Repensando el examen de grado

Francisco Arriagada

El interesante intercambio de hace unos días sobre el examen de grado de la carrera de derecho (léase en el matutino El Mercurio de Santiago), sin duda, mueve a reflexión.

No deja de llamar la atención lo expuesto, por ejemplo, en misiva de 23 abogados chilenos exponiendo lamentables situaciones (académicos con poco criterio o preguntando solo para una audiencia observadora), las que sí bien pueden resultar excepciones, deben, desde luego corregirse.

En ella, se exponen situaciones como que a un alumno se le habrían realizado las mismas preguntas que a don Pedro Lira Urquieta hace más de cien años atrás, y bueno, no hace falta, pues son tantas las anécdotas cuando uno presenció o ha sabido de estos exámenes, que el propio Arturo Alessandri Rodríguez a veces paseaba a los examinados por toda la materia, y así, entre otras.

Pero bueno, habría que escudriñar, en específico, si aquellas examinaciones, que se asientan en el derecho civil chileno, más que por su antigüedad resultan ser objetivas o ecuánimes, pues (salvo en materia de familia) nuestro Código Civil ha permanecido en esencia por casi 170 años, promulgado mucho antes que el Código Civil español y además inspirador de muchos códigos latinoamericanos.

Volviendo a lo que nos convoca, en carta posterior al mismo periódico, un médico, comparando la ciencia médica con la ciencia (y arte) jurídica, contrastaba los exámenes de medicina con el pregrado de derecho como fórmula para mejorar este debate.

Desde luego, recoger alguna experiencia de los estudios de medicina nos puede dar algún empuje. Ya antaño, recuerdo que un consejero del Colegio de Abogados chileno mencionaba que algunos casos excepcionales estaban recurriendo a apoyo psicológico, situaciones desde luego para nada deseables.

Y no resultan deseables, puesto que si bien los estudios de derecho, suelen y debiesen ser, en la mayoría de las escuelas, exigentes, al igual que la evaluación del grado, para los que enfrentamos esos cinco años y esa instancia, sabemos que más que nada requieren constancia y método, quizá las mínimas virtudes o habilidades para sortearlos.

En mi calidad de abogado (también a pocos meses de sus 20 años de egreso), al menos estimo que dicha instancia final, al que el alumno de la carrera de derecho o pregrado se enfrenta, última valla intelectual, suele ser un filtro aceptable para un alumno, que en teoría ya ha aprobado los cinco años de dicha carrera.

No obstante lo anterior, existen aspectos corregibles y mejorables. Es así como he sabido muchas veces, y en ocasiones he sido testigo, que en los casos escritos —que por hoy pareciese ser la gran solución— donde al alumno se le entrega un caso una o dos semanas antes de su rendición, o no estudia en los meses o al menos semanas previas o tiende a relajarse en demasía su personal preparación, lo que en un examen “tradicional” no tiende a suceder.

En general, nuestro sistema Iberoamericano, de tradición latino— romana, desde luego nos lleva indefectiblemente a que el estudio y evaluación de casos nos sea ajeno.

El propio efecto relativo de las sentencias de este sistema latino (el actual caso chileno de las isapres nos recuerda este efecto) solo hace reforzar este principio.

Conteste me encuentro, de todas maneras, en que esta instancia no debiese evaluar la mera memorización o verbalización, sino al menos la comprensión de las dos disciplinas fundamentales en la formación jurídica: el derecho civil y el procesal, aunque en la gran mayoría de las facultades se examine también una asignatura electiva.

Es así como muchas facultades de derecho, hace muchos años ya, han objetivizado (léase tendido a objetivizar) este examen, excluyendo algunas materias para evitar hechos como los expuestos en la referida carta en cuanto a faltas de criterio o preguntas de temas con escasa aplicación (anticresis).

Ante estas excepciones podrían aplicarse algunas garantías objetivas como la obligación de quien presida la comisión o la comisión completa de contar con una pauta mínima escrita, la práctica de la tómbola a veces usada en los estudios regulares, o incluso una comisión permanente por facultad (a cargo, por ejemplo, de los decanatos).

Las soluciones, no debiesen meramente copiar lo que sucede en otros países, sino que vendrán de la mano, de aumentar la exigencia, pero permitiendo que sean las propias escuelas de derecho las que definan si la evaluación será ante una comisión (es decir oral o examen tradicional), o uno escrito de casos, o uno mixto.

Generalmente, al alumno que estudió constantemente (al menos el alumno promedio) y se tomó en serio la carrera se le torna más fácil sobrellevar esta evaluación final.

Enfrentemos este interesante tema para repensar el grado, pero sin entregar la exigencia, aumentando su objetividad y sin deteriorar su calidad (cuando la hay).

 
* Francisco Arriagada Piña es abogado de la Universidad Católica de Chile y diplomado en regulación en la Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile.

 
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