El lenguaje jurídico a la pizarra

Fernanda Robles

A diferencia de lo que muchos ciudadanos piensan, los textos jurídicos en sentido amplio –leyes, normativas varias, la Constitución e incluso los contratos– son de uso frecuente por las personas de distintos oficios y profesiones, mucho más allá de los abogados, porque regulan, básicamente, el funcionamiento de todo lo que conocemos.

Pero a pesar de su gran relevancia para la sociedad son pocos logran entender a cabalidad lo que estos documentos realmente dicen. ¿La razón? El incomprensible lenguaje jurídico: palabras rebuscadas que en algún momento tuvieron sentido entre los “letrados”, ideas que van en un sentido para luego desandar lo andado, interminables referencias a otras normas y párrafos muy extensos.

La utilización de tecnicismos jurídicos, según expertos, provocaría un distanciamiento de los ciudadanos respecto de la información y los documentos que emplean términos que tradicionalmente utiliza este tipo de lenguaje.

Anna Alsina, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Princeton University, explica que este alejamiento siempre ha existido e incluso es utilizado de forma intencional “para dejar en claro que sólo la gente experta pueden redactar y explicar los documentos jurídicos a sus clientes”, dice.

Por otra parte, Ricardo María Jiménez-Yáñez, doctor en Lingüística por la Universidad de Navarra, y profesor en las facultades de Derecho y Humanidades de la universidad UIC Barcelona (España), señala que las terminologías y los conceptos propios un lenguaje de especialidad, como lo es el lenguaje jurídico, se caracterizan por ser “sobrecargadas, arcaizantes y pedantes”.

No tan perfectos como creen serlo

Algunos de los principales errores que los especialistas identifican en los textos escritos por abogados son, por ejemplo, el uso incorrecto de gerundios y signos de puntuación, el empleo de frases larguísimas e incluso errores en el orden lógico de las oraciones.

Pero para Alsina, más que errores concretos, son prácticas que los abogados deberían cambiar gradualmente para lograr que tanto su comunicación oral como escrita sea más efectiva: “Tampoco se trata de dejar de usar términos jurídicos o incluso expresiones en latín, pero mejor no abusar de la jerga ni de las siglas”, afirma.

El hecho es que ambos consultados concuerdan en que el principal problema reside en la tantas veces comentada “reticencia al cambio” por parte de los abogados y en “que estos decidan evitar estos errores y escribir con claridad, precisión y corrección”, precisa el académico Jiménez-Yáñez.

Recomendaciones

Para eliminar gradualmente las prácticas que complejizan la comprensión de documentos legales, la Comisión Europea publicó en 2012 una serie de recomendaciones para escribir con claridad.

Algunas de las tácticas sugeridas en el manual son, por ejemplo, la redacción de textos breves y sencillos. “Muchas veces los documentos son larguísimos para expresar un par de ideas y no es necesario”, explica la profesora del Departamento de Español y Portugués de la Princeton University, Anna Alsina.

Otra sugerencia es la utilización de un estilo más concreto y redactar de forma más precisa, esto es, reemplazar frases como “habida cuenta de…”, “en el marco del Reglamento…” por el como y el según, respectivamente.

También está el sustituir el uso de voz pasiva por voz activa, reemplazar los sustantivos superfluos por las formas verbales, evitar las ambigüedades y las formas negativas. Por ejemplo, la frase “llevar a cabo una evaluación” puede ser relevada a una sola palabra como evaluar. O “efectuar la compra de”, por comprar.

Alsina también señala que la separación de los párrafos ayuda a que el formato de documento más amigable para los lectores: “Se debe pensar muy bien antes de escribir, qué es lo que se quiere transmitir y saber a quién se dirige el texto”, afirma.

Y continúa: “Se debe releer el texto después de escribirlo, porque siempre se puede revisar y mejorar. Si bien no son grandes cambios, son acciones que permitirían mejorar la comprensión de los escritos jurídicos, sin duda alguna”.

Lingüistas en los estudios de abogados

Otra de las recomendaciones consiste en incorporar asesores lingüísticos a las firmas, una práctica que ha sido incorporada por dos despachos españoles, Uría Menéndez y Gómez-Acebo & Pombo.

José Antonio González es lingüista y trabaja desde 2001 en Uría Menéndez. Durante los primeros años desarrolló funciones de documentalista en el Área de Gestión del Conocimiento, pero luego pasó a estar a cargo de todo lo relacionado con el uso de la lengua española en el despacho.

Una parte muy significativa del tiempo, dice, lo dedica a la revisión y corrección de documentos de distinto tipo, como contratos, informes, notas de prensa, artículos de doctrina, entre muchos más.

