Reforma a la Ley de Libertad Sexual en España unifica delitos, pero diferencia las penas

Después de seis meses de un acalorado debate público y un enfrentamiento continuo al interior de la propia coalición, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, logró sacar adelante la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como la «Ley del Solo Si es Si»– unificando los delitos de abuso y agresión sexual en éste último, pero diferenciándose en dos subtipos, en el supuesto de si se empleó o no la violencia o intimidación.

La reforma, despachada desde el Senado, y que contó con los votos del Partido Popular (PP), pero que dejó heridas las relaciones del Partido Socialista (PSOE) con sus socios progresistas de Unidas Podemos (UP), modificó las penas para el delito de agresión sexual que, hasta antes de la enmienda consideraba un castigo único de 1 a 4 años de prisión, pero que con los cambios variará.

Así, quien cometa el delito de agresión sexual sin violencia se expone a penas de 1 a 4 años de cárcel, pero si esta agresión se comete con violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada su voluntad por cualquier causa, arriesgará de 1 a 5 años de cárcel.

También, se despacharon cambios al delito de violación (agresión sexual con penetración). Con la ley en vigor, las penas podían oscilar entre los 4 a 12 años de prisión; sin embargo, con las modificaciones, quienes cometan el delito de violación sin violencia (agresión sexual con penetración) se exponen a penas de 4 a 12 años, mientras que si es con violencia o intimidación, o si se comete sobre una víctima que tenga anulada su voluntad por cualquier causa, las penas contemplan de 6 a 12 años de cárcel.

Las penas aumentan si tanto en la comisión de los delitos de agresión y violación concurren agravantes como violencia de extrema gravedad, actuación conjunta de dos o más personas, si hay una relación de parentesco o superioridad, o si, por ejemplo, se utilizan armas.

¿Qué ocurrió con el consentimiento?

La definición del «consentimiento» -tal como hasta aquí lo había manifestado públicamente la Ministra de Justicia, Pilar Llop (en la fotografía, en un acto en Sevilla)- no sufrió modificaciones, por lo que su redacción se mantuvo intacta. «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Pilar Llop / Minjusticia.gob.es

Hasta el 14 de abril pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había informado públicamente que con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual del 6 de septiembre de 2022 y en plena vigencia desde el 7 de octubre de ese mismo año, los Tribunales de Justicia de la península habían acordado al menos 978 reducciones de pena (principio pro reo) y 104 excarcelaciones de agresores sexuales, confirmadas y comunicadas.

Estos números incluyen datos recabados por el CGPJ del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales y responden reducciones de penas, absoluciones y excarcelaciones producidas desde la entrada en vigor de la ley. Se exluyen -informó oportunamente el CGPJ- los datos procedentes de revisiones de pena tramitados entes los Juzgados con competrencia en Lo Penal, competentes para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta 5 años de prisión.

En este link puedes consultar la Ley en el Boletín Oficial del Estado.

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