Pueblos originarios entran en política de lenguaje claro

Según cifras entregadas por la OIT en 2020, a lo largo del planeta existen 476,6 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios, lo que significa un 6,2% del total de la población mundial. Sin embargo, al hacer el cruce de estos datos en relación con los grupos más desfavorecidos o vulnerables de la sociedad, la representación muestral de las comunidades indígenas se convierte en un 15%.

Por definición, los grupos vulnerables son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos hacia sus derechos humanos. Es por esta razón que el Poder Judicial de Chile presentó el pasado martes 21 de febrero las cartillas de lenguaje jurídico claro en cuatro lenguas originarias, buscando la incorporación de estas agrupaciones minoritarias en la sociedad en pro de garantizar el diálogo intercultural y la universalización del acceso a la justicia.

El lanzamiento se realizó en el hall central de la Corte de Apelaciones de Santiago y contó con la presentación del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y de la vocera institucional, Ángela Vivanco, además de la presencia del Ministro de Justicia, Luis Cordero, y autoridades de los diferentes órganos judiciales.

Ratificando acuerdos internacionales

Con un llamado a la sensibilización y a «reflexionar acerca de la importancia de tomar acciones para las personas y grupos vulnerables», el ministro Juan Eduardo Fuentes dió inicio a la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de los Tribunales.

El presidente del máximo tribunal destacó la importancia de la creación de estas cartillas escritas con lenguaje claro —un estilo de redacción simple, que persigue la eficiencia en la comprensión del mensaje— traducidas y adaptadas a lenguas originarias, e indicó que la finalidad de esta iniciativa es acercar la justicia a todos los habitantes del país, «en especial a aquellos que forman parte de grupos vulnerables, de una manera clara y comprensible».

En su discurso, Fuentes aprovechó la oportunidad para recalcar que con este tipo de medidas se avanza en cumplir y ratificar acuerdos internacionales, como el convenio 169 de la OIT o el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas vulnerables, de la misma institución. Además, se espera que estas cartillas contribuyan a disminuir la barrera idiomática existente y a acercar la justicia a la ciudadanía bajo el principio de no discriminación.

¿Por qué avanzar en lenguaje claro para pueblos originarios?

La ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, Ángela Vivanco, fue la encargada de impulsar y presentar estas cartillas de lenguaje claro para pueblos originarios, realizando una pequeña radiografía demográfica de las comunidades indígenas. Por la cantidad de personas pertenecientes a ellas, las lenguas seleccionadas para confeccionar estas guías fueron el mapuzungun, el quechua, el aimara y el Rapa Nui.

Al igual que el presidente de la Corte, la ministra Vivanco resaltó la situación de vulnerabilidad que experimentan las comunidades indígenas en nuestra sociedad y la necesidad de apoyo desde el Estado para la revitalización de las lenguas, cumpliendo así con los compromisos adquiridos frente a Naciones Unidas en cuanto a mantener vivos los idiomas autóctonos. Además, aclaró que estas lenguas «no son únicamente símbolos de identidad y de pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos», por lo que ayudan a la conformación del entramado social y a la autopoiesis de estos grupos.

Otro de los objetivos de este trabajo, añadió, es comunicar en un lenguaje claro, aquellos términos juridicos de uso en los tribunales, sin perder el rigor técnico. El acceso a la justicia no incluiría únicamente lograr una respuesta judicial, sino que hoy se agrega un aspecto que antes era relativizado: la comprensión de los procesos, lo cual permitiría proteger y acceder a otros derechos. En palabras de la ministra, «la información ya no es solo un fin, sino un medio o instrumento para concretar derechos que pueden ser de distinta índole».

Red de Lenguaje Claro Chile

El lenguaje claro busca estandarizar una jerga simple, que logre ser comprendida por todas las personas dentro de una nación. En este sentido, el Poder Judicial —producto de compromisos internacionales adquiridos por la Corte Suprema en su calidad de miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana— viene trabajando desde el año 2015, mediante la Comisión de Lenguaje Claro, en la elaboración de guías e iniciativas que buscan acercar la terminología jurídica a la ciudadanía.

La Corte Suprema es uno de los siete organismos públicos que forman parte de la Red de Lenguaje Claro Chile, grupo que busca instancias de trabajo en conjunto. Las otras entidades son la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Consejo Para la Transparencia, la Universidad Católica de Valparaíso, la Secretaría General de la Presidencia y la Biblioteca del Congreso Nacional.

Lautaro Muñoz es el actual secretario temporal de esta red. El periodista y magíster en ciencias políticas y comunicación trabaja como asesor de la Bibllioteca del Congreso Nacional de Chile, en la iniciativa de Ley Fácil, la cual busca, mediante el lenguaje claro, acercar y explicar los contenidos de la leyes que aprueba el Parlamento.

Adaptación más que traducción

En conversación con Idealex.press, Lautaro Muñoz indicó que, si bien el trabajo en lenguaje claro busca una estandarización de términos y conceptos en un mismo idioma, esta idea debe ampliarse, tal y como lo han venido haciendo dentro de la red. «La idea de lenguaje claro en español, para ciertas comunidades, no basta, por lo que se hace necesario ampliarla», dijo, indicando que es necesario desarrollar productos específicos para las lenguas originarias, que complementen el trabajo hecho en español.

El académico de la Universidad de Chile señaló que el trabajo que han venido desarrollando para comunidades vulnerables va más allá de una simple traducción. «Nosotros trabajamos, por ejemplo, en lenguas originarias con un traductor y un validador, o sea, vamos comparando y vamos validando todo lo que se va diciendo», explicó, aludiendo a que muchas veces lo que en español queda expreso en una palabra, en otros lenguajes puede ser un concepto o una serie de estos, conjugados.

El trabajo desarrollado por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial tiene un carácter no vinculante. Así lo indicó Natalia de Azcuénaga, directora de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema chilena, departamento que funciona como secretaría técnica para el desarrollo de las iniciativas del comité.

Dentro de un marco de completo respeto por la independencia judicial, Azcuénaga señaló que la comisión ha desarrolado seminarios, conversatorios y materiales para acercar el trabajo realizado a los operadores del Poder Judicial. En relación a esto, la abogada resaltó la labor realizada en conjunto con la Academia Judicial, ya que ellos «están incorporando esto en sus trabajos en la formación de los jueces, por lo tanto, esto va a permear a todos los jueces nuevos», complementó.

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