Otra parte importante del día, explica, la dedica a la corrección de exámenes. Como parte del proceso de selección de la firma, los candidatos realizan una prueba de redacción en castellano sobre un tema de actualidad, en la que se evalúa, por ejemplo, la adecuación estilística y la capacidad argumentativa.

Respecto de los errores que cometen los abogados en sus textos, Gonzalez explica que pueden afectar a todos los niveles de análisis: ortografía, gramática, léxico, estilo y argumentación. Sin embargo, según su experiencia, generalizar es injusto: “Hay abogados que redactan muy bien y abogados que necesitan mejorar; y eso depende de la formación lingüística que hayan recibido y de la inquietud que tengan por actualizar sus conocimientos”.

Menos de la mitad

Pero, ¿en qué deben concentrarse los abogados para mejorar la comprensión de la información que transmiten?

Según los expertos consultados, una clave reside en enseñar a redactar y a expresarse oralmente. De acuerdo con un estudio realizado en 2017 por el lingüista González Salgado, en España sólo 21 de las 64 universidades que imparten programas de Derecho ofrecen asignaturas de expresión oral y escrita para los estudiante de pregrado.

“Tradicionalmente en las facultades de Derecho se estudia sólo Derecho. Se imparten pocos cursos de comprensión o de redacción jurídica y, si se ofrecen, por lo general son cursos optativos, con lo cual los estudiantes no aprenden a escribir ni a argumentar de forma clara y sus únicos modelos a seguir son los manuales de Derecho ”, afirma la profesora Alsina.

Pero existen excepciones. Desde 2016, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso incorporó a su programa académico cursos obligatorios de estrategias de comprensión y producción del discurso oral y del escrito. “Después de tomar estos cursos, los estudiantes son mucho más conscientes de la necesidad de interconectar el lenguaje con el Derecho y de usar bien la lengua para expresarse en el mundo legal”, destaca la académica.

Son 4 asignaturas obligatorias de habilidades lingüísticas, que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen estrategias para elaborar textos escritos en un lenguaje comprensible y claro para las diferentes audiencias.

Avances

A partir de la distinción de los diferentes tipos de escritura jurídica los entrevistados afirman que se identifican avances sustanciales en ciertas materias.

En cuanto al lenguaje jurídico administrativo, por ejemplo, países como México, España, Colombia y Chile han facilitado la comunicación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía por medio de guías para funcionarios y cursos de formación.

Otro ejemplo es el proyecto arText de la UNED en España que es un sistema automático de ayuda a la redacción de textos destinados a la Administración Pública.

Donde hay más recelos a la hora de cambiar el estilo, es en el lenguaje procesal, sostiene la profesora del Departamento de Español y Portugués de la Princeton University: “En general, es más claro el español de las resoluciones judiciales de la Unión Europea que las de España o de Latinoamérica”.

Tendencia mundial

Para desprenderse de algunas de las tradicionales y complejas prácticas de redacción, abogados de países como Chile, México, Argentina y Colombia han promovido el uso de un léxico más claro a través de la implementación de redes de instituciones públicas que se han comprometido a generar y transmitir documentos legales, en particular las leyes, de una forma que permita el acceso universal para todos sus ciudadanos.

El Ministerio de Justicia de Argentina, por ejemplo, implementó el programa “Justicia en lenguaje claro”, una iniciativa que tiene por objetivo ayudar a entender la información jurídica. De ella se desprenden una serie de servicios: uno de ellos es “Ley simple”, decretos y resoluciones que de manera clara y sencilla explican desde el ámbito de aplicación hasta las sanciones que conllevan. Otro programa, Justicia Cerca, explica las leyes de uso cotidiano.

México, en tanto, cuenta con disposiciones legales como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que la información generada por sus instituciones debe ser accesible y usar un lenguaje jurídico que sea sencillo, comprensible para cualquier persona.

Otra de las iniciativas que destaca es el proyecto de Ley de Lenguaje Claro, en Colombia; una normativa que busca garantizar el derecho de todo ciudadano a comprender la información contenida en los textos legales.

Irlanda y Nueva Zelanda también están discutiendo proyectos de leyes de lenguaje claro, que exigiría a los servidores públicos comunicarse con un lenguaje claro y sencillo y al Estado, por otra parte, a darles el entrenamiento adecuado para ello.

Uno de los países más avanzados en esta materia es Suecia, donde cada proyecto de ley es revisado por equipos de abogados y lingüistas.

Sin embargo, busquemos cualquier ley, revisemos cualquier decreto, circular u oficio, leamos cualquier contrato, y nos daremos cuenta de lo mucho que falta por mejorar.

 
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