SLAPP: luchando contra el uso abusivo del Derecho

El Derecho busca organizar las relaciones humanas y resolver los conflictos que surjan de ellas, pero ¿pueden sus mecanismos ser abusados? Esta pregunta ha causado un aumento en la concientización de las demandas estratégicas contra la participación pública o strategic lawsuits against public participation (SLAPP), las cuales se habrían vuelto una amenaza para la libertad de expresión de la población.

Las SLAPP son definidas por el Centre for Free Expression del Toronto Metropolitan University como “demandas interpuestas por particulares, empresas u otros para intimidar y silenciar a los críticos, obligándoles a librar batallas legales que serían extremadamente costosas y largas de combatir”.

Esta forma de “acoso judicial” se manifiesta principalmente en demandas por injurias y calumnias interpuestas por personas acusadas públicamente de algún crimen o acto inmoral, cuyos costos y penas asustan a sus críticos y fuerzan una autocensura.

“Es un fenómeno que históricamente se ha dado siempre, pero empezamos a observarlo con mayor frecuencia y mucha preocupación el año pasado con medios regionales”, dice Javier García, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas y director del Observatorio del Derecho a la Comunicación en Chile.

García se encuentra ahora llevando un caso de SLAPP que ha afectado al periódico regional chileno Resumen, de la ciudad de Concepción, el cual en 1 año, ha recibido 3 querellas por injurias y calumnias interpuestas por distintos funcionarios públicos, en respuesta a artículos críticos hacia ellos.

Una de estas querellas llegó a juicio y en primera instancia el Juzgado de Garantía condenó al comunicador a una pena de presidio y a una multa: “La situación nos parecía muy problemática y ese caso lo llevamos al Tribunal Constitucional para paralizar la condena. Ayer (martes 5 de marzo) se dieron los alegatos iniciales”.

Para el académico, este caso evidencia lo frágiles que son los medios de comunicación pequeños ante el acoso judicial: “Habíamos visto casos similares con medios grandes, como la Radio Bío-Bío o Canal 13, pero cuando este tipo de litigios se dirigen a medios locales, la situación es mucho más complicada, dado que son más vulnerables ya que no tienen abogados in-house. Entonces, les supone una inversión poder tener abogados, ya que desconocen estos procedimientos y cuentan con poco apoyo. Descubrimos que en Chile hay más casos de querellas contra los medios pequeños que contra los medios grandes, justamente por esa vulnerabilidad y, además, porque mediáticamente esos casos tienen menor repercusión y puede que el juez puede no sea tan cuidadoso a la hora de revisar los antecedentes”.

Cuando esta práctica afecta a medios pequeños, en la mayoría de los casos se ven obligados a llegar a un acuerdo con los demandantes, al no tener los recursos para poder costearse un largo proceso judicial.

García da como ejemplo el caso del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien se querelló por el delito de injuriass en contra del medio digital El Mostrador, específicamente, en contra de su director Federico Joannon y el periodista Carlos Saldivia. El caso terminó en un acuerdo que consistió en el retiro de la publicación y el medio dejó de publicar sobre el tema.

SLAPP y discriminación de género

Claudia Castelletti Font, encargada nacional de género de la Defensoría Penal Pública de Chile, dice que los SLAPP también se hacen presente en situaciones donde una mujer acusa, tanto por la vía jurídica como de manera informal por redes sociales, a personas que hayan pudieran haber cometido acoso sexual o violación, ya que los eventualmente responsables responden interponiendo una querella por injurias o calumnias.

“En la Defensoría nos dimos cuenta de que después del #Metoo y esta explosión de chicas que contaban sus experiencias de abuso en redes sociales, hubo un incremento en las querellas por injurias y calumnias. Notamos esto bastante en mujeres que denunciaban acoso sexual laboral y hechos ocurridos hace muchos años. Nos pareció extraño, porque cuando uno denuncia un hurto o robo, por más que la persona denunciada se considere inocente, no presentaba estas querellas: sólo ocurrían en delitos sexuales”, señala Castelletti.

La defensora cuenta que la organización diseñó una estrategia de defensa en contra de este tipo de querellas, destacando que en la mayoría de los casos tuvieron buenos resultados: “Logramos convencer a muchos jueces de que se trataba del derecho de las mujeres a expresar su dolor y que no era un delito, porque no se buscaba ir en contra del honor. Además, quienes se querellaban no buscaban una reparación por el daño a su honra, sino que querían que de desistieran de la denuncia por el delito de connotación sexual. Si la mujer estaba mintiendo, eso se vería en el juicio por delito sexual, pero los querellantes no querían pasar por tal proceso”.

