Defensoría Penal Pública de Chile busca nuevos defensores

La Defensoría Penal Pública de Chile anunció que el miércoles 26 de octubre aplicará, a nivel nacional y de manera presencial, un examen para que abogadas y abogados puedan desempeñarse como defensores penales públicos, ya sea postulando a las licitaciones del servicio o bien integrando las nóminas de reemplazos de las empresas o instituciones licitadas que lo prestan.

Estas pruebas, que se aplican dos veces al año, pueden ser rendidas por abogados o personas egresadas de Derecho con carpeta abierta en la Corte Suprema.

Cada región contará con una sede de rendición del test, que estará dividido en dos partes: a las 14:30 se realizará la prueba habilitante de defensa general y a las 17:00 horas la habilitante en defensa penitenciaria.

La inscripción ante la Defensoría es obligatoria y deben acreditarse datos relativos a los estudios o la región en la que vive el postulante, entre otros. El plazo para realizarlo es hasta el miércoles 12 de octubre, no aceptarán solicitudes posteriores.

Para más información consulta al Centro de Contacto de Defensoras y Defensores (CDC) en el siguiente enlace.

Defensor Nacional y aumento de la prisión preventiva

El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, se refirió el 9 de agosto a las cifras entregadas por Gendarmería que dan cuenta de un aumento de un 16,1 % respecto a personas en prisión preventiva durante los últimos doce años, afirmando que el uso de la máxima de las cautelares va en sentido contrario a lo establecido por tribunales internacionales.

“El único efecto constatable de las modificaciones legales, ha sido la sobrepoblación de nuestras cárceles, profundizando las inhumanas condiciones penitenciarias y el aumento de los ‘presos sin condena’, quienes llegan a un juicio después de meses e incluso, años”, recalcó la autoridad.

De acuerdo a los datos dados a conocer por Gendarmería de Chile, entre 2010 y el primer semestre del 2022, las personas que cumplen con la medida cautelar más gravosa crecieron un 16,1 %, detallando que, del total de privados de libertad, un 37,3 % corresponde a personas imputadas por un delito.

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