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Internacional

Reformas judiciales en Latinoamérica: actualízate

Del 26 al 28 de octubre, en la Universidad de Río de Janeiro, tendrá lugar un amplio encuentro internacional para discutir en qué están los procesos reformistas a la justicia, tomando en cuenta a la ciudadanía. No basta rapidez y transparencia. Si te interesan la justicia y las políticas públicas, inscríbete.

21 Octubre, 2016 Comparte en:
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reformas judicialesCEJA

A mediados de los 90 y con mayor fuerza a partir del año 2000, distintos países latinoamericanos emprendieron importantes reformas judiciales en variados ámbitos del derecho, sobresaliendo los casos de la Reforma Procesal Penal en Chile, que después continúo con la justicia de familia, y de cobranza laboral y previsional.

Sin embargo, no todos los países mostraron avances sustantivos e iguales de sus sistemas procesales y códigos. Algunos, dicen los expertos, sólo lograron actualizar su normativa o procesos —en la mayoría escriturados y engorrosos— por una justicia verbalizada y más abierta a la ciudadanía, pero sin llegar a entender que se trataba de una política completa y compleja.

Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), conocedor en profundidad de los avances y desafíos que significan para la región el proceso de reformas judiciales, señala que en la actualidad “el panorama es muy variado” y que en muchos casos la “modernización fue normativa, pero no integrada y entendida como una política transversal de Estado”.

Justamente, del 26 al 28 de octubre, este Centro de Estudios convocó a un amplio encuentro internacional en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, en que se busca conocer y discutir en qué están las reformas judiciales en el continente, desde una mirada de la sociedad civil, representada por reputadas organizaciones no gubernamentales (ONG).

El panorama y necesidades

Adelanta Arellano que México, por ejemplo, ha cumplido formalmente con los plazos reformistas de su justicia, pero que son aún muy distantes de acuerdo al Estado en donde se implementan. En otros países, como Uruguay, se avanza, pero faltan los apoyos económicos.

“Unos están muy capacitados, otros bien instalados o con buena infraestructura, pero la variedad es clara. Por ejemplo, en Uruguay que es el último país que le falta instalar una reforma procesal penal, ya tiene un Código procesal aprobado, pero no avanza porque tiene problemas presupuestarios. Ha habido mucha cooperación, pero no los presupuestos básicos”, ejemplifica.

Otro caso es Perú, explica Arellano, que ha avanzado en la instalación de una nueva justicia penal en varios distritos, pero no en la capital, Lima. La esperanza es que se tome la decisión de hacerlo”, expone.

Una cosa que preocupa al director ejecutivo de CEJA es que se ha detectado que la mayoría de las reformas judiciales ha sido llevada adelante por operadores, abogados y connotados profesionales del derecho, pero dejando de lado —explica— las reales necesidades de la población.

“Una cosa es construir una reforma entre operadores y técnicos, pero otras es entender las necesidades que en materia de justicia tiene la ciudadanía. No basta preguntarse cómo lo hacemos para hacer procesos más rápidos y transparentes, sino que también, cuáles son los conflictos que requieren atención judicial. Sólo conocemos la punta del iceberg, ya que todo no se soluciona en sede judicial, y en eso tenemos que ser inmensamente proactivos”, indicó.

Toda la información sobre esta actividad la encuentras en: www.cejamericas.org

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