Puertos en Latam: en Chile examinan obstáculos a la logística

“La capacidad del sistema portuario en la zona central se está acercando a su límite, y ya enfrentamos episodios de congestión que se vuelven cada vez más prolongados y frecuentes”, comentó Alexis Michea, gerente general de la Asociación Logística de Chile (ALOG), en relación con la situación portuaria del país. Para Michea, existen deficiencias tanto en infraestructura como en materia regulatoria que dificultan un flujo eficiente de exportaciones e importaciones.

Alexis Michea

El gerente de ALOG explicó que algunos de estos inconvenientes incluyen una normativa de concesiones pensada principalmente para el transporte de pasajeros —como ocurre en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez— y no para el de carga; plazos de manifestación de importaciones calculados con base en el horario estimado de arribo de la nave, en lugar del horario real, lo que deja escaso margen para registrar la mercancía ante posibles retrasos; procesos de fiscalización lentos para productos perecibles o farmacéuticos; dificultades en la coordinación de horarios y disponibilidad de personal público, así como carencia de instalaciones adecuadas para realizar inspecciones rápidas.

“Tenemos casos como el del Paso de Jama, donde no existen espacios habilitados para revisar la carga, por lo que se autoriza su ingreso y luego debe agendarse una inspección en las instalaciones de los propietarios o sus representantes. Además, enfrentamos una limitada interoperabilidad con los sistemas de países vecinos, demoras en la revisión documental, un bajo uso de ventanillas únicas electrónicas, ausencia de protocolos coordinados frente a contingencias climáticas o picos de demanda, y escasa capacidad operativa 24/7 en muchos pasos fronterizos clave», señaló Michea. Por ejemplo: hay mercancías que ingresan un viernes por la noche, pero por falta de personal y recursos, quedan a la espera hasta el lunes.

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

El gerente participó en el evento “Fronteras inteligentes: coordinación para la eficiencia logística”, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), en el que se debatieron propuestas para optimizar el flujo de exportaciones e importaciones en Chile.

Uno de los temas relevantes abordados fue el impacto de la “permisología” en la construcción de centros logísticos y bodegas de carga: “Los plazos para obtener permisos de edificación son excesivamente largos. Es cierto que ha aumentado la cantidad de solicitudes presentadas a las municipalidades, especialmente en la última década», dijo Michea, quien añadió que tras la pandemia, la demanda por centros logísticos creció de forma explosiva.

«El problema es que no hemos logrado coordinar adecuadamente ese aumento con la dotación de personal necesario para tramitar los permisos”, advirtió, agregando que los avalúos fiscales —para efectos del pago de impuestos a la propiedad de bienes raíces— de estas instalaciones suelen superar su valor comercial, lo que genera otra barrera para la productividad.

Una de las soluciones que propuso se encuentra en la Ley 19.542, que moderniza el sistema portuario estatal.

Esta normativa otorga a las empresas portuarias el mandato de coordinar los servicios públicos dentro de sus recintos, lo que podría agilizar el ingreso y la salida de mercancías: “Creemos que el ejercicio de esta facultad aún tiene mucho potencial. Existe un reglamento que rige desde los años 90, que podría ser actualizado para permitir que las empresas portuarias asuman un rol más proactivo en la coordinación que la ley les asigna».

«Es fundamental modernizar los marcos regulatorios para avanzar hacia una logística más eficiente, que reduzca la fragmentación, el aislamiento y la falta de rendición de cuentas en las funciones, tanto públicas como privadas”, concluyó.

Necesidad de una coordinación obligatoria

Bárbara Matamala

Bárbara Matamala, directora del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministerio de Hacienda de Chile, sostuvo que, según el estudio “Trade Facilitation Indicators: Monitoring Policies up to 2025”, publicado por la OCDE en marzo de este año, ese país ocupa el cuarto lugar —después de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica— entre los países con mejor desempeño en facilitación del comercio.

El SICEX agrupa a 12 entidades públicas y mantiene conexión con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Aunque el sistema es gratuito y de uso voluntario, Matamala expresó la necesidad de que una norma legal lo haga obligatorio, con el fin de asegurar la integración de todos los organismos estatales pertinentes y así fomentar una colaboración efectiva entre los sectores público y privado.

