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Internacional

Fiscales de Brasil ven amenazada su independencia

Durante la jornada de hoy en la Conferencia Anual de la IAP, persecutores de ese país solicitaron apoyo de la Federación Latinoamericana frente a la Ley Federal 13.869, de 5 de septiembre de 2019, sobre Abuso de Autoridad, que podría implicar hasta 4 años de cárcel por abrir una investigación o iniciar la persecución penal de una persona que después sea considerada inocente.

17 Septiembre, 2019 Comparte en:
Manuel PinheiroIdealex.press
Sofía Martin, desde Buenos Aires

La Conferencia Anual de la International Association of Prosecutors 2019, que comenzó ayer y finaliza el jueves 19 de septiembre, había transcurrido de manera cordial, técnica y muy fluida, hasta que en el último workshop de la tarde de hoy —Forum for Associations of prosecutors. Security and Independence”— la contingencia se hizo presente y las tensiones entre el mundo político y el de la persecución criminal mostraron una realidad que fuera de ese panel apenas había sido mencionada.

Auqnue no se encontraba en el programa, atendida la relevancia del tema, se hizo un espacio en mitad de las exposiciones para que Manuel Pinheiro, fiscal brasileño y actual Vicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales leyera una carta pública, dirigida a Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien no pudo asistir a la conferencia.

Tras las ponencias de Susana Pernas y María Fernanda Poggi, ambas enfocadas en los presupuestos y amenazas a la independencia y seguridad de los fiscales en Latinoamérica, Pinheiro criticó la Ley de Abuso de Autoridad en Brasil, de acuerdo a la cual, bastaría 1 solo caso aislado de falta de motivación o apenas 1 error en el análisis de las evidencias preliminares antes de abrir una investigación o un proceso, para que el fiscal esté en riesgo de perder su puesto y ser condenado a una pena de hasta 4 años de prisión.

La nueva redacción ha sido considerada una reacción política contra el caso LavaJato y otras investigaciones del mismo tenor, pues, en palabras del fiscal se crearon “tipos penales que utilizan cláusulas excesivamente vagas para definir a las conductas que implican en abuso de autoridad, lo que genera una situación de enorme inseguridad para los fiscales que se ocupan de investigaciones y procesos de gran complejidad, especialmente los que combaten a la corrupción y otros delitos cometidos por organizaciones criminales”.

Lee el texto de la carta, que reproducimos a continuación.

Excelentísimo Señor DIEGO GARCÍA-SAYÁN
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados

Señor Relator,

La “Associação Nacional dos Membros do Ministério Público” (CONAMP), entidad que congrega y representa 14.000 miembros del Ministerio Público en Brasil, viene a la presencia de Vuestra Excelencia, con fundamento en el artículo 4 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales (La Habana, 1990) y con el apoyo de las asociaciones de fiscales abajo nombradas, pedir la intervención de su mandato para impedir un grave atentado a la independencia de los fiscales brasileños, consistente en la nueva redacción que la Ley Federal 13.869, de 5 de septiembre del 2019, ha dado a la Ley de Abuso de Autoridad.

El texto recién aprobado por el Parlamento Federal y sancionado con vetos parciales por el Presidente de la República de Brasil ha creado tipos penales que utilizan cláusulas excesivamente vagas para definir a las conductas que implican en abuso de autoridad, lo que genera una situación de enorme inseguridad para los fiscales que se ocupan de investigaciones y procesos de gran complejidad, especialmente de los que combaten a la corrupción y otros delitos cometidos por organizaciones criminales.

De que se mantenga la nueva redacción de la Ley de Abuso de Autoridad, los fiscales brasileños estarán en permanente amenaza de perder sus puestos e incluso sus libertades, bajo acusación de abuso de autoridad, simplemente por determinar la apertura de una investigación o iniciar la persecución penal en desfavor de alguien que después se venga a considerar inocente.

Todos los días miles de fiscales en Brasil determinan a la policía la apertura de investigaciones y presentan acusaciones ante la jurisdicción criminal contra personas que al momento parecen ser culpables pero que podrán ser consideradas inocentes en el juicio futuro. Esta es una situación absolutamente normal en la labor cotidiana de los fiscales, no sólo en Brasil sino en todas las demás jurisdicciones alrededor del mundo, puesto que no se exige la certeza de la culpa al comienzo de una investigación o de una persecución sino en el momento de que se emite una sentencia condenatoria.

Es cierto que la Constitución Federal de Brasil exige que todos los actos practicados por jueces y fiscales sean debidamente motivados (Artículos 93, IX y 129, Par. 4) y también que la violación de este deber funcionario justifica la aplicación de sanciones. Sin embargo, en el régimen creado por la nueva redacción de la Ley de Abuso de Autoridad en Brasil, apenas UN caso aislado de falta de motivación o apenas UN error en el análisis de las evidencias preliminares antes de abrir una investigación o un proceso contra alguien pueden causar para un fiscal la pérdida del puesto (artículo 4, III) y hasta 4 años en prisión (artículo 27), lo que es absolutamente DESPROPORCIONAL.

Las Directrices sobre la Función de los Fiscales, que fueron aprobadas en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, establecen en su apartado 4 que “Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole”.

Considerando que la nueva redacción de la Ley de Abuso de Autoridad de Brasil ha impuesto sanciones desproporcionales que crean un riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad penal para los fiscales, la CONAMP y las asociaciones que firman este documento vienen a solicitar que Vuestra Excelencia haga una visita a las autoridades brasileñas para enterarse de los términos de la nueva ley y, conforme su prudente evaluación, emita una declaración pública sobre las consecuencias negativas del cambio legislativo para la garantía de independencia de los miembros del Ministerio Público de Brasil, con fundamento en el artículo 4 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales.

Durante la 24° Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fiscales, en Buenos Aires (Argentina), firmamos:

Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto (Presidente de la CONAMP)
Luis Jorge Cevasco (Presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales)
Manuel Pinheiro Freitas (Vicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales)
Marcelo Varona Quintián (Presidente de la Asociación Argentina de Fiscales)

Se añade las firmas de los presidentes de las Asociaciones de cada país miembro de la Federación

 
Lee aquí una nota en diario Clarín, de agosto pasado, con el análisis de las diversas posturas que generó la normativa.

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