¿Todos para la casa?

Sebastián Parga

Hace unos días se dictó el nuevo protocolo de manejo de los casos confirmados de coronavirus con variable Delta y, francamente, no deja de sorprender. Contempla la obligación de aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital de los contagiados (sin posibilidad de quedarse en la casa). Incluye, además, una amplia definición de quién es contacto estrecho, que hace que cualquier persona —con mascarilla o no— que haya estado con una persona con Covid-19, sin importar el tiempo transcurrido, sea susceptible de ser considerada contacto estrecho.

¿Qué pasará cuando el contexto sea una planta productiva? ¿Qué ocurrirá si un cliente de un supermercado entra a comprar contagiado? Y planteemos el más absurdo de los casos: ¿qué pasará con el personal médico que atienda a alguien con la variable Delta? En buen chileno: “todos para la casa por contacto estrecho”. En estricto rigor eso dice el protocolo, al que hay que obedecer.

El punto es que ya nada nos sorprende, o quizás nos hemos acostumbrado a que las cosas no sean “tan así” como se exigen. Al final, este tipo de medidas solo afecta a un porcentaje de la población: el más respetuoso o el menos necesitado, pero claramente se trata de malas noticias para quienes no pueden escapar de las fiscalizaciones (escasas para la mayoría, pero abundantes en ese segmento): los lugares de funcionamiento de fuentes de trabajo formales.

Pareciera que las medidas adoptadas son erráticas y afectan negativamente a unos pocos. Hay numerosos ejemplos de situaciones prohibidas para el empleo formal, pero toleradas para muchos otros en la práctica. Así vemos pequeños locales de comida cerrado por cuarentena, mientras que afuera de sus puertas se observan vendedores ambulantes vendiendo alimentos: algo no anda bien.

Si bien señala semanalmente la autoridad que “se ha aumentado nuevamente la fiscalización”, hace poco recorrí más de mil kilómetros con todos los permisos exigidos, temeroso de que me faltara alguno. ¿Qué sucedió? Nada. En la carretera solo controlaban la velocidad. Este es solo un ejemplo personal de ese sinsentido general. Por un lado, se ven restricciones durísimas en el papel —difíciles de aplicar a los ámbitos laboral y familiar—, pero por otro se observa falta de control del cumplimiento de medidas básicas.

¿Es esto razonable?

Si hemos de aplicar el principio de realidad en todos los aspectos de la vida en sociedad, deberíamos ser coherentes y prohibir menos para controlar más. El ministro Palacios lo dijo: “respetemos las libertades individuales”. Pero para que todos lo podamos hacer, no perdamos el foco. Establezcamos protocolos aplicables en la práctica, controlemos su cumplimiento por todos y evitemos que la libertad individual sea la excusa para pasar por encima del interés colectivo, como aducen, por ejemplo, ciertas personas que no quieren vacunarse.

Para ejercer libremente un derecho se deben respetar los derechos del resto de la sociedad. Podría, entonces, tener derecho a ir a mi trabajo sin temor de ser contacto estrecho de quien no ha tomado las medidas para no contagiarse. Ojalá, entonces, restrinjamos y controlemos el acceso a lugares de personas que libremente no deseen la vacuna. Esperemos que las medidas sanitarias futuras sigan esa línea práctica, sin castigar a un solo sector de la población y respetando la libertad individual y colectiva de las personas.

 
Sebastián Parga es abogado y magister en derecho del trabajo de la Universidad de Los Andes, donde además es  profesor de postgrado de la Facultad de Derecho. Actualmente, es socio en Canales Parga Abogados Laborales.

 
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