Lo que el Covid-19 y el open data deberían enseñarnos

Sergio Vega-León

La transparencia en la información nos ayuda a mejorar como sociedad, permite predecir comportamientos, prevenir catástrofes y administrar recursos eficientemente. Nos educa e incentiva para ser innovadores. Una gestión pública que comparte información estadística relevante sobre su actuación -data- tiene un impacto positivo en la ciudadanía que accede a ella, la audita y puede incluso procesarla, elevando el nivel de accountability de nuestras instituciones. Las autoridades tributarias no son ajenas a estos conceptos.

Una demostración del beneficio de que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía datos abiertos puede observarse en el caso de la publicación de información estadística oficial relativa al avance de la pandemia generada por el COVID-19. Como resultado, en los últimos meses se han publicado interesantes aportes en redes y otros medios de comunicación acerca de, por ejemplo, cuánto nos falta para llegar a la inmunidad del rebaño o sobre las medidas que deben implementarse para reducir el índice de contagio. Estos aportes no se basan en un análisis cualitativo de la situación, sino en uno de índole cuantitativa gracias al open data del Estado.

En lo que respecta a la gestión a cargo de nuestras autoridades tributarias, en el Perú queda un largo camino por recorrer. A la fecha, no existe información oficial disponible publicada en los portales de la SUNAT, del Tribunal Fiscal ni del MEF, relativa al número de fiscalizaciones practicadas por año, el sector al que pertenece el contribuyente auditado y los tributos acotados; ni respecto de los plazos reales de resolución de impugnaciones; ni al monto o porcentaje de deudas mantenidas o reducidas por el órgano que encargado de resolver.

Tales indicadores corresponden a información estadística que está en poder del Estado y respecto de la cual los particulares estamos en total derecho a obtener, de manera simple y oportuna, pero también detallada, tal como ocurre con la data del COVID-19.

Consideramos que, sin atentar contra el derecho constitucional a la reserva tributaria, la publicación de datos abiertos tributarios haría más eficientes a los contribuyentes y también a la Administración Tributaria.

En la práctica, muchos clientes en su intento de anticipar el resultado de una potencial controversia tributaria contratan asesores legales para que, en base a su experiencia, les brinden información acerca de cuándo y cómo se resolverían sus casos. Naturalmente, la respuesta del asesor podría encontrarse plagada de subjetividades y el resultado pronosticado podría nunca ocurrir en la práctica. Un análisis cuantitativo de la situación basado en el open data de las autoridades tributarias reduciría el margen de error en estos casos.

Si los contribuyentes tuvieran pleno acceso a la data directamente de la fuente estatal que la genera, podría decidir eficientemente a la defensa de qué causas van a destinar sus recursos, considerando factores tales como la probabilidad de éxito del caso y el tiempo que se debe invertir para obtener un resultado. Ello, además, reduciría la carga administrativa de las autoridades tributarias.

En los últimos años la Administración Tributaria de Perú ha invertido recursos para contratar expertos en el manejo de Big Data, con el propósito de monitorear el comportamiento de los contribuyentes y detectar casos de posible evasión tributaria; así como para prepararse para el intercambio automático de información tributaria y financiera entre administraciones a nivel internacional. Su objetivo: aumentar la recaudación tributaria.

Dicha información generará estadística que, junto con el resto de data disponible, debería obligar a la Administración Tributaria a rendir cuentas a la ciudadanía acerca de cuáles son los sectores que no forman parte de la base tributaria y qué medidas se tomarán en los próximos años para formalizar a la parte de la economía no bancarizada. La recaudación debería aumentar como resultado de ampliar la base de contribuyentes, y la consecuente reducción del dramático nivel de informalidad actual.

Como todo gran poder, el manejo de Big Data de los contribuyentes implica una gran responsabilidad para la Administración Tributaria, pues con ello elevaría su nivel de accountability, procurando el balance de poder entre el fisco y el contribuyente. No debe ocurrir que mientras el primero continúa fortaleciéndose para fiscalizar eficientemente a una parte de la economía, el segundo siga sin acceder fácilmente a información relevante acerca del comportamiento de la Administración frente al sector privado.

La colaboración Estado-contribuyente debe ser mutua para lograr el fortalecimiento institucional y el aumento de la confianza tan necesarios en tiempos de crisis -y en los de auge, también-. Los datos abiertos tributarios podrían ser una pieza clave para alcanzar estos objetivos, como ocurre en el caso de la lucha contra el COVID-19. Quizá con esto una porción más grande del rebaño llegue a formar parte de la base tributaria.
 
*Sergio Vega-León es socio de Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados, boutique tributaria legal.