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martes, 29 de septiembre de 2020

internacional

Claves para prevenir la corrupción en América Latina

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó su reporte de Economía y Desarrollo en un seminario donde especialistas debatieron el cómo combatir la corrupción de funcionarios públicos en el continente. Expusieron: Alberto Pretch, Trinidad Inostroza y Luis Cordero.

- 20 enero, 2020

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Felipe Riffo

El pasado jueves 16 de enero se realizó en Santiago, Chile, la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019), en un seminario organizado por el centro de estudios independiente Espacio Público, en el que se discutió un Informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la lucha contra la corrupción.

El encuentro, que tuvo por nombre —al igual que el informe— “Integridad en las Políticas Públicas: Claves para prevenir la corrupción”, comenzó con las palabras de bienvenida e inauguración del Presidente Ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow.

A continuación, el vicepresidente de la CAF, Pablo Sanguinetti, presentó el estudio, expuso recomendaciones para combatir la corrupción en el continente y llamó a no subestimar las consecuencias de este problema sobre el desarrollo.

En su glosa el informe define el problema de la Corrupción: “Además de comprometer la productividad y el crecimiento de las economías, también disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos, e incluso puede debilitar la confianza en las instituciones formales de gobierno. Una serie de casos descubiertos en años recientes ha motivado un resurgimiento del tema, y el combate a la corrupción es actualmente un punto central del debate público en América Latina. Con este reporte CAF busca aportar a la agenda de reformas en marcha para promover la integridad en las políticas públicas”.

El Director Corporativo de Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de la CAF, recalcando la importancia del tema para América Latina, mostró una encuesta que el organismo realizó en diversas ciudades del continente, concluyendo que el 51% de la población considera la corrupción el principal problema de Latinoamérica.

La exposición continuó con las recomendaciones del informe alineados en 4 puntos: mejoramiento del control y fiscalización en la función pública; rigurosidad en los filtros de entrada a la burocracia y a la política; mejor transparencia con ciudadanos vigilantes; y una examinación exhaustiva del sector privado.

Para finalizar, Sanguinetti destacó el aumento de fiscalizaciones sobre los funcionarios públicos y llamó a equilibrarla con una mayor independencia laboral.

“…es valioso que los funcionarios públicos tengan cierta autonomía en las decisiones que toman en distintas circunstancias”, dijo; precisando, “hay que darles la libertad para adaptarse, lo que no tenemos que darles es impunidad, ex post tiene que haber un control de lo que dijo, en qué está gastando la plata y si efectivamente la está gastando”; finaliza, “la certeza de una posible auditoría motivará a no cometer irregularidades”.

Una mirada especializada

Alberto Precht

Luego de la presentación del informe se realizó un panel de comentarios, moderado por la periodista de La Tercera, Leslie Ayala. La mesa de debate estuvo compuesta por Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente; Trinidad Inostroza, consultora en contratación pública para el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Banco Mundial y exdirectora de ChileCompra; y Luis Cordero, Director de Espacio Público y profesor de Derecho Administrativo e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Alberto Precht felicitó que el informe innovara al ocupar una definición de corrupción extendida, entendiendo que: “la corrupción es el abuso de un poder (público) que se te entrega para conseguir un beneficio particular que va en contra del beneficio general”. Recalcó la necesidad de poner atención a cómo la corrupción mutaría en el futuro, donde la tecnología ocupará un papel fundamental; “sobre todo la tecnología relacionada a la burocracia y la desbancarización de la economía”, precisó, detallando que: “claramente el crimen organizado ya no está ocupando los bancos, están ocupando nuevas tecnologías o directamente, como lo hizo Odebretch, se compra su propio banco”.

El abogado de Chile Transparente añadió la necesidad de analizar la presencia de China en futuros casos, dado de que los legisladores actuales están acostumbrados a combatir una corrupción occidental, una corrupción con la Convención Interamericana contra la Corrupción y en China es distinto, tienen un approach distinto cuando hacen negocios.

Ejemplifica: “hace muy pocos días el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue a visitar al presidente chino; luego del encuentro publicó en su cuenta de Twitter que con mucha alegría había recibido dos regalos de China: un puente y un estadio; toda la gente celebraba, pero ignoran los sobornos de entrada para que se hicieran tales trabajos”.

Trinidad Inostroza

Trinidad Inostroza centró el foco de su exposición en las compras públicas, donde considera que hay varios riesgos de corrupción, sugiriendo como solución un paquete de medidas: “un mercado abierto, donde puedan participar distintas empresas; mayor integridad; participación de la sociedad civil en las compras públicas; que la información se recoja y quede de forma estructurada para después mostrarla; profesionalización de todos los funcionarios”; y concluye que todo lo anterior no funciona sin gobernanza.

La exdirectora de ChileCompra destacó además el ejemplo de las veedurías ciudadanas en Perú, donde la sociedad civil fiscaliza no sólo la obtención de un contrato público por parte de una empresa sino que también la realización del proyecto, gracias a capacitaciones hechas por la Contraloría General peruana, volviéndose una especie de pseudo inspectores gubernamentales.

Luis Cordero señaló que la existencia de empleos precarios en el sector público —uno de los puntos del informe— son un factor de riesgo gravísimo, relacionándolo con el fenómeno de la preponderancia de empleos a contrata de funcionarios públicos chilenos.

Para Cordero, “el efecto de los empleos a contrata es primero, que sus ingresos no están regulados y en segundo lugar, se transforman en un régimen de plantas paralelas”; concluye, que los empleos precarios tienen un fuerte incentivos al patronazgo.

Frente al escenario anterior, comentó que cuatro instituciones de distinta orientación —Chile 21, CEP, Espacio Público y Libertad Desarrollo— hicieron una propuesta de reforma al empleo público, donde se acordó que los funcionarios públicos debían tener un régimen de carrera; había que suprimir los empleos transitorios; y pasar a ser empleados del Estado y no de un servicio público

“¿Por qué es esto relevante? Porque aquí tenemos una bomba de tiempo en términos de corrupción y esa bomba sigue creciendo todo los días. Fíjense en la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, se reveló de que el 36% de los funcionarios dicen de que su primer empleo fue por amiguismo o por un conocido; incluso, hay algunos que consideran que ese porcentaje está subdeclarado”, argumentó Cordero.

Luis Cordero

El abogado se centró también en la complejidad de investigar delitos de corrupción señalando que: “El Ministerio Público tiene en general problemas de resultado en delitos complejos porque requieren de mucho tiempo de investigación, información, son muchos recursos, pero aun así, si llegan ha llevar esos asuntos a tribunales, como por ejemplo el Caso Basura, tribunales considera que no se cumple el estándar probatorio adecuado, y ahí tenemos el problema, porque pierden potencia los informes de auditoría y Contraloría”.

Para solucionar este problema cree que no sólo se debe fortalecer al Ministerio Público sino también revisar temas procesales como la validación de la prueba que está vinculado a este tipo de delitos.

Cordero finalizó señalando la importancia de la figura del beneficiario final, “podemos tener buenas regulaciones de conflictos de interés, pero si no sabemos quién termina siendo el beneficiario final, termina siendo un desuso”.

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