en el sistema escolar

La población migrante infantil ha aumentado de manera exponencial los últimos años en Chile. Así lo evidencian cifras del Ministerio de Educación, que en 2017 registraron un total de 77.608 niños migrantes matriculados en establecimientos educacionales en Chile. Las nacionalidades que concentran una mayor presencia en el sistema educativo chileno son Perú, Bolivia, Colombia, Haití, Ecuador y Argentina.

Según el informe de “Política nacional de estudiantes extranjeros 2018-2022”, las estadísticas muestran que “la mayor parte de los alumnos extranjeros (57,5%) estudia en establecimientos municipales, mientras que un 33,1% lo hace en particulares subvencionados, un 7,9% en particulares pagados y un 1,5% en Centros de Administración Delegada (CAD)”.

Sin embargo, este aumento se evidenció entre los años 2015 y 2016, cuando una gran cantidad de estudiantes migrantes presentaron dificultades de integración por barreras idiomáticas.

Una investigación realizada en 2016 por Iskra Pavez-Soto, titulada “Violencias contra la infancia migrante en Santiago de Chile: Resistencias, agencia y actores”, examinó las experiencias de niños y niñas migrantes que sufren de violencia producto del racismo, violencia simbólica y dominación colonial, así como las estrategias que utilizan los gobiernos para enfrentarla.

Es a través del estudio que se plantea un problema que hasta el día de hoy no tiene solución ni es abordado desde una normativa integral: en Chile un número niños y niñas inmigrantes son víctimas de discriminación mediante comentarios negativos y racistas.

Según la investigación, el número de niños migrantes en Chile ha aumentado de manera constante en los últimos años. Por medio de distintas observaciones a este fenómeno migratorio que ha experimentado Chile, se han constatado numerosos mecanismos de exclusión y discriminación racial que sufre la niñez migrante en su inserción cotidiana.

En la misma investigación, son citadas diversas mediciones que demuestran que niños chilenos manifiestan abiertamente “una actitud de rechazo y hostilidad hacia la niñez migrante”, situación que tendría lugar principalmente en el ámbito escolar. Cabe destacar, que esta hostilidad sería mayor en Santiago que en el resto de las regiones.

Otro de los factores que inciden directamente en la discriminación de niñez migrante, se relaciona con en el tipo de colegios en los que estos niños y niñas son insertados. Esto, porque “los establecimientos educacionales públicos a los que acceden presentan características estructurales de exclusión social”, señala dicha investigación.

El estudio, plantea además que “en reiteradas ocasiones, el UNICEF ha recomendado al Estado de Chile la necesidad de garantizar derechos a la niñez migrante en ese país y prevenir la discriminación y el racismo”. A pesar de esto, no hay grandes avances en la protección de niños migrantes, esto se debe principalmente a que actualmente, “se desconoce cómo afecta de manera concreta la violencia hacia la niñez migrante que reside en el país”, debido a la falta de estudios en esta materia.

Según datos publicados por la UNICEF, en Chile 71% de la población que correspond a niños y niñas –sin distinción de origen nacional o nivel socioeconómico– ha sufrido malos tratos o algún tipo de violencia, incluso al interior de sus propias familias.

Si bien en abril de 2018, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó indicaciones al proyecto de ley, las que tendrían por objeto una migración segura y garantizar a menores de edad extranjeros —con independencia de la condición migratoria de los padres— el acceso a educación parvularia, básica, media y universitaria, hasta la fecha, en Chile los niños y niñas inmigrantes continúan sin una estructura normativa que los regule y proteja desde un enfoque de derechos humanos.

Seminario sobre integración de la niñez migrante

Con el apoyo de instituciones como la UNICEF, la Cámara de Diputados y algunos senadores, Fundación Ciudad del Niño realizará el seminario “Integración de la niñez migrante: un desafío país” el próximo 23 de octubre. En este encuentro se discutirán los principales retos que debe afrontar Chile.

La actividad comenzará a las 9.00 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, y estará dividido en módulos que analizarán la materia desde 3 aristas: como desafío país, políticas locales e innovación en el trabajo con la niñez migrante.

El seminario contará también con expositores como Roberto González, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social; Cristián Gómez, jefe de la sección Convivencia y Territorio del Departamento de Migración y Extranjería; Blanquita Honorato, representante de la Subsecretaría de la Niñez; y Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

La actividad no tiene costo, pero requiere inscripción previa. Si te interesa conocer más información, puedes hacerlo aquí.

 
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