Además, añade Castelletti, la principal dificultad para poder lidiar con estas denuncias está en las pruebas: “Al ser muchos de estos abusos sexuales hechos que ocurrieron hace más de 10 o 5 años, la prueba, principalmente biológica, es complicada de obtener, por lo que muchas veces nos encontramos en una situación donde es la palabra de uno contra otra”.

Un problema global

La problemática ha ido creciendo y el año pasado organizaciones periodísticas de Latinoamérica denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el auge de este fenómeno.

Los periodistas solicitaron a la CIDH y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión crear medidas para combatir el problema, incluyendo la elaboración de un informe temático sobre el impacto de este fenómeno en la región y la creación de un grupo de expertos que informen el desarrollo de estándares regionales sobre la denuncia de SLAPP.

“Este grupo habrá de contar con la participación de jueces, juezas, personas afectadas por el acoso litigioso, las organizaciones de la sociedad civil —aquí presentes—, la comunidad jurídica practicante, entre ellos, expertos en derecho civil, penal, procesal y administrativo”, puntualizó un comunicado de las organizaciones presentes.

Países como Canadá han ofrecido soluciones legislativas al problema, en la provincia de Ontario existe el Protection of Public Participation Act, promulgado en 2015, norma que de acuerdo a un estudio del Centre for Free Expression del Toronto Metropolitan University es la más fuerte del mundo.

La normativa permite que un demandado pueda presentar una moción para desestimar una SLAPP en las primeras fases del proceso de litigio por injurias y calumnias, para lo cual se deberá convencer al juez que lo expresado por el demandado se refiere a un asunto de interés público. Si un juez desestima la demanda, el demandado tiene derecho a recuperar la totalidad de sus costes legales (la regla normal en un litigio en Canadá sería recuperar solo el 50-60%).

Además, si el juez considera que el demandante actuó de mala fe o interpuso la demanda con un propósito indebido, le puede conceder al demandado en ese pleito, además de las costas sobre la base de una indemnización total, los daños y perjuicios que el juez considere apropiados. Finalmente, la norma evita que el demandante en el procedimiento original puede modificar sus alegaciones, con el fin de prevenir que el demandante intente continuar el procedimiento una vez es desestimado.

En la Unión Europea, el Legal Affairs Committee introdujo en 2023 una serie de reglas para la protección contra SLAPP dentro de los países miembros. Al igual que en la norma de Ontario, una persona víctima de un SLAPP puede solicitar el sobreseimiento anticipado de su causa y correspondería al demandante demostrar que la causa no es infundada. Los demandantes también cubrirían todas las costas procesales, mientras que las víctimas de SLAPPS tendrían derecho a una indemnización por los daños relacionados, incluido el daño a su reputación. Además, los Estados miembros deberán proporcionar asistencia legal, financiera y psicológica a las víctimas de SLAPP y recopilar datos pertinentes, especialmente sobre las decisiones judiciales.

El proyecto colombiano

Susana Echavarria, abogada de la Universidad de los Andes y coordinadora de proyectos de la Fundación El Veinte, señala que en Colombia ha ocurrido un incremento en el uso de SLAPP en el sistema judicial. La abogada destaca que la Fundación para la Libertad de Prensa registró en 2017 14 casos de acoso judicial, en 2018 38 casos y en 2019 66 casos: “Aparte, vi que en 2023 y lo que va de 2024, van 41 registros de casos de acoso judicial en Colombia”.

La coordinadora de El Veinte explica que, por un lado, las denuncias de injuria y calumnia por la vía penal son un mecanismo que es generalmente usado en los SLAPP, pero que en la gran mayoría de veces no llega a un juicio y muy rara vez termina en condena: “Encontrarse con una investigación criminal llevada por la Fiscalía es bastante intimidatorio y da muchísimo miedo a los periodistas, pero en la práctica vemos que no es una vía por la cual se castigue a periodistas. Ahora, desde la jurisdicción civil, la discusión es distinta”.

