Los desafíos de las clínicas jurídicas en Latinoamérica

A inicios de junio, la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile logró conseguir una sentencia condenatoria de 17 años de presidio mayor en su grado máximo para un hombre por el delito de homicidio, ocurrido en julio de 2020.

La clínica tomó el caso ese año, representando a la madre de la mujer que fue víctima del hecho, asistiendo a todas las audiencias realizadas en el proceso penal, incluido el juicio oral, con la participación de estudiantes que cursaban la asignatura en aquel periodo.

Actualmente, la Clínica de Interés Público de esa Facultad de Derecho es dirigida por el profesor y abogado penalista Marcelo Oyharçabal, quien comenta que el espacio funciona con un curso semestral en el cual los estudiantes, guiados por él y algunos ayudantes, participan en las tareas necesarias para avanzar en el caso, dependiendo de la etapa en la que se encuentre.

“Los estudiantes van cambiando por semestre; ellos llegaron, estudiaron los antecedentes del caso y tomaron acciones dependiendo de cuán avanzado se encontraba el proceso. Hubo estudiantes que fueron muy relevantes en la etapa de investigación, que se dieron cuenta de que se podían pedir ciertas diligencias, como pruebas de ADN u otras, para determinar la presencia de violencia sexual. Eventualmente, asistieron a las audiencias orales acompañados de un ayudante o profesor que tuviese título de abogado, donde apoyaron con la preparación de preguntas a testigos y en la toma de apuntes de lo hablado en la audiencia”, cuenta Oyharçabal.

El profesor destaca que unos 8 a 10 estudiantes rotaron durante todo el proceso del caso de homicidio, lo que implicaba que cada vez que llegaba un nuevo estudiante, tenía que ponerse al día sobre el caso y en qué etapa del proceso penal se encontraba: “A pesar de ello, el compromiso con el caso fue total. Los dos estudiantes a cargo del caso este primer semestre de 2024 asistieron a las audiencias hasta el punto que pidieron autorización en otros ramos de la escuela para no asistir y poder ir al juicio”.

Oyharçabal señala que si bien el cambio constante de estudiantes puede dificultar el proceso penal, la clínica cuenta con mecanismos para mantener un caso a flote en caso de que existan problemas: “Hay ayudantes que están siempre al tanto, dado que no siempre hay estudiantes asignados al caso, pero alguien se tiene que hacer responsable en los procesos, ya que si nadie acusa particular a una solicitud del Ministerio Público dentro del plazo, se declara abandonada la acción, por lo tanto, hay que estar atento. El tema es lograr coordinar al punto que no existan espacios vacíos donde puede haber una indefensión de la representada y eso en este caso no sucedió”.

Para muchos miembros de la academia en Latinoamérica, las clínicas jurídicas cumplen un doble objetivo: la formación de abogados por medio de la práctica y la contribución en reducir las brechas de acceso a la justicia. Casos como la sentencia obtenida por la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile demuestra la posibilidad de obtener justicia con este mecanismo. Pero ¿qué tan consciente es la población civil de las clínicas como opción?

Una alternativa poco conocida

“Creo que todavía nos falta trabajar en un proceso de visibilización de las clínicas. Nosotros nos dimos cuenta de que nuestra labor no podía quedarse en un salón de clases, en informes, tenemos que difundirlo, visibilizarlo y darlo a conocer. Debe haber una estrategia de comunicaciones, ¿cómo lo difundimos, hacemos un evento, un boletín que llegue al ciudadano sobre nuestro trabajo, creamos redes sociales donde podemos publicar en lo que estaba trabajando el estudiante? Cuando hemos tenido reuniones con colectivos, sobre todo de comunidades vulnerables, es necesario que ellos entiendan bien que hace una clínica, que se enmarca en un proceso de aprendizaje y los estudiantes no es que aprendan de la noche a la mañana, necesitas un espacio de revisión, de feedback, de análisis y de investigación”, comenta Andrea Domínguez, docente de la Universidad Católica del Perú (PUCP) del curso de Clínica Jurídica Ambiental.

