Reforma detenida, confianza pendiente: el desafío tributario desde las Pymes

El reciente anuncio del Gobierno chileno sobre una nueva reforma tributaria, centrada en beneficios para las Pymes, llega en un momento políticamente inviable. A pocos meses del término del mandato del Presidente Boric y sin apoyos parlamentarios para las medidas compensatorias —alzas a los tramos altos del impuesto personal, ajustes al impuesto a la herencia y eliminación de exenciones—, todo indica que se trata de una reforma que no verá la luz.

Luis Alberto Aninat

Más allá de su desenlace legislativo, preocupa su diseño. La propuesta contempla cuatro regímenes especiales para Pymes —Transparente, Integrado con tasa del 20%, Transitorio inicial y Monotributo— además de un régimen de renta presunta restringido. Esta fragmentación no aporta la simplicidad que las pequeñas y medianas empresas necesitan, sino que introduce mayor incertidumbre y complejidad operativa.

En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos avanza con un plan de fiscalización más exigente, con prácticas preocupantes que vulneran los derechos de los contribuyentes. El bloqueo de claves de acceso a contribuyentes, el rechazo masivo de reposiciones administrativas voluntarias (RAV), y la restricción de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) únicamente a errores manifiestos de la administración —excluyendo errores propios del contribuyente, incluso cuando tienen efectos relevantes en giros o resoluciones— han sido denunciados reiteradamente por la Defensoría del Contribuyente.

Estas actuaciones no solo dificultan el cumplimiento tributario, sino que afectan garantías esenciales como el derecho al debido proceso, la proporcionalidad y el acceso a mecanismos efectivos de corrección. Estas medidas tensionan el principio de justicia tributaria y debilitan la legitimidad institucional del sistema.

Ante una reforma que será fallida, el foco debiera estar en promover una fiscalización que sea razonable, eficiente y respetuosa de los derechos de los contribuyentes. Esa sí podría ser una política efectiva para las Pymes: una fiscalización que contribuya a la formalización sin asfixiar, y que incentive el cumplimiento desde la colaboración, no desde la desconfianza.

Desde una mirada jurídica, no es posible hablar de sostenibilidad tributaria sin estabilidad normativa ni debido proceso efectivo. La recaudación no puede basarse exclusivamente en presión fiscalizadora, sino en reglas claras, trato equitativo y proporcionalidad.

Chile no necesita solo recaudar más. Necesita hacerlo bien. Y eso comienza por las Pymes, por el cumplimiento cotidiano y por una administración tributaria que contribuya, no complique.

Ante una reforma fallida, esa debe ser la prioridad.

 
Luis Alberto Aninat Urrejola es abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho de la Universidad de Columbia, socio de Aninat Abogados, juez árbitro y ex Consejero del Colegio de Abogados de Chile.