Presidente de la Corte Suprema (Chile): “La Reforma Procesal Civil es más que apremiante”

En la primera entrega de nuestro programa de entrevistas «Agenda Macro: justicia, legislación y políticas públicas», el invitado fue el presidente de la Corte Suprema de Chile, el ministro Guillermo Silva Gundelach, quien llegó al máximo tribunal proveniente de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Estudió Derecho en la Universidad de Concepción. En diciembre de 1972 asumió como secretario del Primer Juzgado de Los Ángeles y en agosto de 1974 ocupó el cargo de juez de Letras de Mulchén. Tras desempeñarse como magistrado en el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles (1977) y de Concepción (1980), llegó a la Corte de Apelaciones de Talca (1990), desde donde se trasladó a Concepción en 1993.

En esta conversación, valoró cómo los tribunales han enfrentado un periodo complejo y difícil, e hizo un llamado a los congresistas —que se aprestan a discutir importantes reformas en el área— a sopesar las consecuencias de lo que legislan: “A mí me gustaría que los parlamentarios, cuando se promulgaran estas leyes, se preocuparan del impacto que ellas pueden producir en el Poder Judicial, porque desgraciadamente ha sido severo”.

—Viene un periodo de mucho debate político en la construcción de una Nueva Constitución. ¿Cuáles son los desafíos del Poder Judicial y qué le parecería que se discutan temas como una Defensoría Penal constitucionalmente autónoma, cambios al sistema de nombramientos de jueces, especialmente de la Corte Suprema, o la propia Independencia del Poder del Estado que usted representa y que ha sido un viejo anhelo al interior de los Tribunales?
En las jornadas de reflexión decidimos que se le deje a la Corte Suprema como labor esencial el resolver casos, fallar las causas y sacarnos todas las tareas de administración, de gestión, de nombramientos, disciplinarios; que salgan a otros órganos del Estado que se formen para eso. Lo que nos preocupa es la composición de ese eventual órgano, porque no sabemos si eso va a pasar o no, para que no se politice el Poder Judicial, que es lo que ha ocurrido en otros países en los que existe el llamado Consejo Nacional de la Magistratura.

—¿Y la posibilidad de una Defensoría autónoma?
A todo lo que diga relación con el sistema de Justicia es interesante para nosotros, porque aquí se acostumbra a hacer sinónimo de Justicia al Poder Judicial, olvidando que la justicia está integrada por otros organismos, como el Ministerio Público o la Defensoría, que nos interesa que ojalá sean órganos independientes, igual que nosotros, por supuesto.

—En su cuenta, al inicio del Año judicial usted develó el gran impacto que tuvo en el funcionamiento de los tribunales la retención del 10% de los fondos de pensiones por concepto de alimentos. Hace pocos días, el Presidente Sebastián Piñera, presentó un proyecto de Ley contra los deudores de pensiones de alimentos y también se discute un tercer y hasta un cuarto retiro ¿Es una buena medida?
A mí me gustaría que los parlamentarios, cuando se promulgaran estas leyes, se preocuparan del impacto que ellas pueden producir en el Poder Judicial, porque desgraciadamente ha sido severo. El primer retiro del 10% significó un agobio impensado para los jueces de familia, que tuvieron que trabajar 24 horas al día para tratar de lograr satisfacer las necesidades de la gente, en lo que dice relación con la retención de las pensiones de alimentos en esas causas. Se llegó al extremo de que tuvimos que destinar a jueces de otras materias, principalmente jueces penales en comisión de servicio para ayudar. Y ahora, vino un segundo retiro y ahora un tercero; cada vez con más trabajo y con el mismo presupuesto, la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de funcionarios. Entonces nos ha sido muy difícil, pero hemos logrado salir adelante.

—La magistrada de Familia, Paz Pérez Ahumada, sugirió una salida procesal, esto por qué a su juicio el sistema de cumplimiento de estas obligaciones ha sido diseñado de un modo tal que la carga de poner en movimiento el aparato estatal para conseguir el pago de las pensiones recae sobre los hombros de las madres, mientras que al deudor solo le basta depositar una pequeña suma de dinero para enervar el apremio Sería quizás una mejor y más rápida solución invertir la carga de la prueba?
Mire, es que desgraciadamente muchas de esas materias tienen que ser objeto de cambios legislativos, que no se han hecho. Están en estudio, se está barajando la posibilidad de cambiar la legislación en materia de familia y hacer lo que usted está diciendo, pero generalmente los cambios legislativos demoran y alargan la solución de los problemas.

Conflicto en la Araucanía

—Usted es abogado de la Universidad de Concepción, en diciembre de 1972 asumió como secretario del Primer Juzgado de Los Ángeles y en agosto de 1974 ocupó el cargo de juez de Letras de Mulchén, además de ejercer como ministro de la Corte de Apelaciones de la capital del Biobío ¿Le preocupa cómo hasta aquí se ha tratado el conflicto indígena en la llamada macrozona sur del país?

—Bueno, como un problema grave, como un problema serio; es un problema que se arrastra desde largo tiempo y que ahora está haciendo crisis. Y si no hay una solución pronta, se va a seguir agravando y quién sabe a qué nos puede conducir.  Entonces, como Poder Judicial, indudablemente es un problema que nos interesa. Yo acabo de decirlo y se dijo en la reunión que tuvimos hace poco con el Presidente de la República, del Senado, del Consejo de Defensa del Estado, de la Cámara de Diputados, con el Contralor, que si ha alcanzado tal entidad este problema, es porque todos tenemos culpa en ello; unos más que otros, por supuesto. Así que cómo no nos va a preocupar este problema, si lleva a la comisión de delitos y delitos graves.

