Tras 8 años, el abogado chileno Jaime Arellano termina su gestión en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Después de casi una década y con un fuerte impulso a temas como el acceso a la justicia, el desarrollo de políticas de género y reformas en el área civil, se despidió el abogado chileno, Jaime Arellano, de la dirección del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, luego de cumplir con su periodo estatutario.

La institución, que nace al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para liderar técnicamente la modernización de los sistemas judiciales de sus 34 países miembros, será dirigida a partir del 1 de enero por la ex viceministra de Seguridad y Mujer de Perú, Nataly Ponce.

En sus palabras de despedida, que acompañaron un completo informe de gestión del periodo 2014-2021, Arellano destacó los logros de la institución a su cargo, con amplio énfasis en el proyecto de acceso a la justicia, sobre todo para sectores más vulnerables, la puesta en marcha del primer Observatorio de la Conflictividad Civil (OCCA), la decisión de impulsar una política de género con impacto en los operadores e instituciones judiciales y las consecuencias y desafíos que impuso la pandemia del Covid 19 en la región.

“El objetivo no ha sido fácil por las naturales diferencias culturales, políticas, sociales y económicas de cada país. Y a ello se sumó en los últimos años el innegable impacto de la pandemia (Covid-19). Sin embargo, nuestra misión ha seguido profundizándose para contribuir al desarrollo democrático y fortalecimiento del Estado de Derecho, en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción”, señaló Arellano.

Capacitación

El abogado recordó que en 2015 la institución reimpulsó proyectos clave como el Programa Argentino de Capacitación (en conjunto con INECIP) y el lanzamiento del Diplomado en Litigación Oral Penal (DLOP), en conjunto con American University Washington College of Law (AU-WCL) y la Universidad Alberto Hurtado de Chile (UAH). Asimismo, la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Nueva Justicia Penal (NJP) en México, en conjunto con la Secretaría Técnica de Implementación (SETEC), con fondos de cooperación bilateral entre Chile y ese país.

Otro logro importante, ese mismo año, fue la creación de la primera versión del Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal (DCA), que se impartió en Guatemala y Costa Rica, con el apoyo de ICCPG, la Universidad de San Marcos de Guatemala y la Universidad de Costa Rica; además de la ejecución del Programa de Formación de Jueces y Juezas Penales en Santiago de Chile.

Mención aparte -señaló Arellano- requiere el proyecto regional y multianual “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina” (Improving Access to Civil Justice in Latin America), que desde el 2015 contó con el apoyo técnico y financiero de GAC Global Affairs Canada, del gobierno canadiense, el que dispuso de más de US$6,5 millones para su implementación, con una ejecución que se extiende hasta 2022.

Género

Para Arellano, el 2017 fue sinónimo de un cambio trascendental debido a que la institución lideró una política de igualdad de género de carácter institucional, que se convirtió junto al acceso a la justicia, en uno de los ejes rectores de la tarea del CEJA.

“Hoy concebimos la política pública de justicia desde una perspectiva de género, integradora de una política de equidad de género dual, con interseccionalidad, uso de lenguaje inclusivo y representación equilibrada, entre otros elementos”, señaló.

Apoyo a los sistemas judiciales

Seguidamente, explicó Arellano, en 2018 iniciamos la ejecución del “Programa de Capacitación en Investigación y Litigación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio Federal de Argentina”, con financiamiento de INL, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Originalmente -explicó- fue diseñado para las provincias de Salta y Jujuy, y a partir del 2020 se extendió a Santa Fe, Mendoza, Salta, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y otras provincias.

También, la institución desarrolló una cooperación técnica con el Poder Judicial de Perú, con el objetivo de impulsar un modelo de Justicia civil oral y adversarial, comenzando con un piloto en el Departamento de Arequipa, lo que fue un cambio trascendental para la justicia de ese país. “Sumado a esto, partimos con el programa brasilero de Formación para la Reforma de la Justicia Penal, debido a que este país es el único del continente que aún mantiene un modelo inquisitivo en su sistema de justicia penal”, agregó Arellano.

COVID y brecha digital

Arellano, también repasó el impacto de la emergencia sanitaria mundial. “La pandemia del Covid-19 también abrió el camino para repensar políticas, diseños y prácticas de acceso, atención y resolución de conflictos, en todas las áreas del Derecho, incorporando las herramientas tecnológicas visibilizadas por la crisis sanitaria mundial”, dijo.

Para Arellano es urgente comenzar a diseñar procedimientos pensados para desenvolverse en soportes electrónicos (especialmente los ROC – Resolución Online de Conflictos), y también requerir con urgencia plataformas electrónicas diseñadas ad hoc para audiencias y juicios, con diseños y soluciones tecnológicas pensadas desde las garantías procesales.

“Así, es indispensable contar con tecnología al servicio de la justicia, y no a la inversa. Se debe aprovechar la tecnología para procurar un acceso inclusivo a la justicia -que demanda, a su vez, la reducción de la brecha digital-; y para la solución pronta, más adecuada, eficiente, efectiva, duradera y transparente de los conflictos, aportando a la paz social”, concluyó.