Aciertos y oportunidades del Proyecto de reforma de pensiones en Chile

Ricardo Muza Galarce

Ricardo Muza Galarce

El pasado 6 de noviembre de 2018 bajo el Boletín N° 12.212-13 el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que “mejora el sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia” (el Proyecto).

El Proyecto pretende abordar integralmente uno de los principales desafíos que tiene y tendrá Chile en su futuro más próximo, cual es, mejorar las pensiones en un mundo con una creciente expectativa de vida, un insuficiente ahorro obligatorio y una rentabilidad decreciente del portafolio que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Un tema esencialmente árido e impopular, cuyos ejes intentaremos abordar en forma breve y simple.

Vamos punto por punto en lo que es fundamental, el Proyecto conceptualmente indica que un incremento del 40% en la tasa de cotización, aumentaría las pensiones del nuevo sistema en un 40% – acercando la tasa de reemplazo a porcentajes más próximos al 50% o 60% – sin embargo esto asume que tanto la expectativa de vida como la rentabilidad histórica se mantienen. Precisamente, la rentabilidad del sistema década por década ha descendido en promedio de un 12% a un 4% y fracción real anual, de acuerdo a lo que indica el mismo mensaje del proyecto. Lo anterior sin considerar una creciente expectativa de vida en Chile.

El proyecto intenta paulatinamente acercar a Chile al estándar OCDE de contribuciones, no obstante, si las rentabilidades continúan con su tendencia decreciente y la expectativa de vida aumenta, ambos supuestos con un más que razonable grado de probabilidad, el efecto de una mayor contribución podría diluirse en el mediano plazo e incluso ser negativo, al no ser suficiente el aumento en la cotización para compensar los cambios en las referidas variables.

En lo que respecta a la competencia el Proyecto no incorpora un sistema de competencia simple y directo sobre el total del monto cotizado por concepto de previsión. El sistema propuesto no aborda —de este modo— las barreras de entrada por la competencia del 10% actualmente cotizado, y de alguna forma crea alternativas complementarias de competencia, pero también una doble comisión que podría inclinar al cotizante actual a mantenerse en el régimen de AFP para el 4% adicional.

Por doble comisión, debe entenderse la de la AFP por sobre el 10% y la potencial segunda comisión por la administración del ahorro complementario en caso de que quien administre no sea una sociedad relacionada a una AFP. Así, de esta forma, se produce una curiosa coincidencia con el proyecto de la segunda administración de la ex Presidenta Bachelet, pero en lugar de existir una posición de exclusividad para el administrador estatal del ahorro excedentario, se produce de facto este efecto con las AFP.

En lo que concierne al aporte del empleador, este es esencialmente nominal, pues salvo para los empleados que perciben el sueldo mínimo o empleados públicos, la ley chilena, este tipo de cargas impuestas por la ley tienen habitualmente como consecuencia menores ajustes salariales en el mediano plazo, así como mayor desempleo, que es lo que el Proyecto intenta estimar en su análisis financiero. El mayor plazo de este aporte es una manera de hacer más paulatino este efecto y aminorar los efectos negativos del mismo.

Por el lado de las oportunidades, el Proyecto no aborda aspectos relevantes para la discusión del tema de las pensiones en una sociedad como la chilena, entre ellos:
a) la creciente expectativa de vida, que debería traer aparejada un aumento en la edad de jubilación en forma automática;
b) un mayor aumento del porcentaje de cotización previsional en línea con el promedio de los países OCDE, más bien cercano al 18%, para asegurar mejores tasas de reemplazo futuras;
c) mayor competencia, sobre el total de los fondos previsionales;
d) comisiones de carácter variable, según rentabilidad, para las AFP y administradoras de planes de ahorro complementario, para generar con una herramienta de mercado un aliciente para mejorar las rentabilidades;
e) sistemas de incentivo más fuertes para las empresas en el sentido de incentivos tributarios para hacer un match de las contribuciones de los empleados; y,
f) permitir préstamos de los trabajadores contra sus propios fondos con tasas mínimas de rentabilidad equivalentes a la rentabilidad de los fondos, para evitar el pago de altas tasas en créditos de consumo a intermediarios financieros, aumentando así el ingreso líquido disponible de los empleados y generando un sentido de pertenencia sobre los fondos previsionales, todo ello garantizado mediante el pago de remuneraciones y montos que se pagasen contra el término de la relación laboral en el finiquito.

En resumen, el Proyecto representa un considerable avance en poner sobre la mesa un tema de por sí difícil, pero no aborda al menos los seis aspectos reseñados.

Personalmente creo que el Presidente Piñera está perfectamente al tanto de estos vacíos y que el hecho de no abordarlos puede obedecer a una decisión estratégica de avanzar paulatinamente, postergando estos aspectos a un segundo proyecto, de ser aprobado este primero.

 
Los dichos y opiniones expresadas en este sitio sólo representan a su autor y no necesariamente representan las de Pfizer.

 
* Ricardo Muza Galarce es abogado de la Universidad Católica de Chile, LLB y LLM de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es Director Legal Regional de Pfizer para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.