Marcelo Oyharçabal concuerda con Domínguez respecto de la importancia de que exista una transparencia con los representados en cuanto a que la enseñanza clínica supone el trabajo de alumnos en los casos, con todo lo que puede significar: “Las clínicas son un mecanismo más desconocido que la Corporación de Asistencia Judicial, de hecho a veces opera casi como de manera subsidiaria a ella. De todas formas, está reglamentado la forma de ingreso a las clínicas de un caso, con entrevistas donde se hace una evaluación de los medios económicos del representado y se informa detalladamente que habrá una rotación de alumnos que estarán viendo su situación”.

Tanto la Clínica Jurídica Ambiental de PUCP como la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile cuentan con años de experiencia, pero existen regiones donde la enseñanza clínica del Derecho no es una opción conocida. “Nuestra clínica partió en septiembre del año 2022 y es la primera clínica jurídica del país. A diferencia de lo que ocurre con la figura de los consultorios jurídicos, los cuales son regulados mediante la Ley N° 4775 de 21/06/1971 y tratan temas de derecho privado, las clínicas jurídicas, que abordan problemáticas de índole colectivo, no poseen una normativa que las ordene en este país”, dice Daniel Araya, coordinador de la Clínica Jurídica CIAD de la Universidad Fidélitas de Costa Rica.

Para Araya, el motivo de que no existan clínicas jurídicas en Costa Rica es la falta de una visión comparada y del interés en entender cómo se hacen las cosas en otras latitudes: “Efectuamos un análisis de las labores de las clínicas jurídicas, principalmente de las sudamericanas. Nos dimos a la tarea de acercarnos a ellas, de preguntar y establecer amistades. Esto fue medular durante el proceso de organización del proyecto. Otro factor es una especie de sedentarismo, de conformismo, que se traduce en universidades menos dinámicas y donde el factor de relevo generacional en la docencia es fundamental. Nuestra universidad se ha posicionado en los últimos años como una universidad moderna, que permite una apertura de parte de las autoridades universitarias para atender ideas y proyectos novedosos”.

Joaquín Chacín, profesor de la Clínica Jurídica de Derechos Colectivos “San Pablo”, de la Universidad Católica Boliviana, comenta que en Bolivia no hay una gran cantidad de clínicas jurídicas en las universidades y las pocas que existen son impulsadas por ONGs de manera independiente: “Hay un desconocimiento en la sociedad civil y académica en Bolivia sobre qué son las clínicas jurídicas y cuáles son las acciones y mecanismos que realizan. Si bien existe la materia de Clínica Jurídica en nuestra universidad y es financiada por la misma, todavía estamos en un proceso de consolidación y ahora estamos empezando a realzar el estudio de casos. No existe una tradición en el país en el ámbito de universidades, pero sí en el área de las ONGs”.

En Colombia, por otro lado, las clínicas jurídicas cuentan con mayor presencia en la conciencia de las personas como mecanismo disponible para el acceso a la justicia. “La gente está al tanto de que en las facultades de Derecho se ofrecen servicios jurídicos gratuitos para la población que lo requiere y que no tiene los recursos para acceder al sistema de justicia. Yo observo que valoran positivamente que los casos sean conducidos por la clínica, que exista un equipo de profesores y estudiantes detrás de los casos. Aprecian la presencia de los estudiantes con un olfato jurídico muy avanzado, que ayudan en la construcción de los acervos probatorios, pero también realizan una tarea pedagógica en transmitirles a las poblaciones con las que trabajamos los tipos de acciones que vamos a emprender para nivelar expectativas”, explica Joaquín Garzón, director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana.

Lina Muñoz, supervisora de la clínica jurídica “Grupo de Acciones Públicas” de la Universidad del Rosario, concuerda con Garzon sobre la visibilidad de las clínicas en Colombia: “Cada vez hay una mayor visibilidad del trabajo clínico en redes sociales y medios de comunicación, así como a través de eventos, seminarios y publicaciones. También el número de clínicas ha aumentado en los últimos años y eso amplifica su alcance y popularidad”.