En los tribunales civiles colombianos, Echavarria cuenta que los demandantes buscan conseguir indemnización por daños a la reputación a través de acciones de responsabilidad civil extracontractual, siendo solicitado como pago por daños cantidades desproporcionadas de dinero que el demandado no puede pagar: “En el área penal hay mecanismos procesales para dar cuenta de la veracidad de la información que el demandado dijo sobre el demandante, pero en la jurisdicción civil los jueces fallan centrados únicamente en el estudio del daño y la responsabilidad civil, pero la discusión sobre la libertad de expresión y el valor de la información es más difícil de hacérsela entender a esos jueces”.

En ese aspecto, la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado al respecto. En sus sentencias T-452/22 y C-135/21 el tribunal estableció una serie de características para que los jueces puedan identificar cuando se encuentran frente a una situación de SLAPP, las cuales consisten en: el motivo de querella es silenciar una información, el demandante tiene amplios recursos para contratar servicios legales y pagar los costos del proceso judicial, existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes y el querellante formula pretenciones que son desproporcionadas o casi imposibles de satisfacer, como por ejemplo indemnizaciones millonarias.

Echavarria cuenta que desde la Fundación El Veinte buscaron también dar una solución al problema por medio de un proyecto de ley que usaba las definiciones establecidas por la Corte Constitucional: “Una de las medidas del proyecto era que el juez emita una sentencia anticipada en los casos en los que identifique este tipo de acciones; también añadimos una regla de que el demandado sea juzgado dentro de su territorio, ya que descubrimos que otra forma de ejercer el acoso judicial era introducir las querellas en territorios lejos del demandando, forzando a los periodistas a tener que comparecer ante Juzgados que no eran los de su domicilio. El proyecto también ordenaba el archivo de diligencias cuando el fiscal que está investigando el caso determina que se trata de un SLAPP”.

Tal proyecto eventualmente terminaría siendo archivado en el Congreso luego de algunas modificaciones que no le permitieron llegar a puerto. La coordinadora de proyectos de El Veinte señala que la creación de una ley que buscar hacer frente al SLAPP se encuentra con diversos obstáculos dentro del Congreso: “Es particularmente difícil porque son precisamente los políticos, los congresistas, las autoridades públicas, los principales promotores de las acciones de acoso judicial en Colombia, entonces cuando fuimos al Congreso con el proyecto de ley nos encontramos que políticos de orillas ideológicas totalmente diferentes presentaron reparos frente al proyecto de ley, pues sentían que iba a limitar de alguna forma el acceso a la administración de justicia”.

Una solución que no dañe derechos

La raíz del problema, según algunos abogados, estaría en la forma en que está tipificado las injurias y calumnias. En el caso de Chile, Claudia Castelletti señala que la figura jurídica no requiere de la presencia de un fiscal, sino que las denuncias en la materia se resuelven en un juicio de acción penal privada, donde es el querellante el que lleva la acción.

Javier García añade que al no existir la figura del fiscal en estos procedimientos, no hay un garante del proceso penal, lo que invierte la carga de la prueba al medio de comunicación o periodista denunciado: “Acabas obligando a los comunicadores a responder ante un tribunal, a destinarle parte de su tiempo y de su energía a tener que probar que su información era verídica, que no había malicia. Cuando está la Fiscalía se le obliga al querellante que argumente cuál es el daño y eso ocurre también el proceso civil, pero no en un proceso penal de injurias y calumnias”.

El director del Observatorio del Derecho a la Comunicación considera que una solución adecuada sería la creación de normas que sancionen la conducta del acoso judicial, lo que de por sí implicaría una serie de desafíos en su implementación: “Que haya SLAPP no significa que puedes probarlo judicialmente como ocurre con cualquier otro delito. Es importante de todas formas que exista un castigo, un reproche jurídico que puede ser como una multa, dado el daño que causan estos actos y puedan servir como mecanismos disuasorios”.

A pesar de ello, Castelleti considera que una alteración dentro del proceso judicial, como evitar juicios si la querella es hecha con motivo de acosar a un periodista, no sería una solución adecuada: “Tu garantía es el juicio, eso es lo que mucha gente no entiende, el juez no tiene cómo saber si una denuncia es verdadera o falsa sin un juicio. La única solución real a mí me parece es la educación, que seamos razonables con las cosas que hacemos y que en vez de buscar una solución legal, entender que existe una ética, que a veces olvidamos”.

 
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