Se debate en Chile la colegiatura obligatoria para la abogacía

Pese a que el primer intento constituyente en Chile terminó con la ciudadanía votando masivamente por el rechazo, las esquirlas que dejó el proceso han avivado interesantes debates dentro de la sociedad, de cara a un segundo round constituyente. Sin embargo, algunas de estas conversaciones han escapado de la arena constitucional para ser recogidas por otros organismos, como es el caso de la colegiatura obligatoria para la abogacía.

La colegiatura obligatoria para algunas profesiones fue una propuesta diseñada por el Consejo del Colegio de Abogados de Chile en mayo de 2021. El “Acuerdo Colegiatura Obligatoria” apuntaba a la necesidad de ajustar las actuaciones legales a normas éticas esenciales, lo que sería asegurado a través de la asociación obligatoria a órganos colegiados. Incluso en su origen, la propuesta tuvo detractores.

Tras dos años transcurridos desde la elaboración del documento, este 25 de julio se llevó a cabo la presentación de “¿Colegiatura obligatoria para la abogacía?”, compendio realizado por los académicos de la Universidad de Chile, Ximena Insunza y Álvaro Anríquez, que recoge parte del debate surgido en torno a este tema. ¿Debe el abogado colegiarse obligatoriamente por el bien del Derecho? Esa es la pregunta que deja este libro y sobre la cual los invitados plantearon sus puntos.

Diversidad de posturas

El evento de presentación estuvo a cargo de sus propios autores. Ximena Insunza fue la moderadora de la instancia, la que contó con los comentarios de Héctor Humeres, ex presidente del Colegio de Abogados, Carolina Araya, vicepresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Chile, y Lucas Sierra, profesor de la Facultad de Derecho Uchile, quienes aprovecharon de plantear sus puntos de vista respecto al tema.

Misma opción tomó el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, quién dió las palabras de bienvenida para el evento. El especialista en derecho constitucional alabó el trabajo recopilatorio realizado por los autores, al mismo tiempo que puso en la palestra la adhesión con la que cuentan los órganos colegiados jurídicos. “Uno podría preguntarse cuántas personas de las aquí presentes están afiliadas al Colegio de Abogados pero la verdad es que la colegiatura, hoy, entiendo no sobrepasa el 10% de los profesionales del país. Personalmente pienso que esto no es bueno y que tampoco es bueno que haya una obligatoriedad de asociarse, pero son dilemas abierto”, señaló.

Ruiz-Tagle puso de manifiesto las posturas y los fundamentos que surgieron tras el documento desarrollado en el año 2021. “Algunos se manifestaron a favor de la colegiatura obligatoria, argumentando la necesidad del control de la práctica y de los principios éticos”, indicó el decano, agregando que los detractores a esta medida basaron sus argumentos en el derecho a la libre asociación y a la libertad de trabajo, lo que, en palabras de Ruiz-Tagle, “demuestra una vez más el pluralismo y diversidad de nuestra facultad”.

¿Cómo han resuelto este tema otros países?

Héctor Humeres, presidente del Colegio entre 2019 y 2021, fue el primero en comentar “¿Colegiatura obligatoria para la abogacía?”. No obstante, Humeres quiso partir planteando lo gravitante de la ética para los abogados, punto que motivó la propuesta constitucional de 2021.

“Somos responsables de una posición social privilegiada, por lo que el saber jurídico implica, y somos devengadores de un poder que nos da ese saber jurídico especializado ya que tenemos la reserva de su aplicación”, señaló el especialista en derecho laboral. Humeres planteo lo imperativo de establecer reglas y normativas que resguarden el compromiso con la moral y la ética, teniendo presente el servicio público que cumple el abogado.

Para los letrados, la tuición ética siempre ha sido una razón primordial para asociarse al Colegio, aseguró Humeres. El ex presidente de la Orden aprovechó de recordar la vía de regulación ética fijada en 1948, criticando la efectividad de ésta, lo que cambió el año 2011 con la creación de la Oficina de Reclamos, la que conllevó un alto costo para la institución, pero que “constituyó un avance notable en materia de procedimiento y resguardo para los derechos de los abogados colegiados que fueran sometidos a proceso”, indicó Humeres.

Sobre la obligatoriedad de la colegiatura para abogados, Humeres se mostró a favor, mencionando que los sistemas que han servido de orientación en la formación del modelo chileno cuentan con esta medida entre sus regulaciones. “En todos los países del mundo, con la excepción de Malta y algunos estados de Estados Unidos de América, la tuición ética se encontraba a cargo de los colegios profesionales de abogados, sin que se estimase que ello implicaba una contradicción con la libertad de asociación”, mencionó, aclarando además que la propuesta no buscaba monopolizar la colegiatura en una sola institución.

