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martes, 3 de agosto de 2021

internacional

Estudio regional evidencia carencia de marco institucional en el mercado de la abogacía

Seminario reúne a expertos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para presentar los principales puntos de inflexión encontrados en la investigación realizada sobre “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”.

- 11 marzo, 2021

La falta de control y una deficiente formación académica son dos elementos que tensionan al mundo jurídico. Ese es el diagnóstico contenido en el último estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) titulado “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”.

En un seminario realizado por la organización continental para dar a conocer los resultados del análisis, se explicó que la muestra regional incluyó a cinco países: Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México, llevándose a cabo -en cada uno- una recopilación de información en profundidad para retratar un panorama más acabado, sobre la situación actual de la profesión en Latinoamérica.

En ese contexto, el consultor internacional del CEJA y uno de los directores de la publicación, Alberto Binder, sintetizó parte de los resultados comentando que lo recogido en la investigación devela que la profesión está sujeta a tensiones muy particulares provenientes del desarrollo de la democracia y otras, propias del ejercicio mismo de la abogacía.

“Tenemos un problema de mucha necesidad jurídica insatisfecha y mucha abogacía subempleada. Existe una tensión muy fuerte en la organización del mercado de la abogacía”, afirmó Binder, que de paso apuntó también a una insuficiente claridad respecto al “marco institucional” al cual responden las y los abogados. “Hay una escasa preocupación inclusive en las asociaciones profesionales sobre cómo se va configurando el mercado de la abogacía”, concluyó el consultor internacional.

Controles y acceso a la justicia

Otro de los problemas revelados en el análisis fue la falta de sistemas de control de malas practicas profesionales, enfatizando que pretender que esto es sólo un problema ético, es una grave equivocación: “La mala praxis es la prestación de un servicio amañado, o de muy baja calidad, que reclama un tipo de control totalmente distinto al de la autorregulación ética de los propios abogados”.

Junto con lo anterior, se detectó un escaso seguimiento de los tribunales de ética de los colegios de abogados, o los sistemas que cumplen esta función. “En general es casi imposible encontrar cuáles son sus decisiones o parámetros”, explicó Binder sobre el funcionamiento de los órganos colegiados.

Posteriormente, el director del Área de Estudios y Proyectos del CEJA, Marco Fandiño, se refirió a los elemento prioritarios del estudio. Entre ellos, destacó la forma cómo se vinculan, hoy por hoy, el ejercicio profesional y el acceso de la justicia en América Latina.

En este sentido, una de los problemas encontrados durante los últimos años sobre este fenómeno, tiene que ver con una paradoja presente en la región: el incremento del número de profesionales no desemboca directamente en mayor acceso a a justicia. “América Latina se ha convertido en un continente en cual ha existido un aumento exponencial de la cantidad de abogados, pero por otro lado nos encontramos con que hay un crecimiento de las personas que no pueden ver resueltos sus conflictos”, aclaró.

Formación excesivamente legalista

En tanto, María José del Solar, investigadora del CEJA y una de las autoras de la publicación, abordó la interpretación de los resultados obtenidos, subrayando la deficiente formación académica que se percibe en la región, de lo cual se desprende que la enseñanza excesivamente legalista y memorística aparece como uno de los obstáculos más importantes.

”Algo muy relevante es que la norma como única fuente de derecho se entiende como un elemento neutro, que no requiere de un análisis en el contexto social en el cual va a ser aplicado. Y por lo tanto, no pareciera relevante el impacto diferenciado que su aplicación puede tener respecto determinados grupos al interior de una misma sociedad”, comentó del Solar, quien también explicó que bajo esta lógica “el aprendizaje no requiere un carácter de análisis crítico de cómo aplicarla o interpretarla, es más bien un aprendizaje de carácter memorístico”.

Además, la formación jurídica presenta otro elemento crítico vinculado al proceso de expansión de la oferta universitaria: la proliferación de centros educativos no necesariamente ha estado acompañado de un criterio de calidad.

“Es un criterio que se vuelve relevante cuando hablamos que la equidad. También requiere cumplir con ciertas condiciones de horizontalidad entre las distintas instituciones, en las cuales, la variable de prestigio se vuelve determinante para el posterior posicionamiento profesional de las y los estudiantes de derecho”, puntualizó la abogada.

Para ver el seminario en su totalidad pueden acceder a este enlace.

 
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