Tecnología y participación ciudadana en el proceso constituyente chileno

Danielle Zaror

El proceso constituyente chileno concita interés alrededor del mundo, porque es el primero que tendrá paridad en su integración, escaños reservados para pueblos indígenas y además, fue aprobado por una mayoría incontrarrestable de ciudadanos, sin producirse en un contexto de quiebre institucional.

Pero también llama la atención por representar un momento único para aquilatar todo el poder constructivo que puede tener la tecnología, en particular, en relación a la participación ciudadana.

Antes que nosotros, en 2012, Islandia puso en marcha un proceso deliberativo digital, pionero a nivel mundial, que se orientó a ser público, transparente y ampliamente inclusivo, para lo que se dispuso un mecanismo para documentar el diálogo y conclusiones, digitalmente.

Los ciudadanos aportaban ideas al debate a través de las redes sociales más usadas en esa década, como Facebook, Twitter (usado para divulgar en inglés las principales actividades de la Convención), Flickr y YouTube (discursos, entrevistas e intervenciones), al tiempo que una compañía islandesa de videojuegos desarrollaba un sitio web interactivo para que la redacción favoreciera la recepción de observaciones y aportes. La confluencia de todo hizo emerger a “la primera Constitución con una colaboración abierta”, cuyas versiones se encontraban en línea, semanalmente.

Los participantes debían conectarse con sus nombres reales, quedando siempre el órgano constitucional reteniendo la competencia de redacción definitiva. De esa forma, todos los ciudadanos podían acceder al sitio, comparar las versiones anteriores, incorporar comentarios a las actualizaciones y realizar sugerencias. Esas contribuciones eran procesadas por un comité especial y luego agregadas a la agenda de trabajo de la Convención para ser consideradas en la redacción de nuevas versiones del texto.

Asimismo, se creó un “colectivo semi-formal de individuos con interés en el proceso constitucional” denominado Equipo de Apoyo para el Análisis Constitucional. Ellos organizaban un “test de presión” a la Constitución, como un evento abierto a la ciudadanía que quisiera contribuir a someter a prueba el nuevo texto constitucional para encontrar sus fallos.

Un segundo tipo de plataformas digitales intervinientes fueron las audiovisuales. El amplio uso del streaming en las deliberaciones del Consejo fue la regla en las sesiones plenarias, que tuvieron una audiencia regular superior a lo esperado. Sin embargo, las reuniones de los comités se mantuvieron cerradas, con el fin de fomentar discusiones francas en la fase inicial de redacción de los borradores. Se transmitían, no obstante, aquellas reuniones de los comités que solicitaban la asesoría de expertos externos.

Un segundo caso novedoso es la redacción de la Constitución de Ciudad de México. En 2016, ese distrito federal aprobó una reforma constitucional que contempló la facultad de dotarse a sí misma de su primera Constitución Política.

Una de las primeras acciones fue la creación de un “Laboratorio para la Ciudad” (LabCDMX), una plataforma digital y metodológica para recibir y sistematizar todas las opiniones ciudadanas que se generarían en el proceso. Para esos fines usaron varios mecanismos innovadores.

El equipo de programación del LabCDMX en conjunto con el MIT Media Lab, desarrollaron y adaptaron la plataforma PubPub con el objetivo de albergar documentos. El objetivo original de esta herramienta fue recoger los ensayos de los integrantes del grupo redactor con las propuestas constitucionales y abrirlos a comentarios de la ciudadanía. Esto permitió, a la postre, una redacción con aportaciones colaborativas.

La plataforma Change.org México también se utilizó para albergar todas las peticiones del proceso constituyente, generando un proceso adicional de maduración de propuestas ciudadanas. Para el funcionamiento del mecanismo, se establecieron reglas relacionadas con el número de firmas de cada petición. En la jerarquía, por ejemplo, se excluían aquellas peticiones que fueran contrarias, o restringieran en alguna medida, a los Derechos Humanos. Las que fueran admisibles, recibirían un análisis de plausibilidad.

Las propuestas con 10 mil firmas serían presentadas al Grupo Redactor, cuyos miembros analizarían y comentarían con los ciudadanos la posibilidad de incluirla en el texto constitucional. Aquellas peticiones que superaran las 50 mil firmas, serían promovidas para integrarlas directamente en el proyecto de Constitución. Este esquema de compromisos claros y asequibles generaron expectativas claras y cumplibles entre los participantes, volviéndose un hito para plataforma, desde su creación.

Otra iniciativa que vale la pena mencionar es el sondeo masivo “Imagina tu Ciudad”, que consistió en 18 preguntas, cuatro de las cuales visualizaban sus respuestas en tiempo real.

También hubo “Encuentros Ciudadanos” autoconvocados. La plataforma contó con una herramienta para que cualquier persona o colectivo pudiera registrar y difundir los eventos organizados por los mismos ciudadanos, alrededor de la Constitución de la CDMX. Esta herramienta ofrecía una visualización de todos los eventos registrados en una línea del tiempo y una ficha por evento.

En ambos países existió una preocupación permanente por garantizar la participación de aquellos ciudadanos no conectados, brecha que en proporción, siempre afecta a los grupos más vulnerables. En el caso de Islandia, se buscó contactarlos por vía telefónica o a través de carta, además de convocatorias presenciales a los foros de discusión. En el caso de Ciudad de México, se utilizaron varios quioscos móviles que se encontraban ubicados en distintos puntos de la ciudad, por lo que se convocó a jóvenes para participar como brigadistas operadores de ellos.

Las posibilidades de participación que ofrece la tecnología en el proceso constituyente chileno son muchas. Poder establecer varios canales de comunicación permanente con los ciudadanos, contribuir con una inteligencia pertinente y colectiva al proceso de elaboración del texto constitucional para recibir las contribuciones de personas de todo el país, son todos aspectos que debe considerar el Reglamento Constitucional.

Tenemos una oportunidad inédita para usar la tecnología en su mejor potencial para generar un balance entre democracia directa y la representantiva y con ello contribuir a la igualdad entre todas las personas, igualdad a la que aspiran todas las sociedades.

 
Danielle Zaror Miralles es abogada, magister en derecho económico y doctora en Derecho. Es especialista en diseño institucional, regulación y tecnología.