Regulación hídrica: un desafío para el mundo público y privado

En Países Bajos existen los Waterschap, organismos encargados de administrar ríos y canales, regular el caudal de los cursos de agua, gestionar el drenaje, recolectar aguas, prevenir inundaciones y erosión, además de garantizar el suministro potable. Estas instituciones de regulación hídrica, independientes tanto del gobierno central como del municipal, funcionan desde mediados del siglo XII.

Cristian Núñez

En América Latina la situación es más desordenada. Fundación Chile, mediante su iniciativa Escenarios Hídricos 2030, identificó que en el país existen 56 entidades públicas con atribuciones vinculadas al agua. Esa dispersión genera descoordinación y, según especialistas, ralentiza la capacidad de impulsar soluciones, debido a la gran cantidad de permisos sectoriales requeridos para ejecutar proyectos. Además, Chile es el único miembro de la OCDE que carece de organismos de cuenca formales.

“Uno de los principales desafíos es lograr una adecuada coordinación entre instituciones. Cuando iniciamos los trabajos con las mesas estratégicas, siempre nos dicen ‘ojalá hubiera que golpear solo tres puertas’, pero en realidad deben ser 10 o 20, porque no está claro quién tiene la responsabilidad ni con quién corresponde hablar. Existe la deuda de implementar una subsecretaría del agua u otro ente que consolide estructuras o centralice procesos, ya que la gestión integrada del recurso hídrico en Chile es muy limitada”, explicó Cristian Núñez, subdirector nacional de la Dirección General de Aguas, durante la Expo Agua Santiago 2025, realizada el 13 y 14 de agosto.

Núñez añadió que también es fundamental que las comunidades estén debidamente organizadas. Un ejemplo es el caso de los sistemas acuíferos: existen 750, pero solo hay 17 comunidades de agua subterránea.

“Si no contamos con más organizaciones de este tipo, ninguna legislación servirá en ese territorio. Las comunidades deben estar conformadas para medir efectivamente cuánto se extrae y, en caso de aplicar una norma de gestión, garantizar que se cumpla correctamente, en lugar de que solo acaten quienes reportan sus caudales, porque lo actual es muy insuficiente”, dijo.

Los beneficios del mundo privado

Gonzalo Jaramillo

Gonzalo Jaramillo, director de infraestructura de Fundación Anglo American, comentó que mover proyectos, incluso pequeños, consume mucho tiempo, lo que hace más atractivas las opciones privadas: “Todos sabemos que lo que menos tenemos es el tiempo, sobre todo cuando hablamos de agua. Ante eso, el mundo privado generalmente comienza a actuar por cuenta propia, con distintos actores, tratando de observar qué hace el resto y buscando información que muchas veces no está disponible. El problema es que el sector privado no puede reemplazar la política pública, solo colaborar con ella. Y ahí es donde se genera la duda: ¿hasta dónde llega su intervención?”.

Jaramillo también señaló la gran cantidad de información dispersa sobre el estado del agua, que proviene de universidades, ONGs, servicios sanitarios rurales y juntas de agua, pero que no se consolida en una sola visión, lo que dificulta una toma de decisiones adecuada. “El sector privado en general es ágil para implementar, decidir y movilizar recursos, pero tiene un límite, y hoy estamos muy por encima de lo que sería razonable”, agregó.

Juan José Crocco

Juan José Crocco, cofundador y director de Cuencas Chile, advirtió que confiar en un cambio legislativo estructural para resolver la desorganización en Chile significa aplazar demasiado la solución: “Tiendo a mirar al sector privado, donde podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por ley, y observar qué actores públicos tienen una interfaz más flexible para enfrentar la fragmentación».

«El problema es evidente, y desafío a cualquiera a responder quién es competente para hacerse cargo del río Mapocho si apareciera una mancha de petróleo. Cuando trabajaba en la DGA llegaban hasta 15 servicios públicos distintos a mirarse entre sí sin saber quién debía actuar”, añadió.

El abogado también señaló que el sistema de comunicación con la autoridad sigue regido por la lógica de la carta en papel, que debe presentarse en oficina, lo cual desincentiva la participación privada: “Eso genera un problema práctico, que es cuánto demora una respuesta sobre un recurso que necesito usar todos los días. Los plazos suelen ser demasiado lentos».

Además, Crocco destacó que en Chile no se cuenta con un censo hídrico: «Si queremos avanzar hacia organismos de administración de cuencas, debemos primero saber quiénes residen efectivamente en la cuenca de Santiago”.

¿Ausencia de liderazgos?

Ulrike Broschek

Una de las soluciones en discusión en Chile es la propuesta del Ministerio de Obras Públicas de crear la Subsecretaría del Recurso Hídrico, que oriente a las instituciones con competencias sobre el agua. Actualmente, la iniciativa se analiza en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.

Al respecto, Cristian Núñez señaló que la propuesta permitiría que el desarrollo de proyectos quedara bajo una sola línea de gestión y se generaran sinergias en términos de trazabilidad: “Si se otorga permiso para modificar un cauce, puede ser otro servicio o un privado el que ejecute el proyecto. En cambio, bajo una subsecretaría, ese tipo de acciones serían parte de un continuo, con monitoreo y verificación permanente”.

Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, coincidió con Núñez y agregó que el principal problema es la ausencia de liderazgo y de una entidad coordinadora con mirada transversal que trascienda a los cambios de gobierno.