La lucha por la legislación y el financiamiento

La Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, la Clínica Jurídica CIAD de la Universidad Fidélitas de Costa Rica, la Clínica Jurídica de Derechos Colectivos “San Pablo”, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio y “Grupo de Acciones Públicas” forman todas parte de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, creada en 2019, que busca promover el trabajo de las clínicas en el área del medioambiente e incentivar el nacimiento de ese tipo de organizaciones en diversas universidades de la región.

“La creación de este tipo de clínicas es un verdadero indicador para los Estados del cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Las situaciones son muy variadas, hay países que no tenían ninguna clínica ambiental y se han visto motivados por el trabajo de la Alianza, mientras que otros países todavía tienen clínicas muy jóvenes, recién formadas, con un conjunto de dificultades. Y en países como Chile tenemos 20 años de experiencia en el tema. No todas las facultades de Derecho tienen interés en fortalecer las clínicas”, dice María Nora González, directora de la Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos de la Universidad de Chile, que también forma parte de la alianza.

Para Nora González, es necesario que en las universidades latinoamericanas exista una comprensión de que la enseñanza clínica debe formar parte del currículo de la formación jurídica de los abogados, potenciado con compromiso institucional, de no solamente crear las clínicas, sino que de sostenerlas económicamente: “De esa forma, muchas de estas clínicas no dependerían de la caridad, o como ocurre en Estados Unidos, se tenga que hacer uso de fundaciones paralelas a la universidad para recibir donaciones. Además, en las universidades estatales pueden ocurrir conflictos de interés, dado que en muchos casos ambientales el Estado es el agente infractor. En Chile tuvimos que generar una jurisprudencia administrativa con la Contraloría para eximirnos de cumplir con el principio de probidad que se les exige a los funcionarios públicos”.

La propia naturaleza de una clínica jurídica también limita el tipo de casos que puede ser tratados. “En un curso de 4 meses es difícil trabajar con los estudiantes en casos que demandan mucha atención y estudio. Yo creo que el desafío está en crear un espacio académico abierto y constante donde los estudiantes se comprometan con los casos. Otra dificultad es la cuestión práctica, que es fundamental en el método clínico de la educación jurídica experiencial. Muchas veces los casos se dan en lugares alejados de la universidad y por ello, son de difícil acceso para los estudiantes y queda como un caso abstracto”, sostiene Joaquín Chacín.

La propia extensión del tiempo en algunos casos también puede jugar en contra de las clínicas. Joaquín Garzón cuenta que ha sido muy complejo buscar la manera de dar continuidad a casos que duran más de 10 años: “Hemos logrado con mucho compromiso de muchas personas impulsar ese tipo de continuidades temporales, pero eso sin duda puede ser muy frágil. Hay momentos donde es muy difícil soportar un litigio 10 años, o bien porque nosotros no tenemos toda la infraestructura para lograrlo, o bien porque las propias organizaciones sociales que llevan 20 años o más esperando justicia ya no tienen la energía para continuar. Hemos sido muy exitosos en varias de esas largas esperas, pero sin duda es un tema que siempre nos inquieta”.

Lina Muñoz, por otro lado, reconoce la importancia del presupuesto para hacer fortalecimiento de capacidades con las comunidades afectadas para pagar costos de los procesos judiciales: “Hemos tenido que ser muy creativos, utilizando la virtualidad o buscando aliados para no incurrir en gastos”.

“A nivel costarricense no contamos con una legislación que de forma específica regule y apoye la labor clínica. Pero, tenemos que entender que en el país este modelo nunca había sido implementado hasta la creación de nuestra clínica jurídica. Parte del trabajo que viene haciendo la alianza es el de dar a conocer la importancia del modelo clínico para nuestras universidades. A través de la visualización, del ejemplo que damos en nuestra lucha por los ecosistemas, por los derechos humanos, por la estabilidad climática y, tantas otras causas de interés colectivo, vamos obteniendo mayor apoyo. Este apoyo se traduce en legislación, en financiamiento, para investigaciones colectivas, para trabajos de campo, congresos, capacitaciones. Así que hay muchas oportunidades de mejora”, opina Daniel Araya.

 
También te puede interesar:
— Inician asesoría jurídica con lenguaje de señas
— Clínicas jurídicas universitarias trabajan con fuerza apoyando a inmigrantes
— Cine y Derecho: nuevas metodologías de enseñanza