Publican nuevas normas para los asesores de inversión en Chile

El 13 de abril la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile publicó la Norma de Carácter General 472 (NCG 472) la cual establece normas para los asesores de inversión en el país que empezarán a regir el 12 de julio. La norma fue dictada por la comisión en respuesta a la ley 21314 donde se establece nuevas exigencias en temas de transparencia y se refuerza las responsabilidades para los agentes de mercados, el artículo tercero establece que: «la prestación de servicios de asesoría de inversión en Chile quedará sometida a la presente regulación».

Algunas de las nuevas obligaciones de los asesores de inversión es que tendrán que contar con un programa de capacitación continua, un código de conducta y los asesores deberán llevar un registro de las recomendaciones efectuadas, información que deberán guardar por al menos 4 años. También en el aspecto de transparencia se señala que deberá estar disponible para el público los perfiles profesionales de los asesores junto con su número de horas de capacitación, las entidades que han evaluado dicha capacitación y las materias que se enseñaron en las mismas.

La ley añade además que la fiscalización de los asesores en el cumplimiento de la ley será responsabilidad del CMF, la cual tendrá que llevar un registro público y asegurar que se cumplan los requisitos de inscripción y exigencias a los asesores de inversiones en materia de solvencia, gestión de riesgos, idoneidad y conducta.

Daniela Gazmuri

Daniela Gazmuri, socia en Garnham Abogados, comenta que situaciones de inadecuada resolución de conflictos de interés, la falta de idoneidad de quienes emiten recomendaciones o de los algoritmos empleados requieren este tipo de normas para mantener los estándares de calidad en el mercado financiero. «La evolución y complejidad del mercado exige esta regulación, la cual mejora y transparenta su funcionamiento con mejores estándares en la prestación de estos servicios, más información para los inversionistas y menos riesgo de afectación de los clientes», añade.

Además, la situación anterior a la creación de la ley y normas no era la ideal. «Hasta antes de la entrada en vigor de la normativa, no existía obligación explícita de mantener un cierto nivel de solvencia financiera, conducta, mecanismos de gestión de riesgos ni idoneidad o calificaciones profesionales para ejercer dicha actividad dentro del mercado», menciona Christian Poulsen, abogado corporativo de BLTA, añadiendo además que la falta de exigencia de registro, responsabilidad y divulgación de información creaba un «sensible vacío normativo» para los agentes del mercado y los usuarios de las asesorías.

Adaptándose a la normativa

Gazmuri señala de que las nuevas exigencias implicarán más trabajo y mayores costos para los asesores, especialmente por la acreditación de conocimientos y capacitaciones continuas, pero que en términos prácticos, sus efectos reales se podrán apreciar cuando empiecen a regir las normas en julio. «Es importante tener presente que se trata de una nueva regulación, por lo que su aplicación práctica, tanto por los asesores de inversión como por la CMF, será fundamental para comprender a cabalidad sus implicancias y efectos», añade.

Christian Poulsen

Para los abogados, la nueva normativa significa que aquellos que tengan asesores de inversión como clientes tendrán mayores ángulos que cubrir en el área de compliance. «El rol de los abogados en la presente materia será vital, toda vez que el cumplimiento efectivo de los estándares establecidos por la presente ley requerirá de un proceso de acompañamiento, al menos en las etapas tempranas en que deban realizarse los ajustes a las políticas, sistemas de control y procedimientos internos que permitan internalizar el cumplimiento de las obligaciones a los asesores de inversión», dice Christian Poulsen sobre el tema.

También habrá sanciones para aquellos asesores que no cumplan la norma, existiendo penas de carácter administrativo y en materia penal. «Las sanciones van desde la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de Asesores de Inversión, lo cual les impide operar, hasta la pena de presidio menor», comenta Gazmuri, enfatizando que la sanción penal se aplicará a quienes trabajen como asesores de inversión de forma habitual sin estar inscritos o con licencia suspendida -lo que puede tener penas de cárcel de 61 días a 5 años- o difundan información falsa o tendenciosa con el objeto de que un inversionista cometa un error -lo que tiene penas de 61 días hasta los 3 años de presidio-«.

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