Rankings Jurídicos: Pay-to-Play

En estos días en que está inusualmente de moda el tema de la ética profesional de los abogados, vale la pena abocarse brevemente a una situación algo más sutil que aquellas que salen todos los días en la prensa.

Consideremos entonces los rankings legales y cómo nos comportamos los abogados y estudios jurídicos frente a ellos.

Se puede afirmar, con cierta seguridad, que si un cierto comportamiento es practicado por la generalidad de la población o de un determinado grupo humano, los restantes individuos tenderán naturalmente a seguir la corriente y actuar en forma congruente a tal comportamiento.

Andrés Chirgwin

El anterior accionar entregará a dichos individuos un sentimiento de seguridad y pertenencia, ya que su actuar estará legitimado por el similar de los demás. Nos sumamos a la corriente porque es lo que se espera de nosotros y, a su vez, esperamos cumplir con las expectativas impuestas por este consenso, olvidando a veces la necesaria reflexión respecto de la corrección de lo que hacemos.

¿Pero no deberíamos actuar como individuos, reflexionando sobre nuestras acciones y considerando el impacto que tienen en nuestro colectivo? Immanuel Kant, tal vez el filósofo moral más importante de occidente, nos instigó a actuar de acuerdo con principios morales que deseemos que se conviertan en ley universal, es decir, que sean aplicables a todos los individuos. El “imperativo categórico”.

En el ámbito jurídico, los rankings legales, como industria, pueden aportar un valor importante. Estas entidades, dedicadas a medir la calidad y relevancia de los servicios legales prestados por despachos dentro de una jurisdicción, tienen gran valía como herramienta de análisis y decisión respecto a la contratación de estudios jurídicos y abogados, o de un potencial futuro lugar de trabajo.

Los rankings identifican y clasifican las firmas de abogados según sus casos y transacciones relevantes y opiniones de clientes y pares, evaluando la importancia de los servicios prestados en un área de investigación, durante un período determinado. Los abogados y estudios jurídicos se ven incentivados entonces a intentar lograr el más alto posicionamiento en los rankings, ya que es una ventaja a la hora de atraer nuevos clientes o colaboradores.

El problema que esto puede conllevar es un cierto deterioro ético en la industria de los rankings, el cual tal vez se ha hecho más notorio en el último tiempo. Incluso en rankings prestigiosos, los estudios y abogados son invitados, en forma más o menos directa, a mejorar su posicionamiento mediante la compra de perfiles, asesoría de postulación, información de inteligencia estratégica u otros subterfugios que esconden un requerimiento de pago bajo la expectativa de conseguir un mejor lugar que la competencia.

Ese funcionamiento crea una ventaja indebida, perdiéndose cualquier expectativa de análisis objetivo comparativo entre los evaluados. Este concepto en el mundo anglosajón se denomina muy gráficamente “pay-to-play”, una situación o circunstancia en la cual un pago es requerido a aquellos que quieran formar parte de una actividad determinada.

Los rankings, entonces, degeneran de esta forma en directorios pagados, disfrazados de un análisis imparcial, donde el “fair play” en realidad es inexistente ya que se pueden comprar unos metros de ventaja en la carrera.

¿Qué recomendaría Kant a los estudios jurídicos?

Si debemos actuar en base a principios que esperamos que sean universales, los abogados que busquen ser evaluados en forma objetiva, y con ello suministrar información útil a los clientes y al mercado, no deberían considerar éticamente aceptable efectuar contraprestación alguna a los rankings que así lo requieran. Si tal accionar se convirtiera en regla general, el proceso de deterioro de la industria podría verse reversado, y los rankings recuperarían su utilidad y precisión.

Al seguir la corriente y pagar por jugar, legitimamos que se pierda la precisión de los rankings y pasen a segundo plano los factores realmente importantes, como el mérito real, la calidad técnica, la sofisticación y la originalidad en la toma de decisiones, y los valores éticos defendidos por el abogado o la firma legal en su forma de actuación, siendo todos estos factores reemplazados o al menos distorsionados en razón de un pago monetario.

Mientras los despachos de abogados continúen pagando a los rankings solo por una necesidad percibida de estar en ellos, la única ley universal que instauraremos será la toma de decisiones con información imperfecta y sesgada. La industria de rankings legales debería buscar otras formas de monetización, tales como cobros a los clientes finales, que eviten su propia deslegitimación.

Como lo establece el Código de Ética Profesional, los estudios y abogados debemos proteger el honor y la dignidad de la profesión (Art. 1), y evitar valernos de comparaciones con otros abogados o estudios sobre bases indemostrables (Art. 12), o peor aún, compradas.

*Andrés Chirgwin es socio administrador del estudio Chirgwin, fundador y ex-Presidente del Comité Legal de la Cámara de Comercio Chileno-Británica de Chile.

 
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