Traductores jurídicos en Argentina comparten formación profesional con los abogados

Facultad de Derecho UBA

Javiera Bianchi

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una carrera que en no existe como tal en otros países de Latinoamérica y que podría ser útil para los abogados y el sistema jurídico. Esta es la de Traductor Público, quienes son formados para «garantizar la seguridad jurídica y la certeza específica del idioma que manejan».

La ley 20.305 del país vecino garantiza que un traductor público es el único profesional que puede actuar como perito auxiliar de la justicia. «Es una especie de escribano que da fe que su traducción es fiel del original», explica la estudiante especializada en alemán, Yasmin Arbelaiz. Pero, ¿cuál es la diferencia con cualquier otro tipo de traductor?

En la UBA la carrera de Traductor Público pertenece a la Facultad de Derecho; y es que estas dos materias se relacionan bastante. Un intérprete brinda servicios a los abogados y al Estado traduciendo distintos documentos, pero también a intervinientes de habla no hispana.

Para que un traductor pueda reproducir en un determinado idioma exactamente lo que quiere decir un documento legal, tiene que tener conocimientos del área. Es por ello que los estudiantes de esta carrera comparten con los alumnos de Derecho 10 ramos, como derecho civil, constitucional, comercial, penal y de familia.

Según Úrsula Sager, académica de la Facultad, en la actualidad hay 2.000 estudiantes cursando la licenciatura. Estos se pueden especializar en alemán, francés, inglés, italiano o portugués; sin embargo, más del 85% lo hacen en español-inglés. Además, hay estudiantes de chino, japonés, húngaro, ruso, ucraniano, esloveno y otros que deben preparar las asignaturas de acuerdo con un programa y rendirlas en la modalidad de exámenes libres.

De los cursos específicos para la formación de traductores públicos, 4 se dictan en español y 18 en la lengua extranjera que elijan. En general, la carrera dura 5 o 6 años.

Dónde trabaja un traductor

El campo laboral de los traductores, según ellos mismos, es amplio: desde contratos hasta documentos como pasaportes, certificados de nacimiento, actas de matrimonios y similares.

«No sólo se trata de traducción, sino de interpretación. Por ejemplo, cuando hay una boda y una de las personas no habla español de forma nativa o fluido, interviene un traductor público que hace una especie de acto de fe donde interpreta lo que se está diciendo en el Registro Civil. También actúa ante juicios cuando se toman, por ejemplo, declaraciones de testigos del extranjero o personas que han sido detenidas en el aeropuerto y necesitan comunicarse dentro de Argentina», explica Yasmin Arbelaiz.

Para que la ley antes mencionada los reconozca como traductores, deben ser parte del Colegio de Traductores, quienes otorgan una lista de todos los idiomas y miembros disponibles al Estado. Así la institución da fe que el profesional es autorizado, sin siquiera revisar el contenido de lo interpretado.

Guido Rubin es traductor público titulado de la UBA y trabaja en el ámbito de derecho humanos. «Siempre es mejor especializarse en un ámbito en particular para tener mejor calidad en las traducciones, ya que cuando uno conoce los términos se hace más fácil y también rápida la traducción», dice.

Otras opciones de trabajo para estos profesionales es en escribanías, ministerios y otras reparticiones gubernamentales, delegaciones consulares extranjeras, delegaciones comerciales extranjeras, representaciones nacionales en el exterior, organismos multilaterales, departamentos legales de empresas privadas y públicas, editoriales y todo tipo de organismos y empresas que requieran asesoramiento terminológico especializado.

«En realidad no trabajamos mucho con estudios jurídicos, muchas veces nos pasan el trabajo pero en general nos comunicamos mucho con los ministerios y especialmente con las distintas etapas del juicio», agrega Aberlaiz.

Las dos caras de la moneda

Guido Rubin compara su nivel de conocimiento del Derecho frente a otras universidades y se siente beneficiado por haberse especializado en el ámbito jurídico.

Sin embargo, esto trae consecuencias. «Tener el contacto directo con los abogados es muy bueno, pero a la vez es muy exigente y desgastante porque nos exigen saber tanto como los abogados, cuando en futuro solo nos va a servir el vocabulario. Pero a su vez, entender la filosofía y la teoría del derecho nos ayuda encontrar el término correcto al momento de traducir, así como también generar contactos y a relacionarnos con el mundo jurídico», explica la estudiante Yasmin Arbelaiz.

«Una de las desventajas de la carrera es que al ser una universidad pública los fondos son limitados, por lo que pueden faltar libros o materiales. Así, la investigación para nosotros puede ser un poco más ardua, pero entre todos hacemos proyectos para traer más fondos para la facultad», agrega.

En Chile no hay esta especialidad dentro de las carreras de traducción, pero el profesor Mario Helm, de la Universidad de Concepción, ha estado en contacto con la UBA y ha dictado cursos al respecto.

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