Las competencias “públicas” que permiten a un abogado sobrevivir en el área privada

Ximena Risco

Ximena Risco Fuentes

Las especiales características de la función pública imponen a los abogados el desarrollo de ciertas competencias para poder desenvolverse con seguridad. Sin embargo, la incorporación de estas habilidades a la práctica no ocurre de manera automática.

Como en todos los sectores, públicos o privados, habrá quienes desarrollen estas destrezas y otros que simplemente no están interesados o no creen que sean necesarias.

O simplemente no las detectan y se dejan acunar por la tranquilidad del sueldo fiscal, el reajuste anual, el bono cada tres meses de los programas de mejoramiento de gestión (PMG), los días administrativos y la relativa estabilidad del empleo público.

Y digo “relativa” estabilidad, porque en Chile últimamente se ha definido a la función pública como precaria, inestable y sujeta a los criterios políticos de la autoridad de turno.

Sin embargo, un abogado a honorarios de la Administración está en las mismas condiciones que un abogado a honorarios del sector privado: ambos están desprovistos de protección laboral (en sentido amplio), pueden ser despedidos sin expresión de causa, no tienen derecho a indemnización, las normas sobre licencias y descanso pre y post natal quedan al arbitrio y tolerancia del empleador y, en general, no gozan de garantías de permanencia.

Los abogados a contrata cuentan con más estabilidad y beneficios, pero esa contrata es anual y puede no ser renovada por la jefatura, sin derecho a indemnización.

Finalmente, están los funcionarios de planta, cuya remoción solo puede ser consecuencia de un sumario administrativo. Y este escalafón es incomparable a cualquier desarrollo profesional en el sector privado.

Sin profundizar sobre la estabilidad, real o aparente, del empleo público, debemos admitir que es difícil que un abogado del aparato público quede sin trabajo de improviso, fundamentalmente, porque su ejercicio está sujeto a un control tan exigente y depende de tantas variables, que no es de extrañar que un mal resultado —o resultado no querido—, obedezca a razones que no responden necesariamente a “lo jurídico”, ni a mala praxis.

El error de un abogado del sector público aparece en los diarios, se contrasta con la gestión de otros, es controlado y juzgado por todo el país y, seamos honestos, todos los abogados opinamos sobre el desempeño de los “colegas”, para bien o mal. Por eso, es noticia cuando dicha estabilidad se agota. Sabemos de casos en que abogados del sector público han sido defenestrados por los diarios, por un error que, en el mundo privado, habría pasado desapercibido o, en el mejor de los casos, ese profesional despedido tendría derecho a una indemnización.

En este escenario, un abogado – funcionario público, debe aumentar sus controles y trasparentar su gestión, conocer al detalle sus encargos, forjar buenas relaciones, comunicar lo necesario y tolerar las críticas, fundadas o no, que provienen de varios flancos, sin mucho tiempo para explicar.

Todo lo anterior, sin desmarcarse de los lineamientos e instrucciones de su jefatura o cliente, representado nada menos que por el Estado.

Cuando un abogado – funcionario público litiga, lo que diga se entiende expresado por el organismo a quien representa.

Trabajar en un ministerio, servicio u organismo público representa una oportunidad de tremendo desarrollo profesional y de servicio, con recursos generalmente escasos y un contexto muchas veces adverso. Las características de este ejercicio permiten el temple del carácter, control de los nervios y obligan a los abogados- funcionarios a pensar creativa y estratégicamente, buscando salidas que aborden una realidad compleja y completa, por sobre el detalle concreto de una causa determinada.

Más allá de los conocimientos específicos y técnicos para resolver o plantear una estrategia, lo más valorado por el sector privado al contratar a un abogado que se desempeñó en el sector público tiene que ver con esas competencias, que se relacionan con el modo de abordar un problema y prever las consecuencias de cada decisión.

Tiene que ver con mantener la cabeza fría bajo presión, e incorporar soluciones creativas, en poco tiempo, pero sostenibles a largo plazo.

Integrar estas competencias a la gestión profesional supone un aprendizaje intenso, a veces agudo, y obliga a madurar habilidades que de otro modo habría tomado años en desarrollar.

Se trata, en definitiva, de una escuela que tiende a la experiencia y sensatez de los buenos y antiguos abogados, y depende, en gran parte, de la disposición de cada profesional a desarrollar su oficio. Y eso se valora en el ámbito público y en el privado.



* Ximena Risco Fuentes es abogada de la Universidad de Chile. Ingresó al Ministerio del Interior en 2006, donde fue jefe del área judicial entre el año 2011 y 2014. Actualmente, es abogada senior en el estudio
Hermosilla Chadwick.