Las claves de la nueva Defensoría de Víctimas

Desde el COSOC de Justicia y la Comisión Acceso a la Justicia, se celebra la amplia aprobación por la Cámara de Diputados/as y despachado a ley con el respaldo de diversas fuerzas políticas y sociales en Chile al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Isabel González Ramírez

Esta nueva institución, por tantos años esperada por la ciudadanía, permite aunar en un solo servicio público la función de prestar asistencia en justicia a personas con menos recursos, que hoy cumplían varias entidades disgregadas en Chile.

Este servicio público es uno descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente a través de Direcciones Regionales, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio y sometida a la supervigilancia del Presidente/a de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El servicio cuenta con una Dirección Nacional y con cuatro Subdirecciones que son: 1— Líneas y Programas de acceso a la justicia; 2— Solución Colaborativa de Conflictos, la que integra el actual sistema de mediación familiar licitada entre otros; 3— Defensoría de Víctimas de Delitos y 4— Operaciones, con a lo menos un centro de atención por cada comuna o agrupación de comunas correspondiente al territorio jurisdiccional de un juzgado de letras.

Esta ley permite ampliar y garantizar el acceso a la justicia para personas que no se puedan costear representación jurídica o que pertenezcan a grupos de especial protección. Entre sus funciones se incluyen la entrega de orientación legal, asesoría y defensa jurídica, así como apoyo psicológico y social para víctimas de delitos.

También se encargará de administrar el sistema de mediación familia del Título V de la Ley N°19.968, esperando que pueda promover también la solución colaborativa de conflictos en otras diversas áreas de la justicia, como lo que establece en el artículo 25, incluyendo mediación gratuita para personas mayores y discapacitadas.

Entre las leyes que se modifican y que se relacionan con la materia de esta norma, están: la Constitución Política de la República; el Código del Trabajo; el Código Procesal Penal; la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia; sobre Protección de la Vida Privada; la Ley N° 19.263, que fija normas aplicables al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial; la Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública; la Ley N° 20.886 que modifica el Código de Procedimiento Civil y establece la tramitación digital de los procedimientos; la Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado y la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, entre otras.

Desde el Colegio de Mediadores y el COSOC de Justicia compartimos el anhelo de que efectivamente se cumplan los objetivos prioritarios de la ley, especialmente que este servicio nacional, asegure estándares de calidad especializado, para otorgar acceso a la justicia en Chile y contar con una subdirección especialmente dedicada a la atención de víctimas de delitos, que además contenga diversas Defensorías de víctimas de grupos vulnerables con enfoque interseccional, dado que en el país todavía no contamos con Defensoría del pueblo (Ombudsman).

La subdirección gestionará y consolidará la administración de los programas públicos ya existentes como el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV) y Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) y esperamos que promueva la solución colaborativa de conflictos ampliando su forma de intervención gratuita, previa y obligatoria al litigio judicial en diversas áreas del conflicto social.

En cuanto al presupuesto, se fortalece de manera importante los recursos públicos con el objeto de dotar al nuevo servicio de recursos humanos y de gestión suficientes para el cumplimiento de su cometido, traspasándose a este nuevo servicio los recursos vigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial, del Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el de la Mediación familiar licitada y un incremento adicional del gasto fiscal para la nueva subdirección de Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos. También podrán trabajar en un decreto que fijará la política de remuneraciones de los funcionarios, sin brechas, entre un profesional y otro que realizan funciones similares, en distintos programas.

Finalmente, para dar cumplimiento a las grandes expectativas sociales que surgen de este nuevo servicio, será fundamental acompañar su implementación por la comunidad, colegios de mediadores, de abogados, COSOC y expertos para que efectivamente amplíe el acceso a la justicia en Chile, conforme a las necesidades de nuestro país.

 
Isabel González Ramírez es académica en la Universidad Central de Chile, presidenta del COSOC de Justicia y directora del Colegio de Mediadores.

 
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