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sábado, 20 de julio de 2024

internacional

Se realizará diagnóstico en Chile sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad

El proceso incluirá la realización de una encuesta que se aplicara en los próximos meses. Esta encuesta podrá ser respondida por estudiantes de pregrado de Derecho de diversas universidades en distintas regiones del país, notarios, magistrados y abogados en ejercicio.

- 25 junio, 2024

El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) centro de investigación que estudia el cuidado y acompañamiento de personas mayores, personas con discapacidad y a sus cuidadores, en colaboración con la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Chile, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y el Grupo Infancia y Justicia, realizarán el primer proceso de investigación a nivel nacional de metodología mixta orientado a identificar barreras y facilitadores en acceso a la justicia para personas con discapacidad.

acceso a la justicia para personas con discapacidadMarcela Tenorio

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación Interacciones Cuidadosas en Justicia, que tiene por objetivo principal comprender la percepción de jueces, notarios, abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho hacia personas con discapacidad en Chile, con el fin de diseñar y validar un modelo de trabajo que incluya un conjunto de ejercicios adaptados que facilite el acceso a la justicia del colectivo de interés.

El proyecto, financiado por el Fondo Bidirectional Commitment in Innovation (BIci) de apoyo a la Investigación y Desarrollo Comprometidos con la Sociedad, considera diferentes etapas que involucran tanto a las propias personas con discapacidad como a integrantes del sistema de justicia.

“Interacciones Cuidadosas en Justicia es un proyecto de investigación aplicada. La información obtenida permitirá, en primera instancia, construir conocimiento. Podremos comprender cómo están las actitudes y qué ideas hay en diferentes grupos de interés sobre las personas con discapacidad. Este proceso nos permitirá trabajar en intervenciones de nicho, basadas en características que son propias de cada grupo”, cuenta Marcela Tenorio, directora alterna de MICARE.

acceso a la justicia para personas con discapacidadElisa Walker

Tenorio señala que hay tres desafíos que son particularmente urgentes y relevantes en el proceso de lograr una justicia adaptada para personas con discapacidad: “Es urgente avanzar en la derogación de la interdicción por demencia como figura para personas con discapacidad a fin de avanzar un sistema que respete la plena capacidad jurídica y con un sistema de apoyos y salvaguardas; es importante mejorar el acceso a la información, siendo este tal vez el elemento que más reclaman las personas con discapacidad y sus grupos de interés asociado y; se hace necesario un trabajo enfocado en el cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad en los diferentes operadores de justicia”.

El diagnóstico nacional incluirá la realización de una encuesta que se aplicara en los próximos meses. Esta encuesta podrá ser respondida por estudiantes de pregrado de Derecho de diversas universidades en distintas regiones del país, notarios, magistrados y abogados en ejercicio.

“Los obstáculos que viven las personas que tienen alguna discapacidad para acceder al sistema de justicia genera una situación de indefensión hacia ellas. Como Colegio de Abogados tenemos dentro de nuestras funciones velar por el irrestricto respeto de los derechos humanos. Por lo mismo, estamos comprometidos para sacar adelante este diagnóstico, ya que va a representar un insumo de gran valor para efectos de colaborar para que los derechos de todas las personas sean respetados en el contexto del acceso a la justicia”, comenta Elisa Walker, consejera y presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados.

Las representantes de MICARE y el Colegio señalan que hasta la persisten desafíos adicionales debido a la carencia de políticas y programas concretos para este colectivo, lo que evidencia la urgencia de abordar la falta de armonización legislativa y consulta vinculante en el sistema judicial chileno.

“En primera instancia, se requiere de un trabajo político, a nivel legislativo, que permita avanzar en un nuevo modelo de capacidad jurídica para Chile, ahora alineado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, Naciones Unidas). La entrada del lenguaje claro y la Lectura Fácil son dos estrategias que pueden impulsar nuevas formas de participación en el sistema. Es también importante mejorar la formación e implementación de Ajustes Razonables y Ajustes de Procedimiento en el sistema. En este sentido, la figura del Intermediador Judicial, ya testeado en otros países, parece particularmente interesante”, añade Tenorio.

 
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