Proyecto Inocentes

Aldo Díaz

Existen pocos casos en nuestra práctica profesional como abogado(a) litigante o Estudio en los que realmente sientes que estás contribuyendo a que se haga justicia. Pues bien, esto nos ha ocurrido con Proyecto Inocentes, en el que participamos en uno de los casos más emblemáticos de dicho proyecto, gracias a la invitación que nos hicieron la Defensoría Penal Pública y Fundación Pro Bono.

Uno de los principios democráticos fundamentales en nuestro sistema es que las personas que han cometido delitos o faltas sean juzgados con un debido proceso y se les sancionen por lo que hicieron. Es intolerable en una sociedad democrática como la nuestra el que un inocente sea investigado, juzgado y sancionado por un crimen que no cometió.

El sistema puede tolerar que una persona que cometió un crimen no sea investigada o juzgada, pero no es admisible que un inocente sea castigado por un delito que no cometió. Así, existen dos dimensiones del problema: La primera y más grave, la del inocente injustamente castigado; y la segunda, la del culpable que no ha sido encontrado ni sancionado. En estos casos, el sistema de persecución penal y sus actores efectiva y obviamente han fallado de manera grave.

Estas fallas en los actores del Estado (tribunales, policías, fiscales, querellantes estatales) que intervienen en la persecución penal, según estudios, se deben a la “visión de túnel” de estos al enfrentarse a una investigación, aceptando y dando como válidas todas las pruebas y antecedentes que culpan a la persona y desechando, sin análisis o mayor revisión, los antecedentes y pruebas que la exculpan. Los factores que traen como consecuencia el caer en la “visión de túnel” generalmente son: cuestiones socioeconómicas, de clase social, género, etnia, fenotípicas, políticas, etc. Justamente, esto es lo que ocurrió en el caso que llevamos como Estudio: A los jóvenes de Til Til los acusaron injustamente del asalto a una joyería, al ser adolescentes de sectores rurales y sus familias ser de escasos recursos económicos.

Por su parte, las víctimas de estas fallas, una vez que son ratificados (as) como inocentes (ya que siempre lo fueron) por los actores de persecución penal estatal luego de una investigación larga y tediosa, con el fin de lograr una reparación civil principalmente moral, son sometidas a un sistema judicial engorroso y lento, sin que siquiera se le pida disculpas o se intente reparar en algo el daño causado a ellas y sus familias o cercanos. Se topan nuevamente con el Estado, ahora cambiando como Consejo de Defensa del Estado, el que realizará todas las actuaciones procesales que pueda para retardar la indemnización o reparación que estas víctimas merecen. Nuevamente, nadie les pide disculpas por el grave error cometido.

Es por lo anterior, que Proyecto Inocente, liderado por la Defensoría Penal Pública y Fundación Pro Bono (con su red de estudios de abogados) son tan relevantes en este problema, no solo porque lo visibilizan, sino porque también ayudan a las víctimas y sus familias o cercanos a conseguir, más allá de la reparación en dinero, el reconocimiento expreso que respecto de ellos o ellas se cometió un error, ya que siempre fueron inocentes.

Aldo Díaz es socio de Estudio Colombara y miembro de Fundación Pro Bono. Su práctica profesional se centra en las áreas de litigación compleja, civil, penal y contencioso-administrativo. Es abogado de la Universidad de Chile. Director Legal en Hakamana Fondo de Litigación y fue nombrado árbitro joven por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago).

*Esta columna es parte de una colaboración periódica de la Fundación Pro Bono con Idealex.press.

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