Construyendo el camino para la obligatoriedad

“La colegiatura obligatoria es un paso necesario, pero se requiere un trabajo previo para ello”, aseveró Carolina Araya, vicepresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Chile. En sus minutos, Araya también tomó postura a favor de la colegiatura obligatoria, resaltando, eso sí, la falta de interés que ve por parte de sus colegas a la hora de asociarse.

Desde 1981, únicamente los afiliados a alguna gremial han estado sujetos al control ético. Sobre esto, Araya afirmó que “hay un gran universo de abogados respecto de los cuales no tenemos acceso a que se sometan a algún tipo de control ético, lo que va en contra del objetivo final: la dignidad de la profesión del abogado”, apostando por desarrollar estrategias unificadas para aumentar el número de colegiados.

Araya también puso de manifiesto otro motivo de renuencia para la colegiatura obligatoria: la libertad de asociación. “Si entendemos que nuestra función es una función pública, la libertad de asociación no tendría por qué pugnar con la colegiatura obligatoria”, aseguró la vicepresidenta federativa, agregando que es necesario fijar normas claras y entender la diversidad territorial y de necesidades de los abogados a lo largo de Chile antes de imponer esta obligación.

Además, la abogada aseguró que otro punto que genera escozor a la hora de abrazar la obligatoriedad guarda relación con la asunción de posturas políticas del Colegio. Al respecto, Araya dijo que la politización “genera muchas veces que la gente no quiera afiliarse para no tener que adherir a un cierto sector político o el miedo más importante de que la politización haga que los intereses de los colegios vayan por sobre el interés general en algo tan relevante como es el control ético”, un punto que también guarda relación con la orgánica institucional.

Institucionalidad y control ético

“No creo que los derechos sean absolutos. Todos los derechos tienen excepciones, lo importante es que las excepciones sean justificadas y sean razonables y por ley”, afirmó Lucas Sierra, académico de la Universidad de Chile. Sobrepasando la discusión de los derechos y obligaciones de los abogados, Sierra puso de relieve cómo sería la orgánica para un gremio que con la obligatoriedad alcanzaría —según sus cifras— los 45.000 integrantes.

“Si se impone la colegiatura obligatoria hay que pensar en una institución que sería tanto o más grande que el más grande de los partidos políticos chilenos. ¿Cómo debería ser el gobierno corporativo de ese nuevo ente gremial?”, planteó Sierra, agregando que la política podría distorsionar los intereses del órgano gremial, afectando también al control ético de la praxis.

En ese sentido, Sierra se mostró a favor de los planteamiento que los profesores Julian López y Álvaro Anríquez desarrollan en “¿Colegiatura obligatoria para la abogacía?”, quienes apelan a una separación entre el control ético y el gobierno corporativo del Colegio, dejando esto en materia legal y no constitucional como la propuesta de 2021. “Sería bueno que quienes proponen que la ley restablezca esa obligatoriedad vayan avanzando algunas ideas para darle forma institucional a ese Partido Comunista”, agregó Sierra.

¿Cuántos abogados hay en Chile?

A lo largo de la presentación, la mayoría de los exponentes se mostró a favor de la idea de obligatoriedad, pero hubo un punto que generó un debate inesperado. Una cifra sobre la cual no existe claridad es la cantidad de abogados existentes en Chile, lo que conlleva que no existan certezas sobre los porcentajes de asociados a algún colegio.

En las últimas décadas la carrera de Derecho se ha masificado, lo que ha diversificado el perfil de los abogados de ese país y ha generado diferentes posturas frente a si colegiarse o no. “Nosotros, cuando salíamos de la escuela, de esta escuela particularmente, íbamos a la corte y jurábamos. No dudábamos ni un minuto en cruzar la vereda y pasar a afiliarnos al colegio”, recordó el profesor Humeres, algo que ha cambiado con el pasar del tiempo.

Si bien el profesor Sierra indicó que la cantidad de abogados en Chile alcanza las 45.000 personas, consultamos a la secretaría del Colegio de Abogados de Chile para corroborar esta cifra, encontrándonos con que sus números indican un total de 65.000 abogados a lo largo del país. Sobre el porcentaje de colegiatura, algunos expositores indicaban un 30%, otros un 10%, mientras que la cifra que manejan desde el Colegio es de un 20%.

El universo no está definido, lo que dificulta aún más el poder tomar decisiones en esta materia. La única certeza que dejó la presentación de “¿Colegiatura obligatoria para la abogacía?” es que aún quedan capítulos por escribir en este debate sobre la colegiatura en Chile.

 
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