Cada cuatro años, dijo, con cada nuevo mandato, se redefinen mesas de agua, comisiones y propuestas, «que luego no avanzan en su implementación».

«Necesitamos una institución que garantice continuidad a lo que se diseña. Observamos que la Dirección General de Aguas concentra gran parte de las funciones de liderazgo; por ello, podría elevarse su jerarquía y convertirse en una Autoridad Nacional del Agua. Dado el sentido de urgencia, es una entidad que ya cuenta con atribuciones legales, por lo que el proceso sería rápido”, propuso.

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Menos autoridades regionales y más coordinación con los privados

Bernardo Sánchez, profesor de derecho ambiental en la Universidad del Rosario y docente de aspectos legales en los posgrados de evaluación y gestión ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, comenta que en Colombia existe la política de Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) desde 2010.

Esta define objetivos y estrategias de largo plazo para la administración del agua mediante la conservación de la oferta, la optimización del consumo, la mejora en la calidad, la prevención de riesgos y el fortalecimiento institucional. En el plano normativo, se han identificado más de 70 disposiciones —entre leyes, decretos y resoluciones— enmarcadas en regulaciones generales como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Bernardo Sánchez

“Personalmente, creo que debería haber menos autoridades regionales, partiendo de la lógica de las unidades hidrogeográficas, reduciendo las actuales 33 a un número cercano a 12”, señala Sánchez respecto de los organismos encargados de la gestión, divididos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y diferentes entidades locales. Añade que los proyectos de asociaciones público-privadas han logrado acelerar la provisión de agua, el saneamiento básico y contribuir a paliar el déficit de infraestructura.

“A pesar de algunos casos exitosos, los proyectos pueden enfrentar riesgos regulatorios, tarifarios o de demanda que deben manejarse de forma adecuada para atraer al sector privado. En ocasiones, la participación empresarial ha generado controversias por el aumento de tarifas o por la percepción de control sobre el recurso», advirtió.

También habría debilidad institucional en varios municipios, los cuales carecerían de capacidad técnica y financiera para estructurar y supervisar proyectos complejos bajo este esquema. En esos casos, explica, se cuenta con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP)”.

Sánchez destaca que la Constitución colombiana reconoce la participación ciudadana en temas ambientales como un derecho fundamental en su artículo 79: “Este marco legal tiene distintos grados de aplicación según la región». Mientras en algunas funcionaría adecuadamente, en otras muestra debilidades estructurales, reduciéndose a un requisito formal más que a un verdadero proceso participativo. Además, como ocurre en gran parte de América Latina, «los trámites administrativos y las instancias judiciales suelen ser excesivamente lentos”.

A diferencia de Chile, el profesor subraya que en Colombia la política hídrica se ha manejado como una estrategia de Estado y no suele estar condicionada por coyunturas de gobierno: “Es crucial que los futuros abogados comprendan que el derecho ambiental debe estar al servicio de un ecosistema que garantice la vida humana. El jurista no puede limitarse a la norma positiva; debe apoyarse en la ciencia, la tecnología, la economía y la ética. Solo en ese marco se logrará una aplicación efectiva de la ley que, más allá de lo legal, sea también legítima”.

Demasiados cocineros en la misma cocina

En Perú, la normativa que regula los desagües se centra principalmente en el saneamiento, lo que incluye agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Esta se rige bajo la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N.° 26338), mientras que la Ley de Recursos Hídricos (N.° 29338) regula el uso y manejo del agua en general, incluyendo la residual.

En ese contexto, Carlos Arrese Pinillos, profesor de derecho ambiental de la Universidad Continental, opina que los datos históricos muestran que el Estado peruano ha sido ineficiente en la construcción de infraestructura hídrica.

Carlos Arrese Pinillos

“En general, tenemos buenas normas, pero los problemas están en la implementación. La gestión de las entidades responsables de garantizar su cumplimiento es deficiente, y enfrentamos una grave falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno: local, regional y nacional. Es como tener demasiados cocineros en la misma cocina», añadió.

Asimismo, Arrese considera que es un área donde la empresa privada debería asumir liderazgo. El rol del Estado debería ser crear un marco legal efectivo y simplificado, que permita esa interacción «para que las compañías ejecuten obras en tiempos, costos y calidades adecuados”.

El profesor también considera que la tecnología marcará el rumbo de las soluciones frente a la escasez: “Por ello, el sector privado y el Estado deben trabajar juntos para simplificar el ámbito regulatorio, facilitando la obtención de permisos y autorizaciones. En materia de financiamiento, el gobierno debería impulsar mecanismos que permitan viabilizar los proyectos, ya sea a través de esquemas de obras por impuestos u otros instrumentos legales”.

Arrese resalta que el factor humano es uno de los problemas más complejos en la regulación hídrica en Perú, incluso más que la deficiencia normativa. Según el académico, el país carece de suficientes profesionales capacitados para ejercer funciones de administración a distintos niveles del Estado, desde los municipios hasta los rangos superiores, por lo cual haría falta mayor inversión y presupuesto para financiarlos.

«Finalmente, no podemos dejar de lado la adaptación y mitigación del cambio climático vinculada al agua. De manera concreta, deberíamos impulsar iniciativas como la siembra y cosecha de agua mediante las cochas. Asimismo, deben promoverse políticas que incentiven cultivos con menor consumo hídrico, ya que este recurso será cada vez más escaso”, concluye el profesor.

 
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