“Un aspecto clave es contar con financiamiento permanente; por eso necesitamos una entidad que articule a todas las instituciones vinculadas al comercio exterior. Esto requiere establecer la obligatoriedad y universalidad del uso de plataformas como SICEX», afirmó.

Para ella, conseguir este compromiso es más difícil en el sector público que en el privado, ya que estos últimos adoptan rápidamente las herramientas que les representan beneficios, mientras que en el ámbito estatal serían demasiado frecuentes los cambios de autoridad o jefaturas: «Aunque todo tiene ‘rostro humano’, lo que se necesita aquí es continuidad, sin depender exclusivamente de la visión personal de quien esté al mando”, opinó.

Mabel Leva

La directora de SICEX también mencionó los problemas de dispersión que se producen cuando la financiación se tramita en distintas entidades: “Al final, el servicio público realiza la solicitud presupuestaria, pero esta va a la subsecretaría correspondiente —por ejemplo, citemos el caso del Servicio Nacional de Pesca, que pasa por el Ministerio de Economía—, donde se hace otro ajuste considerando el marco presupuestario global, lo que termina diluyendo la solicitud.

«La única forma que hemos encontrado de obtener recursos es solicitándolos directamente para otros servicios como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o el Servicio Nacional de Aduanas, y luego realizamos transferencias corrientes. Pero no es lo ideal”, explicó.

Por su parte, Mabel Leva, directora ejecutiva de Conecta Logística, coincidió en la importancia de contar con una normativa que promueva la coordinación entre instituciones. También indicó que la Constitución chilena ya establece el “deber de coordinación” entre organismos del Estado, lo cual busca evitar duplicidades e interferencias en sus funciones: “El desafío con la logística es que, debido a su naturaleza transversal, está fragmentada entre múltiples entidades con mandatos sectoriales».

Habría faltado una visión que considere las atribuciones de cada institución, pero desde una perspectiva orientada a la eficiencia logística, sin que ello implique perder su función fiscalizadora: «Es necesario un mandato vinculante que consolide esta coordinación como una política de Estado”.

Leva también respaldó la necesidad de impulsar, desde el ámbito legal, la creación de una entidad que coordine a todos los actores involucrados en las exportaciones e importaciones, apoyada por un marco normativo actualizado que promueva la eficiencia, integración y colaboración institucional: “Debe exigirse la incorporación de los servicios públicos a plataformas como SICEX», corroboró.

Un tema de voluntad

«Quienes hemos trabajado en el sector público sabemos lo difícil que es lograr una comunicación efectiva entre organismos, ya que sus objetivos no siempre coinciden. Este proceso requiere cambios estructurales en sus operaciones, en la forma de gestionar los procesos, y sobre todo, la voluntad de integrarse realmente en una plataforma común”, dijo Mabel Leva, de Conecta Logística.

La ejecutiva también destacó que el acceso a la información es clave para lograr una coordinación efectiva entre las entidades encargadas del ingreso y salida de bienes, pues obtener datos desde organismos públicos es un proceso lento que puede tardar años: “En Chile no sabemos con precisión cómo se desplaza la carga desde su ingreso hasta su destino final. Conocemos las cifras de entrada en frontera, pero lo que ocurre después sigue siendo un dato pendiente. El Ministerio de Transportes está trabajando para acceder a esa información a través del Servicio de Impuestos Internos”.

Asimismo, Leva hizo un llamado al sector privado para que comparta los datos que posee: “Aquí lo fundamental será la voluntad de confiar en plataformas como SICEX, que cuentan con los debidos resguardos, para compartir información. Sólo así podremos avanzar hacia una cadena logística realmente eficiente”.

Alexis Michea (Asociación Logística de Chile), en tanto, recordó que la Ley 19.542, en su artículo 49, otorga al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la responsabilidad de elaborar un reglamento de coordinación entre organismos públicos. En este contexto, propuso establecer una métrica común para evaluar el nivel de eficiencia y colaboración entre servicios estatales: “Es fundamental definir una serie de indicadores de desempeño comparables (benchmarking) y encargar a las empresas portuarias que se controlen, en los comités locales de coordinación, el cumplimiento de dicho reglamento. Posteriormente, los directorios deben ser responsables —mediante los planes de gestión anuales— del logro de estas metas, las cuales deben ser razonables y alcanzables”.

 
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