Una nueva institucionalidad para la protección de datos personales en Chile

Con la publicación en el Diario Oficial de Chile de la Ley N°21.719, que entrará en vigor el 1° de diciembre del año 2026, se actualiza la regulación y se crea una nueva institucionalidad para tutelar el derecho a la protección de datos personales.

Emilio Oñate

En efecto, el Título VI de la ley denominado “Autoridad de Control en materia de Protección de Datos Personales”, se refiere a la Agencia de Protección de Datos Personales, su naturaleza jurídica, objeto, funciones y atribuciones, Consejo Directivo e integrantes del mismo, inhabilidades e incompatibilidades de quienes la dirigen, remoción de los consejeros y sus causales de cesación en el cargo, así como la remuneración de los consejeros, funciones y atribuciones del presidente del Consejo, la coordinación regulatoria con el Consejo para la Transparencia, el estatuto de personal de quienes la integran y el patrimonio de la misma.

La Agencia de Protección de Datos Personales, se conceptualiza como una “corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.

Esta entidad tiene jerarquía legal, no constitucional, lo que delimita el alcance de sus competencias respecto de otras entidades del Estado. En efecto, al tener una naturaleza legal, el control de la agencia sobre organismos constitucionalmente autónomos se ve disminuida y así se establece en la propia ley cuando en el artículo 54 se señala que es lícito el tratamiento de datos personales que realicen organismos como el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Poder Judicial entre otros, cuando dicho tratamiento se realiza para el cumplimiento de sus funciones legales, dentro del ámbito de sus competencias y, de conformidad a las normas especiales que se establecen en sus respectivas leyes orgánicas.

Estas instituciones tienen la calidad de responsables de datos y no requieren el consentimiento del titular para efectuar el tratamiento de sus datos personales.

La Agencia de Protección de Datos Personales se estructura sobre la base de un órgano de dirección colegiado, en efecto, el artículo 30 quáter de la ley, señala que: “El Consejo Directivo de la Agencia estará integrado por tres consejeros, designados por el presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio”.

Así también se estructuran las autoridades de control de Brasil, México, Portugal y Uruguay las que son dirigidas por una instancia pluripersonal. En el caso uruguayo, además del Consejo Ejecutivo que dirige la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, existe un Consejo Consultivo para asesorar al Consejo Ejecutivo en asuntos propios de su competencia. Esta instancia consultiva la integran representantes del poder legislativo, judicial, del Ministerio Público, de la academia y del sector privado, quienes se pronuncian sobre el ejercicio de las potestades normativas propias del Consejo Ejecutivo.

En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), es dirigido por el Pleno, el que integran siete Comisionados designados por el Senado de la República, cuyas atribuciones y funciones están consagradas tanto en la Constitución como en leyes especiales.

En el caso brasileño la Autoridad para la Protección de Datos – APDP tiene un diseño institucional colegiado y pluripersonal: una Junta Directiva compuesta por cinco miembros con experiencia en el ámbito de la privacidad y la protección de datos, y un Consejo Nacional, que es una instancia asesora conformada por 23 integrantes representantes del gobierno, de la sociedad civil, de instituciones investigadoras y del sector privado.

Si bien el diseño institucional chileno optó por una estructura colegiada, por cuanto promueve que las decisiones que se adopten sean compartidas, evitando que la responsabilidad recaiga únicamente sobre una persona, la forma en que se configura la Autoridad de Control estará condicionada por la historia y tradición de cada país en el establecimiento de entidades regulatorias, así como por la idiosincrasia y el sesgo cultural con el que funciona la Administración del Estado. Si entendemos a la Administración como sistema, esta interactúa y se retroalimenta permanentemente de los contextos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos, y, por lo tanto, la forma en que se configura se ve influenciado por ellos.

Las estructuras colegiadas facilitan la retroalimentación y el debate técnico, incentivan soluciones equilibradas y por consenso que tengan en cuenta los efectos de la decisión que se adopte y los distintos intereses en juego. Sin embargo, también pueden ralentizar las decisiones y generar más espacio para la burocracia interna, diluyendo las responsabilidades y desincentivando la rendición de cuentas.

En cualquier caso, la designación de los Consejeros de la Agencia chilena así como las unidades o divisiones que integrarán su estructura, será fundamental para constituir un diseño o mecanismo de garantía institucional que no solo tutele, sino también promueva la privacidad y la protección de datos personales como Derechos Fundamentales.

 
Emilio Oñate Vera es profesor de derecho administrativo en la Universidad Central de Chile.
 
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