Rankings Jurídicos: pray-to-play y la guía Michelin

La condición de “ranqueador” prestigioso, respecto de cualquier materia, es, sin duda, una posición de privilegio. Las consideraciones, decisiones y opiniones que se emitan en tal carácter, deben ser particularmente bien fundadas en aras de mantener un prestigio basado en la real seriedad y objetividad de las opiniones y categorizaciones otorgadas a las entidades ranqueadas.

Andrés Chirgwin

Si estimamos que los rankings jurídicos efectúan categorizaciones referidas a calidad, factores tales como entendimiento del derecho, conocimiento de las industrias, calidad técnica, creatividad y sofisticación de las soluciones legales sugeridas, velocidad de respuesta y claridad en la comunicación y consistencia en el desempeño, deberían ser los parámetros usados para el análisis y ranqueo.

Hace algún tiempo, en este medio se publicó nuestra opinión respecto a ciertos aspectos de decaimiento ético en la industria de rankings jurídicos. En Rankings Jurídicos: pay to play, identificamos algunos signos de deterioro en la industria de rankings legales, afectada por incentivos monetarios perniciosos.
Planteamos que ellos afectan la verosimilitud y, por consiguiente, la utilidad de la información que pueden aportar al mercado.

Nos referiremos ahora a otro aspecto del deterioro. Sostenemos que los rankings legales se han visto deteriorados, al menos desde 2020 hasta la presente fecha, por una influencia ideológica creciente de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), mediante lo que se ha denominado «pray-to-play».

Estas políticas, muchas veces bienintencionadas, intentan corregir desigualdades percibidas mediante intervenciones que afectan el funcionamiento de las organizaciones. Sin perjuicio de otras críticas, pueden, sin embargo, dar lugar a un trato desigual al priorizar la identidad y las características personales, como el género, la raza o la orientación sexual, en lugar de la meritocracia o la competencia individual.

Conforme las doctrinas DEI han ido ganando popularidad, los rankings han venido incorporando dichos elementos a los cuestionarios a que se someten las firmas. Por ejemplo, efectúan consultas respecto de las proporciones de representantes de determinadas categorías de desigualdad percibida dentro de las firmas, y solicitan reportes sobre detalles de las políticas DEI implementadas, incluyendo edad, género, discapacidad, identidad sexual, raza, etnicidad, o clase social.

En definitiva, los rankings piden información para verificar quienes realmente son fieles feligreses de la doctrina moral en boga. Un verdadero pray-to-play, donde la adhesión a un determinado credo es requerida a aquellos que quieran formar parte de una actividad.

La categorización de firmas en función de su adhesión a ciertos criterios ideológicos, en lugar de sus habilidades y logros concretos y apreciados profesionalmente, permite que factores ajenos a la capacidad o el mérito influyan en su objetiva apreciación.

Al mismo tiempo, la percepción de que la categorización no se basa únicamente en el mérito erosiona la confianza en la objetividad, imparcialidad y equidad del sistema, afectando la competencia genuina.
En última instancia, la objetividad se ve comprometida si se da peso a factores de adhesión a un credo o ideología particular. Cualquier afectación que se base en dichas consideraciones irá en detrimento de la objetividad de la evaluación.

Por estas razones, entre otras, las políticas DEI van actualmente en retirada en el mundo, con múltiples estudios jurídicos desmantelando sus prácticas, o arriesgando demandas por discriminación.
Por ejemplo, la Alianza Americana para la Igualdad de Derechos (AAER, por sus siglas en inglés) demandó a los estudios Morrison & Foerster LLP y Perkins Coie LLP, alegando que sus becas de diversidad discriminaban a ciertos solicitantes por motivos de raza, violando la Ley de Derechos Civiles de 1866. Ambos estudios cambiaron sus criterios de beca para que fueran neutrales en cuanto a la raza, lo que llevó a la AAER a retirar las demandas.

En tal sentido, es posible que pronto se comience a ver una tendencia en los rankings legales a abandonar este tipo de preguntas y consideraciones. Sin embargo, nada obsta a que, en el futuro, otras modas morales puedan tomar el lugar de las doctrinas DEI y afectar con ello la precisión y objetividad de las categorizaciones que hacen los rankings.

¿Cuál puede ser la solución? Tal vez no hay que inventar la rueda y baste con seguir los buenos ejemplos. La Guía Michelin, considerada como tal vez el patrón oro de la industria de rankings, cuenta con una metodología afinada, transparente y ultra profesional.

Los inspectores de Michelin son profesionales con un alto conocimiento en gastronomía. La empresa se asegura de que los inspectores tengan experiencia tanto en cocina como en técnicas de evaluación objetiva. Trabajan entonces de manera anónima y visitan los restaurantes de forma regular y sin previo aviso, para mantener la imparcialidad de sus valoraciones.

Así, dicha Guía cuenta con criterios de evaluación que determinan objetivamente la calidad de un restaurante. Los criterios más importantes incluyen: calidad de los ingredientes, habilidad del chef, equilibrio de los sabores, creatividad e innovación, y consistencia en los resultados.

Finalmente, las estrellas Michelin no son permanentes. Esto significa que un restaurante puede perder sus estrellas si no mantiene sus estándares de calidad.

Puede ser algo triste, pero en lo que se refiere a rankings, la industria legal se encuentra a años luz de la industria gastronómica. Es de esperar que los rankings efectúen una autocrítica y resistan tanto las tentaciones monetarias como las modas morales, profesionalizando su accionar en toda la medida de lo posible. O en su defecto, que surjan nuevos actores que puedan elevar el estándar.

 
Andrés Chirgwin es socio administrador de Chirgwin.