Reuters analiza faltas a la ética de abogados en EEUU

Desde el inicio de la década actual, en 2021, se han registrado diversos casos éticos y penales que involucran a abogados en distintos países de la región, entre ellos Guatemala, Chile y Perú. Varias de estas situaciones han sido analizadas previamente en idealex.press a través de distintos artículos que han dado cuenta de un fenómeno presente en el ejercicio de la profesión jurídica.

Con el comienzo de un nuevo año, Reuters publicó un artículo en el que destaca una serie de casos de faltas a la ética y a la conducta profesional de abogados en Estados Unidos que prometen generar amplio debate durante 2026.

La casa siempre gana

Un caso relevante es el de Tom Goldstein, jurista radicado en Washington, litigante ante la Corte Suprema de Estados Unidos y ampliamente conocido en el ámbito legal estadounidense por ser uno de los fundadores de SCOTUSblog, plataforma dedicada al seguimiento de los casos del máximo tribunal desde la etapa de certiorari hasta la resolución de fondo. Desde comienzos de 2025, Goldstein enfrenta 22 cargos por evasión de impuestos federales.

Tom Goldstein. Fuente: Wikimedia

Según la acusación de la fiscalía, el profesional habría utilizado su estudio jurídico para efectuar pagos indebidos destinados a cubrir deudas derivadas del juego y obligaciones tributarias impagas. Los fiscales sostienen que, durante años, mantuvo un elevado nivel de gastos personales, que incluyó la participación en partidas de poker de alto monto, en las que llegó a ganar y perder millones de dólares. El núcleo del problema, de acuerdo con la Fiscalía, radica en que dichas ganancias no fueron declaradas ante el fisco y que, además, se habrían mezclado con fondos de su antiguo bufete, Goldstein & Howe.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el abogado se adentró en el circuito del poker de alto riesgo tras seguir transmisiones televisadas del juego en ESPN, instancia en la que aprendió sus reglas. Con el paso del tiempo, comenzó a requerir nuevas fuentes de financiamiento, lo que lo llevó a solicitar préstamos a socios comerciales y, según la acusación, incluso a la propia firma legal de la que era parte.

A estas imputaciones se sumaron denuncias por presuntos episodios de relaciones sentimentales, que incluirían pagos a mujeres que figuraban en la nómina del estudio con contratos simulados. Goldstein ha negado haber cometido infracciones legales de manera consciente y sostuvo en escritos judiciales que los errores en sus declaraciones tributarias se debieron a la negligencia de los profesionales encargados de su contabilidad. El abogado, quien se declaró inocente, rechazó en dos oportunidades un acuerdo con el Departamento de Justicia que implicara el reconocimiento de responsabilidad.

Si bien la jueza federal Lydia Kay Griggsby desestimó el mes pasado los cargos vinculados a los pagos a mujeres, las imputaciones relacionadas con la evasión fiscal continúan su curso. El proceso judicial avanzó con la selección del jurado, iniciada el 12 de enero en Greenbelt, un suburbio de Washington, en el estado de Maryland, y el juicio se encuentra actualmente en desarrollo.

⁣Todos los hombres del presidente

En febrero, John Eastman deberá responder ante la Corte Suprema de California en un procedimiento que podría culminar con la revocación de su licencia profesional. El abogado formó parte del círculo de confianza de Donald Trump y fue uno de los principales impulsores de las estrategias destinadas a revertir la derrota del entonces presidente en las elecciones de 2020.

John Eastman. Fuente: Gage Skidmore

En junio, el Departamento de Revisión del Tribunal del Colegio de Abogados del Estado de California concluyó que Eastman infringió normas éticas al inducir a error a los tribunales y formular declaraciones falsas en el contexto del proceso electoral que llevó a la salida de Trump de la Casa Blanca.

Al jurista se le imputa la elaboración de memorandos legales en los que planteaba que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la facultad de rechazar los votos electorales de varios estados clave durante la sesión del Congreso destinada a certificar el resultado de los comicios de 2020. Además, representó a Trump en una acción judicial sin éxito, considerada jurídicamente inviable, que pretendía anular sufragios en cuatro estados donde el exmandatario había sostenido, sin pruebas, la existencia de un fraude electoral masivo.

Eastman ha defendido la solidez de sus planteamientos jurídicos y sus afirmaciones sobre el proceso electoral, asegurando que actuó de buena fe. En septiembre, solicitó al máximo tribunal estatal que desestimara las conclusiones del panel disciplinario, calificando la acusación del Colegio de Abogados como partidista y exhortando a los magistrados a “restablecer la imparcialidad”.

Por su parte, el Colegio de Abogados del Estado, en un escrito presentado el 12 de diciembre, pidió a la Corte Suprema confirmar la recomendación de inhabilitación. En el documento, describió la conducta del abogado como “flagrante” y contraria a los principios de honestidad, transparencia y respeto al Estado de derecho.

Sábanas y honorarios

Durante más de 2 años, el U.S. Trustee, organismo dependiente del Departamento de Justicia encargado de supervisar los procesos de quiebra, ha presionado al bufete texano Jackson Walker para que reintegre los honorarios que le fueron aprobados por el juez de quiebra David Jones, con sede en Houston. El escándalo estalló luego de que el magistrado, hoy retirado, revelara haber mantenido una relación sentimental con Elizabeth Freeman, socia de la firma, lo que generó serias dudas éticas y abrió un manto de incertidumbre sobre los pagos recibidos por el estudio jurídico en decenas de procedimientos.

Fuente: Jackson Walker LLP

Según ha sostenido el administrador, dicho vínculo “creó un campo de juego desigual para todas las partes involucradas en los asuntos que Jackson Walker litigó ante el juez Jones”. De acuerdo con Reuters, Jones fue en su momento el magistrado de quiebras más activo del país y estuvo a cargo de procesos como los de JCPenney, Neiman Marcus, Party City y Chesapeake Energy, entre otros. El juez renunció en octubre de 2023, tras hacerse pública su relación con Freeman.

El bufete enfrenta múltiples demandas derivadas de decisiones adoptadas por Jones, quien habría impedido a terceros presentar acciones laborales y por daños contra clientes de la firma y de Freeman. Entre los casos destaca el de Bardia y Bahary Dejban, exdirector ejecutivo y exconsejero general de Volusion, respectivamente.

Ambos demandaron a la empresa por discriminación y reclamaciones laborales antes de que esta se declarara en quiebra en 2020 en el Distrito Sur de Texas. Posteriormente, Volusion contrató a Jackson Walker y las acciones de los hermanos fueron desestimadas por el juez Jones, quien incluso los amenazó con sanciones si persistían.

Además, el estudio jurídico enfrenta demandas de otras personas que alegan haber sido perjudicados en sus inversiones por la relación personal del magistrado en causas bajo su supervisión.

Jackson Walker ha sostenido que Freeman engañó a la firma al asegurar que su vínculo con Jones había terminado en marzo de 2020, para luego reconocer, dos años después, que la relación se había reanudado. Asimismo, el despacho argumenta que el U.S. Trustee no tiene legitimación para exigir la restitución de los honorarios profesionales percibidos.

Paralelamente, el bufete ha intentado alcanzar acuerdos con antiguos clientes involucrados en procesos concursales presididos por Jones, defendiendo que actuó de manera responsable frente a la situación. Sin embargo, dichos entendimientos permanecen en suspenso luego de que otra jueza los cuestionara, al considerarlos un intento de eludir su autoridad judicial.

La controversia quedó nuevamente en evidencia durante una audiencia celebrada el 9 de diciembre ante el juez jefe de quiebras, Eduardo Rodríguez, en Houston.