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Revista de CEJA e INECIP evidencia impacto de la tecnología en los sistemas judiciales del continente durante la pandemia
Un completa radiografía del enorme impacto que el Covid 19 tuvo en la operatividad de los sistemas judiciales del continente y cómo de distinta manera tuvieron que salir adelante para tramitar sus causas apoyados por la tecnología es el tema central de una nueva edición de la Revista de Sistemas Judiciales, presentada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA-OEA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales con sede en Argentina (INECIP).
- 28 octubre, 2021
Claudio Soto
csoto@idealex.press
Si bien, señala la publicación, hasta antes de decretada la pandemia (marzo de 2020) la irrupción de la tecnología en la administración de justicia era reconocida, el aislamiento de la población y la suspensión de plazos obligaron a su incorporación forzosa y cotidiana para poder sostener la entrega del servicio, lo que fue desigual en muchos países.
“En este marco, se agudizaron los debates acerca de los límites y posibilidades de los medios telemáticos en los sistemas de justicia. Si bien las discusiones iniciales se centraron en la realización de audiencias (y particularmente en la de juicio oral), luego se extendieron y abrieron debates aún no saldados sobre la potencialidad y los riesgos de la tecnología”, señalan los editores de la publicación, Gonzalo Rua, juez penal de Buenos Aires y Leonel González Postigo, director de capacitación de CEJA.
Impacto
Según la Revista, la propia emergencia sanitaria y el uso de la tecnología vino a suponer una tensión permanente.
Por un lado -señala su editorial- “hay una tradición tecnocrática que pone el énfasis en la eficiencia y eficacia del uso de los medios tecnológicos en el sistema judicial, planteando -por ejemplo- que las decisiones jurisdiccionales podrían adoptarlas máquinas de un modo automático. Esta idea se basa en que muchas decisiones que actualmente se toman en un juicio oral podrían preverse y a partir de la configuración de ciertos algoritmos se podría proyectar una decisión”.
Sin embargo, agrega, “hay otra corriente que, si bien sostiene la necesidad de hacer uso de la tecnología y problematizar alrededor de ella, entiende que debe hacerse al servicio del fortalecimiento del sistema por audiencias y los valores de los procesos orales. Un ejemplo está dado por el uso de la tecnología para dinamizar el funcionamiento de las oficinas judiciales o de gestión de audiencias para profesionalizar la gestión del sistema”.
Causas atrasadas
En un contundente apartado de reflexiones, y ante la evidente sobrecarga de causas una vez retomada la normalidad, un grupo de profesionales de variados países del continente, señalan que en los sistemas penales el asunto es más grave, puesto que esta dilación afecta garantías y derechos de las personas.
“En el ámbito del sistema de justicia penal, estas dilaciones son aún más graves, pues se enfrentan casos donde existen personas privadas de libertad a la espera de decisiones sobre sus causas, imputados en libertad que esperan una decisión definitiva sobre sus situaciones particulares, víctimas que poseen legítimas demandas de resolución y justicia”, señalan.
Las complejidades –enfatiza la publicación- resultan aún más profundas si se observan los mecanismos a través de los cuales se canalizan, debaten y resuelven los casos, en un sistema penal de naturaleza acusatoria y adversarial que opera a través del sistema de audiencias orales, concentradas y contradictorias, que suponen interacciones entre los operadores y los litigantes y entre los propios litigantes. A ello se agrega las necesarias relaciones y vinculaciones entre los litigantes y los testigos o peritos y entre los abogados y sus clientes.
“Todo ello, en el contexto de una audiencia no resulta sencillo de trasladar a una plataforma electrónica para desarrollarla de modo remoto”, indican los profesionales.
Asimismo, visualizan un peligro de retrocesos en los sistemas orales y adversariales hacia soluciones temporales de escrituración por vías electrónicas, volviendo a una lógica de comunicación y debate asincrónico, falta de transparencia y de control de la calidad de la información. “Estas eventuales soluciones temporales tienden a permanecer e incorporarse en la práctica dañando las bases del sistema penal oral, acusatorio y adversarial”, se enfatiza.
Estructura de la publicación
La revista, que ha contado con la coordinación de Ignacio Andrioli y Laura Cora Bogani, abre la entrega con la Editorial a cargo de sus directores Gonzalo Rua y Leonel González Postigo.
Luego se desarrolla el Tema Central que visibiliza ocho experiencias latinoamericanas en la relación entre la justicia y la tecnología desde la labor e intervención cotidiana. Las vivencias son relatadas por Genoveva Ferrero, Sergio Muñoz Gajardo, Daniela Dupuy, Laura Verdín Brenist, Alejandra Alliaud, Carlos Núñez Núñez, Ana María Ramos Serrano, Julio Rodríguez y Mariano Renolfi.
En el apartado Reflexiones se describen algunas áreas críticas entre la justicia y la tecnología desde seis posturas investigativas. Algunas se vinculan con la inteligencia artificial y la inteligencia criminal, las reglas de admisibilidad de la prueba, los desafíos de las oficinas judiciales, la tecnología en los procesos penales, los protocolos de realización de audiencias telemáticas en el marco del COVID-19 y los riegos de sustanciación de juicios penales por jurados a través de medios virtuales.
En Tema Generales se incluye un trabajo sobre la necesidad de producir información estadística para la toma de decisiones. Se menciona el caso de la Procuración General de la República de Panamá.
En el apartado Debates se reflejan las entrevistas realizadas por Ignacio Andrioli a cuatro especialistas de la región, alrededor de tres cuestiones: ¿cómo reaccionó el Poder Judicial a la pandemia?, ¿cómo se ha hecho en las peticiones de libertad? y ¿cómo han sido las evaluaciones en relación a los juicios orales en el formato virtual?
Finalmente, en Reseñas Bibliográficas se abordan las publicaciones Estudio comparado sobre las reformas procesales civiles en América Latina (CEJA) y la Colección Jurados y participación ciudadana en la administración de justicia (INECIP).