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martes, 15 de junio de 2021

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Puntajes Nacionales PTU 2020 ¿Qué nos dicen las pruebas de selección universitaria?

“El paulatino desmantelamiento de la educación en humanidades y ciencias sociales disminuye la capacidad crítica de las personas, la necesaria dimensión ciudadana, de entender el contexto en el que viven y los cambios necesarios, y peor aun afecta la capacidad de adaptabilidad”.

Pamela Figueroa - 18 febrero, 2021

Pamela Figueroa

Las estadísticas muestran que entre más años de educación tengan las personas, más estables son sus ingresos. Eso ha ido generando un aumento de las y los jóvenes que ingresan a la educación superior. Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNE) 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años en Chile ingresaban a la educación superior en los últimos años. En 2019 346.257 personas estaban matriculados en 1er año de algún establecimiento de Educación Superior, con una matrícula total de 1.184.172.

En medio de la pandemia, un 85% de los 236.000 inscritos rindió la Prueba de Transición Universitaria (PTU), requisito de selección de ingreso a la Educación Superior en Chile. Debemos recordar que el año 2020 cientos de jóvenes asistieron a clases virtuales –los que tuvieron las condiciones para hacerlo– y que además fueron pioneros en enfrentar un nuevo sistema de selección universitaria, ad hoc al distanciamiento físico y las medidas de restricción establecidas por el gobierno para evitar mayores contagios debido al COVID 19. Es así que en 2020 por primera vez se aplicó la PTU, que se ha señalado tiene por objetivo medir habilidades más que conocimientos.

El pasado 11 de febrero, y como es habitual, las noticias se centraron en los resultados de dicha prueba de selección. Las autoridades se notaban satisfechas, por lo que llamaron un “aumento” de los puntajes nacionales, denominación que se da a quienes obtienen el máximo puntaje para cada una de las pruebas: matemáticas, lenguaje, ciencias, e historia y ciencias sociales. Y las cifras dan cuenta de eso. 230 puntajes nacionales en 2021, considerando los 108 de 2020, y 211 en 2019. De estos puntajes, la gran mayoría (218) se concentraron en Matemáticas. En las pruebas de Historia y Ciencias sociales no se registraron puntajes máximos nacionales, y en la de Ciencias, hubo 10 puntajes máximos nacionales.

Otro dato importante para señalar es que estos puntajes nacionales se agruparon en egresados de establecimientos privados de educación, y de las principales ciudades del país, demostrando altos niveles de centralismo.

La pregunta es, más allá de la comprensible autocomplacencia de la autoridad en un año de crisis para el país y el mundo, ¿qué tenemos para celebrar? Llama la atención la alta concentración de puntajes nacionales en matemáticas, seguido por ciencias, en desmedro de lenguaje o historia y ciencias sociales. Si bien es cierto, que esto se ha venido dando durante los últimos años, no puede dejarnos indiferente el desequilibrio que esto muestra ya sea en preparación de una determinada materia, o en interés. Algunos expertos han señalado que esto se debe al tipo de prueba, la PTU mide habilidades más que conocimientos y la formación en matemáticas tiende a ser más coherente que en lenguaje o historia y ciencias sociales. Otras expertas más criticas han señalado que la educación en modelos de desarrollo capitalista está mucho más centrada en la rentabilidad que en el desarrollo integral de las personas.

En tiempos de grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales, esta carencia de una educación integral puede tener efectos muy negativos para el desarrollo de la democracia y la sociedad. El paulatino desmantelamiento de la educación en humanidades y ciencias sociales disminuye la capacidad crítica de las personas, la necesaria dimensión ciudadana, de entender el contexto en el que viven y los cambios necesarios, y peor aun afecta la capacidad de adaptabilidad. Así ha sido señalado por académicas y expertos cuando se ha debatido acerca de los planes de estudio y pruebas estandarizadas de medición de calidad de la educación y selección para la educación superior.

Lo anterior va directamente relacionado con el otro aspecto que muestran los resultados de la Prueba de Transición Universitaria: la alta desigualdad que vive Chile, la cual se ha acrecentado durante la pandemia. La centralización de buenos resultados en aquellos estudiantes que tienen mejores condiciones económicas refleja una alta concentración de privilegios en un grupo muy acotado de personas. Chile siendo un país de ingreso económico per cápita de U$ 14.896 (2019), es el país con mayor nivel de desigualdad entre los países miembros de la OCDE. En Chile, el 20% de la población más privilegiada en 2017 ganaba 10,31 veces más que el 20% menos favorecido y en México 10,26 veces más, frente a 5,4 de media en la organización.

Ambos aspectos, una formación educacional basada en la rentabilidad y los altos niveles de desigualdad que persisten en nuestra sociedad, deben ser una preocupación permanente en miras a fortalecer el desarrollo de nuestro país. La crisis multidimensional como efecto de la pandemia de 2020, ha mostrado con claridad que se requieren ciudadanos con altos niveles de adaptabilidad para enfrentar escenarios inciertos y para pensar en formas innovadoras de desarrollo. Si no formamos a las nuevas generaciones de manera integral, equilibrando matemáticas, ciencias, con historia, ciencias sociales y lenguaje, perderemos esa oportunidad. Por otra parte, si no logramos disminuir las tremendas e inaceptables brechas de desigualdad económica, social y de trato, debilitaremos aun más nuestra institucionalidad democrática. La experiencia comparada muestra que la estabilidad política, social y económica se da en sociedades integradas e inclusivas.

Entonces, más que celebrar el aumento de puntajes nacionales en matemáticas (¡que merecido tienen celebrar!) debemos abocarnos a pensar cómo desarrollaremos una sociedad más inclusiva e integrada.

Pamela Figueroa es Dra. en Estudios Americanos (IDEA-Usach); académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad De Santiago de Chile; coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución; y parte de la Red de Politólogas.

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