Diálogo y justicia colaborativa como derecho constitucional

Chile experimenta la complejidad de un proceso constituyente que intenta dar una solución satisfactoria y pacífica a las demandas sociales involucradas en el estallido social de 2019. Este proceso no ha estado exento de dificultades pues nuestras interacciones sociales actuales se desarrollan en un contexto polarizado donde prima la desconfianza entre los ciudadanos. Podemos ver que en nuestra cotidianidad existe dificultad de respetar las diferencias, escuchar y dialogar. No es extraño, en estas circunstancias, que predomine la competencia, la confrontación y la imposición más que la empatía, el reconocimiento y el apoyo mutuo.

Varinia Penco

Existe hoy una insuficiencia de instancias institucionales favorecedoras de encuentro y diálogo y, asimismo, insuficiencia de institucionalidad que fomente prevención y adecuada gestión de conflictos, y que garantice acceso a justicia colaborativa y restaurativa. En múltiples áreas han existido programas pilotos como centros de justicia o proyectos de mediación comunitaria comunal que, no obstante obtener buenos resultados, dejan de existir por cambio de una Administración a otra.

Como resultado, actualmente existe una altísima litigiosidad en Chile —con consecuente enorme gasto estatal—, que satura o sobrepasa la capacidad de respuesta de los tribunales, comprometiéndose así el derecho de acceso a justicia expedita y eficiente. A lo anterior se suman consecuencias indeseables de un juicio, en cuanto a aumento de diferencias por aplicación de una lógica de ganar-perder que, en lugar de contribuir a una convivencia pacífica, intensifica aún más el conflicto y daña las relaciones. La fórmula jurisdiccional refuerza la lógica vertical heterónoma de solución, atávicamente instalada en nuestra idiosincrasia desde la época colonial, donde la responsabilidad de la decisión de los conflictos es entregada a una autoridad que dicta resoluciones que se perciben como ajenas por las partes.

Karen Quintanilla

Es indispensable, para propender a la cohesión social y evitar escalada de conflictos como la que detonó en el reciente “estallido social”, fortalecer las bases de una convivencia respetuosa forjada en educación para el diálogo y la paz, con aprendizaje de herramientas adecuadas. Frente a este escenario nos preguntamos ¿Es posible como sociedad pasar de la confrontación a la colaboración, de la imposición a la empatía, respeto y reconocimiento? ¿Debe el Estado tener un rol en el cambio de paradigma que como sociedad deseamos tener? Observamos conceptos como la “Paz Nórdica”, desarrollada en dicha región europea, donde existe un legado de más de 200 años en resolución de conflictos internos a través de medios pacíficos, que son reconocidos mundialmente y anhelados por países que buscan tener una sociedad cohesionada, democrática y participativa.

El Estado debiera promover una cultura de diálogo y educación para la paz a través de políticas públicas que fortalezcan la formación de los futuros ciudadanos incluyendo, como parte del currículum educativo, en forma transversal y continua, educación, aprendizaje y desarrollo de habilidades y métodos para la gestión colaborativa de conflictos y diferencias en la convivencia. Asimismo, debiera propiciar posibilidades e instancias de encuentro, favorecer el diálogo democrático y la participación responsable, y contar con verdadera disponibilidad de alternativas colaborativas en la gestión y solución de disputas que permita hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y a un acceso expedito y adecuado a justicia efectiva, tanto jurisdiccional como colaborativa y restaurativa.

La necesidad de expresión, diálogo y participación de la población es perentoria. Se ha manifestado, por ejemplo, en instancias autoconvocadas como cabildos comunales, profesionales, etc. y en creación de instancias provenientes de la sociedad civil tales como el valioso programa de diálogo social: “Tenemos que hablar de Chile”, elaborado en conjunto por la U. de Chile y la PUC.

En el mismo sentido también la comunidad mediadora, convocada por el Colegio de Mediadores de Chile, se reunió en encuentros nacionales, en instancias de reflexión y debate. Los planteamientos registrados se tradujeron en propuestas normativas que pueden ser examinadas en este enlace. Estas propuestas se han presentado a la Convención Constitucional por diferentes vías. Una de ellas fue la Iniciativa Popular de Norma N°26330: “Diálogo, No-violencia, justicia colaborativa y mediación: Un derecho constitucional”, presentada a la Comisión de Derechos Fundamentales, que contiene parte de la propuesta. Lo anterior para que también en nuestra normativa, con rango constitucional, se incorporen métodos alternativos de resolución de conflictos, como ya ha ocurrido en México, Cuba, Ecuador, Argentina, Colombia, y otros países.

Nuestra propuesta es concordante con otras que se han presentado en Chile sobre la materia, como la formulada por el Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, denominada “Justicia ciudadana. Centros ciudadanos de Justicia”; también con propuestas que en Comisión de Justicia de la Convención Constitucional aparecen bajo los numerales 90, 97, 98, 226, 233 y otras afines.

Pensar en un Chile distinto es posible. Un Estado que prevea, propicie y promueva mecanismos de información y participación, prevención y resolución colaborativa de disputas en las diversas áreas. Un país que invierta en convivencia y en educación para la paz. Un país donde las personas cuenten con herramientas comunicacionales que permitan que el diálogo sea la forma preferente para abordar las diferencias y los ciudadanos puedan escoger informadamente la forma adecuada para resolver sus disputas según cada caso en particular y en donde la judicialización sea la última opción.

 
Varinia Penco Retamal es presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, Magister en Mediación y Familia de la U. de los Andes, con diplomas en Negociación y Gestión de Conflictos (U. Católica de Valparaíso) y en Biología del Conocer y la Comunicación Humana (U. de Chile). Es socia fundadora de Concordia Mediación.

Karen Quintanilla Ponce es
abogada y mediadora. Es parte de la directiva del Colegio de Mediadores de Chile; fue académica de mediación en la Facultad de Derecho de la U. del Mar y profesora guía de tesis. Tiene más de 15 años de experiencia en mediación, con 4 mil causas que llagaron a acuerdo.

 
También te puede interesar:
— Asistencia judicial chilena apuesta por la mediación y arbitrajes civiles
— Mediación y reparación: los rostros alternativos de la justicia