Invitación a la crítica sobre la educación jurídica en Chile

William García

La calidad de la educación jurídica en Chile ha sido puesta, nuevamente, bajo cuestionamiento. Es en este contexto que suele escucharse que las nuevas generaciones de egresados son “peores” que las anteriores y que eliminar el examen de grado, tal y como lo conocemos hoy, sería perder un último “filtro” de calidad.

Sin pretender ser un experto en educación legal, debo decir que no comparto que las nuevas generaciones de abogados sean peores que las antiguas. La supuesta mala calidad de los nuevos egresados no está basada en ninguna evidencia ni medición, así como no existe una institución reconocida para medirla. El único dato conocido es que existen cada vez más abogados en Chile, es decir, puede haber un exceso de oferta. Este hecho puede influir en qué tipo de trabajos éstos aceptan o los honorarios que están dispuestos a percibir.

Por otra parte, viniendo la crítica desde los incumbentes en la profesión, la idea de que “los nuevos egresados son peores” la interpreto más bien como una reafirmación (incomprobable) del mérito personal de quien la expresa. Pretende decir que él/ella es mejor, idea que puede deberse a que se valora más a sí misma, a sus colegas de generación y a sus profesores, que al resto.

Lo más sorprendente es que esta idea sea expresada por abogados que son al mismo tiempo profesores; se produce la paradoja de que al afirmar esta idea ponen en entredicho su propia calidad como docentes. Al contrario, en mi experiencia como académico y reclutador de abogados y abogadas, las nuevas generaciones tienen mejor formación, al menos en derecho público, que las generaciones anteriores, incluyendo la mía.

Ahora bien, aún despejado este primer prejuicio, existen otras interrogantes útiles para responder cuál es la educación legal que se necesita hoy. A mi juicio, el criterio rector en materia de metodología de la enseñanza y de evaluación debe ser entregar y controlar aquellas habilidades que son necesarias para ejercer la profesión.

Aunque las opciones profesionales del abogado son muy diversas, abogados, jueces y administradores tienen en común una orientación eminentemente práctica que busca hacer una correcta aplicación de estándares normativos a supuestos de hecho. Pareciera entonces que una metodología basada en casos o hipótesis prácticas, y en su resolución, es la que mejor se ajusta a estas opciones profesionales.

Y aunque nuestro sistema de fuentes se base eminentemente en derecho legislado y no en un sistema de precedentes, en rigor, todo sistema jurídico exige coherencia entre casos singulares, lo que ya se expresa en un sistema recursivo que potencia la uniformidad entre sentencias judiciales y la capacidad persuasiva de ciertos “casos líderes”.

Además, el trabajo cotidiano de un operador jurídico consiste, en lo medular, en una correcta aplicación de normas a hechos relevantes, mediante particulares técnicas analíticas y no en exponer (en un libelo, sentencia o resolución administrativa) lo que uno ha leído en los libros.

En definitiva, dos de los principales desafíos de los nuevos profesionales son usar con excelencia el lenguaje escrito y aplicar correctamente normas y principios a hechos relevantes de manera analítica.

En segundo lugar, el currículum en las escuelas de Derecho ha cambiado poco desde principios del siglo XX. Así, el derecho civil, el derecho procesal y el derecho público (constitucional y administrativo) sirven como “troncos”, mientras que otras “ramas” del derecho tienen un papel más accesorio. Ninguno de estos cursos tiene como objetivo específico entregar metodologías de escritura y expresión oral necesarias para el ejercicio de la profesión. Si bien existen cursos específicos con este fin, ellos no tienen una conexión con los estudios dogmáticos del Derecho.

El aprendizaje integrado del estudio del Derecho junto a las metodologías necesarias para su aplicación ocurre sólo en los primeros años de ejercicio profesional, a través de la transmisión de un saber cultural de las generaciones antiguas a las nuevas. Ello genera un obstáculo adicional en el desarrollo profesional, puesto que lo usual será que aquellos con mejores conexiones sociales podrán asimilar mejor esas habilidades esenciales.

Otro punto a debatir es el examen de grado y qué relación tiene con el aseguramiento de la calidad de los egresados. Es usual que el estudio del Derecho cuente con una evaluación final que integre ciertos conocimientos básicos, al menos de derecho privado y derecho procesal civil, pero la entidad competente —la universidad, el Colegio de Abogados o el Estado— y la metodología (escrita, oral o mixta; expositiva o de casos) suelen variar.

En Chile hemos pasado desde una gran uniformidad —examen oral— a cierta heterogeneidad, donde el examen mixto de casos gana terreno. En general, no se cuestiona la necesidad de este tipo de examen como una especie de cierre de los estudios y los abogados suelen defenderlo. Sin embargo, y más allá de las experiencias personales, no existe evidencia de cómo el examen de grado cumple una función pedagógica o mejora la calidad de los profesionales.

Frente a ello, propongo conectar el examen de grado con las metodologías de estudio entregadas durante la carrera y con las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión. Actualmente ha perdido sentido un examen que evalúa la capacidad de reproducir ciertas partes, por importantes que sean, de lo contenido en manuales y tratados, en una exposición oral de algunos minutos. En este sentido, un examen de grado que potencia la aplicación de metodologías analíticas y de expresión escrita, en un contexto análogo al exigido para las diferentes opciones profesionales que abre la profesión jurídica, resulta más adecuado a los requerimientos de nuestros tiempos.

Infundada es la afirmación general y abstracta sobre la supuesta mala calidad de los nuevos egresados de las escuelas de Derecho. En cambio, resulta necesaria una reflexión, desde la profesión jurídica y sus diferentes opciones, que sea crítica tanto del currículum, las metodologías de enseñanza y de evaluación, así como el examen de grado. Esa reflexión me parece un paso previo a cualquier reforma que pretenda ajustar la educación legal a los nuevos tiempos.

 
* William García Machmar es abogado(2007) y Magíster en Derecho Público (2011) de la Universidad de Chile;hizo un LLM en la New York University (2012). Desde 2021 essSocio de Sarmiento & Walker. Es profesor de derecho administrativo en la Universidad Alberto Hurtado. Entre 2014 y 2018 fue Jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

 
También te puede interesar:
— Evolución de la pedagogía universitaria y didáctica del Derecho
— “Muchas de las escuelas de Derecho son fábricas de desempleados”