Principal política criminal del gobierno es despachada pero no acalla críticas

 
Con los plazos corriendo para integrarla como uno de los avances legislativos en materia de seguridad ciudadana en el discurso del 21 de mayo, el Gobierno logró —después de 1 año y 4 meses de tramitación— el despacho de la llamada “agenda corta antidelincuencia”, principal política pública orientada a combatir la criminalidad en el país.
 
El proyecto que queda a un paso de convertirse en ley de la República, sin embargo, fue intensamente “bombardeado” durante su periplo en el Congreso Nacional, ya que si bien contenía normas que podrían llegar a mejorar el trabajo de fiscales y policías en terreno, contemplaba otras que generaron una fuerte polémica: la instauración de un control de identidad preventivo y un aumento de penas de cárcel efectiva para aquellos delincuentes que cometen delitos comunes, como robos y hurtos.
 
Finalmente, y luego de que las principales divergencias se zanjaron en una comisión mixta, y lograron ser aprobadas en ambas cámaras con los votos requeridos, su discusión aún no termina. Ahora existe la amenaza de ser llevada al Tribunal Constitucional por parlamentarios de la propia coalición de gobierno, quienes consideran que el llamado control de identidad preventivo vulneraría derechos y libertades personales, además de poseer elementos arbitrarios y discriminatorios en su aplicación práctica.
 
“No suena muy bien que una bancada oficialista o un grupo de la bancada oficialista lleve al Tribunal Constitucional un proyecto de su gobierno. Para que le voy a engañar, no suena bien”, señaló el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, al conocer de la decisión impulsada por diputados y senadores de los partidos socialista y comunista.
 
Al respecto, el Jefe de Bancada PS, diputado Juan Luis Castro, manifestó que “sentimos que este es un momento doloroso, porque este aspecto se escapa de la idea original del proyecto, y se contradice con el principio de la libre circulación y permite abusos discrecionales por parte de las policías. Es por eso—agregó— que hemos resuelto promover en los próximos 5 días las 30 firmas para recurrir al Tribunal Constitucional, a objeto que se dirima si el control preventivo cumple con la Constitución, porque a nuestro juicio, aquí se están vulnerando derechos constitucionales de las personas”.
 
Asimismo, el diputado de la misma colectividad Leonardo Soto recordó que el proyecto original del gobierno fue despachado en su integridad hace un mes y lo que se aprobó fueron algunas indicaciones de ciertos parlamentarios, que —en su opinión— “están hechas sobre la base del populismo penal”.
 
En sus socios políticos, el Partido por la Democracia (PPD), el llamado es a no recurrir al Tribunal Constitucional, por cuanto dicen, podría interpretarse como una inconsecuencia e incluso deslealtad con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
 
“Es bastante inexplicable lo que están haciendo los diputados socialistas. Es desconocer la soberanía que tiene nuestra Cámara de Diputados, la soberanía que nos dio la gente al votar por nosotros para que los representemos en el Parlamento. Hicimos una votación, fuimos a la Comisión Mixta y finalmente ganó una posición que hay que respetar”, indicó el Jefe de la Bancada del PPD, Ramón Farías.

Menores de edad fuera del control

Sin embargo, el control de identidad, por lejos una de las normas más polémicas del proyecto y que fue ingresado como indicación por parte de parlamentarios de derecha, y que en su concepción original debía aplicarse a todos sin distinción desde los 14 años, fue objeto de múltiples cambios, lo que en la práctica podrían dejarla como una herramienta sin “dientes”.
 
Por ejemplo, en la nueva normativa se eliminó cualquier tipo de control de identidad a menores de 18 años. En este punto Unicef señaló que un control de identidad podrían vulnerar Tratados Internacionales adscritos por Chile, como la Convención de Derechos del Niño.
 
Al respecto, la diputada Claudia Nogueira, si bien valoró que finalmente y después de mucho tiempo este proyecto de ley haya visto la luz, lamentó que se excluyera a los menores de 18 años y mayores de 14 para efectuarles el control preventivo de identidad. “Estos adolescentes tienen responsabilidad penal y muchas veces son los responsables de los delitos más violentos que vemos a diario”, señalando que se trata de una decisión “inexplicable”.
 
Expertos, académicos y abogados penalistas han hecho ver que tanto un control de identidad aleatorio como un aumento de penas para determinado tipo de delitos es un grave error, pues, recuerdan que en Chile hay al año más de un millón 800 mil controles de identidad, según estadísticas oficiales, acusando que no tiene resultados concretos; y segundo, que al incorporar a más gente a la cárcel finalmente terminará por elevar las tasas de reincidencia futura, sin tener impacto en el control de la criminalidad.