Teoría de Public Choice y la naturaleza humana en los procesos eleccionarios

Sofía Martin

Tatiana Arriagada

En Chile estamos en época de elecciones. El próximo 19 de noviembre, la comunidad debe elegir Presidente de la República, de entre 8 candidatos. Si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, el 17 de diciembre siguiente, se elegirá, en segunda vuelta, al candidato que la logre. Asimismo, en los próximos veintiséis meses, 14 países de América Latina elegirán Presidente. En 2018: Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y, eventualmente, Venezuela; y, en 2019: Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá y Guatemala. En ese contexto, es interesante revisar uno de los aspectos de la teoría de “Public Choice” que, de la mano de conceptos y presupuestos de la Economía, efectúa un análisis racional del proceso de elección política.

La teoría del Public Choice (Teoría de la Elección Pública), desarrollada inicialmente por James M. Buchanan, y por la cual en 1986 recibió el Premio Nobel de Economía, propugna que el Estado es el nexo entre la economía y la política, porque la primera, inexorablemente requiere de algún tipo de organización política para su implementación y control. A su vez, la política necesita de la economía, para obtener los recursos económicos para sostener al Estado y llevar adelante sus políticas públicas.

A partir de ese postulado, la teoría de Public Choice analiza distintos aspectos, tales como: la motivación o drive del votante, del representante electo y del burócrata designado; la ignorancia racional del votante; la Constitución y las leyes, como niveles de elección pública; la irracionalidad en la política, entre otros. En esta primera columna, esbozaremos el primer aspecto.

En los procesos eleccionarios políticos, las personas eligen alternativas para la comunidad en la cual viven y para sí, y no exclusivamente para su consumo o beneficio propio. No obstante, el individuo, al efectuar su selección de alternativa política, se comporta guiado por la misma racionalidad que lo impulsa cuando escoge sólo para sí mismo, esto es, busca maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. En consecuencia, el motor que lo impulsa a efectuar su elección política es su interés económico personal.

Igualmente, partiendo del mismo supuesto, los representantes elegidos por votación popular y los burócratas designados por nombramiento político, también toman sus decisiones buscando maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, por lo que sus acciones están encaminadas, principalmente, a la maximización de su cuota de poder y del presupuesto público, en aras de satisfacer sus intereses personales y, sólo en un segundo plano, propenden a la optimización del bienestar social, sacrificando así en el proceso, posiblemente, la eficiencia económica.

Según la teoría de Public Choice, el Estado no es un ente neutral y eficiente, sino todo lo contrario, porque de algún modo, en lugar de reflejar los intereses de la comunidad a la que debe servir, refleja los intereses de sus integrantes, ya sean representantes electos o burócratas designados por nombramiento político.

Éstos intentarán primeramente maximizar sus objetivos personales, y sólo luego, satisfacer los requerimientos o las necesidades de los votantes.

Por cierto, el representante electo buscará maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo, elevando su cuota de poder y creando las condiciones adecuadas para ser electo o reelecto.

Esto explica las propuestas dirigidas a grupos específicos de interés, que pueden no ser necesariamente racionales ni eficientes desde el punto de vista económico, pero que, no obstante, son perfectamente racionales para el candidato político, que busca ser electo o reelecto.

Por ejemplo, las políticas de protección de la industria nacional como una expresión del nacionalismo, podrían ser para un candidato una buena bandera política para obtener votos, en la medida que los votantes estén totalmente ignorantes de los costos instrumentales que deberán pagar con sus impuestos para implementar la restricción al comercio internacional, de la eventual reducción que experimentarán ellos personalmente en la oferta de productos y del probable aumento en los precios, que afectará también sus propios bolsillos.

Ahora bien, este fenómeno de privilegiar el interés personal por sobre el de la comunidad ocurre en política y también en la empresa. Sin embargo, en las empresas existen premios y castigos, que tienen por finalidad alinear los intereses de ésta con los de sus integrantes, haciéndolos compatibles y promoviendo que se logren los objetivos personales, sin perjudicar a aquélla.

En cambio, en el Estado, el sistema de premios y castigos o no existe o es muy deficiente, a tal punto que las metas fijadas para sus integrantes en la práctica parecen cumplirse siempre. En ese entendido, el sistema de premios estatal no satisface la función de encauzar el interés personal de sus integrantes para prevenir que se perjudique el interés general de la comunidad.

Los razonamientos precedentes han sido ignorados sistemáticamente por la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados, para los cuales el representante electo y el burócrata designado deberían ser personas económicamente neutras, que obrarían siempre impulsados primeramente por el interés común. Esta no es la naturaleza humana, y nadie en su sano juicio, actuaría contra natura, por muy irracional que sea en su postura política.

Por esta razón, según la teoría de Public Choice, la Constitución y las leyes deben contener normas que permitan conciliar, en términos eficientes y eficaces, el interés del representante electo y el burócrata designado con el interés de la comunidad, que los sostiene política y económicamente. En definitiva, así como el mercado requiere ser regulado para no caer en conductas que puedan dañar a la comunidad, el Estado también debe serlo, exactamente con el mismo fin.

Por lo tanto, cuando vivan tiempos de elecciones, la invitación está abierta a analizar las preferencias que se expresan por los candidatos y las propuestas que éstos presentan a la comunidad. Quizás, pueden corroborar alguno de los postulados de la teoría de Public Choice.

 
* Tatiana Arriagada Bustos es abogado de la Universidad Católica; LL.M. International Law, Georgetown University, D.C., EE.UU.; y directora del Área Judicial del estudio chileno Vergara Fernández Costa & Claro.