— El Poder Judicial ¿cree que puede hacer un poco más, así como el resto de los poderes del Estado, en esta materia?
Lo he dicho yo y lo repetí hace poco: La gente confunde la justicia con el Poder Judicial y no es una misma cosa, aun cuando el Poder Judicial, por supuesto que forma parte del Sistema de Justicia. Y lo repito una vez más: cada vez que se han cometido delitos serios en esa zona y se han individualizado a los responsables y se han puesto a disposición de los tribunales, han sido castigados severamente. Lo que acontece es que muchos de esos delitos han quedado en la impunidad porque no se ha logrado descubrir a los culpables.

Hernández Norambuena

—¿Qué le parece que internos —como Mauricio Hernández Norambuena— que cumplen condena en las cárceles chilenas puedan dar entrevistas a los medios de comunicación? Se lo pregunto, porque independiente del contenido de esa entrevista y la apertura de un sumario por parte de Gendarmería, una de las grandes reformas pendientes en materia penal es la instalación de los jueces de ejecución de penas…
No existen. También es una materia antigua; es una inquietud antigua, no sólo del Poder Judicial. Cuando yo fui propuesto para integrar la Corte Suprema, tuve que ir al Senado, y una de las preguntas que me hizo uno de los senadores, fue qué pensaba yo sobre los tribunales de ejecución de penas y dije que esa es una materia pendiente. Estoy hablando del año 2008, hace prácticamente 13 años atrás, era una materia pendiente y ojalá que se establecieran luego. Bueno, estamos en lo mismo: no hay tribunales de ejecución de penas. Bueno ¿qué es lo que pasa? Eso tiene que lograrse y tiene que destinarse los presupuestos para eso.

—¿Y qué le parece la situación del Mauricio Hernández Norambuena?
El condenado por los tribunales pasa a tener la condición de rematado y deja de depender de nosotros. Está sujeto a las normas y reglamentos de Gendarmería de Chile. Yo no sé la forma en que se le logró entrevistar, si hubo autorización para hacerlo o no hubo, pero más allá de eso, no lo sé.

—¿Lo considera un hecho grave de todas maneras, el que un interno independiente de que sea Mauricio Hernández, que cumplen condena, puedan dar entrevistas a medios de comunicación o es parte de la libertad de expresión?
No conozco una regla que impida que den entrevistas a los reos rematados; a las personas que están cumpliendo condenas en los penales. A lo mejor la hay, pero si existe alguna norma en ese sentido, la desconozco. Pero según lo que me he enterado, lo que dijo este señor son las mismas alegaciones que hizo en los tribunales de justicia y que le rechazaron y por eso fue precisamente condenado.

Situación post pandemia

¿Qué le diría a los magistrados y magistradas del país y a los funcionarios del Poder Judicial en un año que seguramente seguirá marcado por la pandemia? El presidente de la Asociación de Magistrados ha señalado reiteradamente que la única solución para enfrentar el rezago es nombrar —previo proyecto de ley y por un periodo acotado—jueces “transitorios” que se abocarán a la tarea de poner al día el trabajo acumulado.
Lo que dijo el señor presidente de la Asociación Nacional de Magistrados es cierto, pero es una inquietud de la Corte Suprema. La Corte Suprema ya en un Pleno pasado discutió la forma y llegó a la conclusión que una forma de enfrenar la avalancha de causas que se nos van a venir y cómo tratar de solucionarlo, fue lograr el nombramiento de jueces y funcionarios transitorios, que sirvan de apoyo a los jueces titulares; o que reemplacen a los jueces titulares.  Incluso la Corte Suprema nombró una comisión para tratar de conseguir presupuesto, porque eso es materia de ley, para lograr que se promulgue una ley en tal sentido y tratar de que se nos asigne el presupuesto necesario para ello.

Esa comisión está integrada por don Sergio Muñoz Gajardo, por don Antonio Valderrama y por mí. Ya hubo una reunión con el sectorialista del Ministerio de Hacienda para partir por conseguir los fondos y que esto tenga en el Poder Legislativo una tramitación más pronta. Se nos pidieron una serie de antecedentes, que se van a entregar la semana próxima para reunirnos con el Ministerio de Hacienda y ver la posibilidad. Si es necesaria una modificación legislativa, que se haga, pero como lo dice el señor presidente de la Asociación de Magistrados, sería una muy buena medida.

— Y otros elementos, presidente, sobre la mesa, como, por ejemplo, el impulso a mecanismos alternativos de solución de conflictos, que puedan ser un poco más ágiles que el propio procedimiento civil, laboral o el que sea ¿lo ve con buenos ojos?
Sí, lo veo con buenos ojos; incluso nosotros tenemos reuniones interinstitucionales de mesas de trabajo. Por ejemplo, en las mesas de materias civiles, de familia y laborales está la ministra Rosa María Maggi; en materia penal está el ministro Valderrama, y nos reunimos con otros organismos, como Carabineros, Investigaciones, Defensoría, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Se ha visto con muy buenos ojos; se están elaborando proyectos de ley para darles mayor fuerza a estas medidas alternativas de solución de conflictos.

—¿Hay alguna estimación de cuánto podría demorarse el funcionamiento normal de nuestros tribunales?
A la normalidad, normalidad se ve muy difícil. La pandemia nos lleva marcha atrás. Mañana o pasado va a salir un protocolo que fue de tratar de volver a la normalidad; de un regreso progresivo a la normalidad. Ese protocolo se confeccionó entre nosotros, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y todas las asociaciones gremiales: magistrados, consejeros técnicos, administradores, y  participaron todos los estamentos y asociaciones gremiales. Hubo participación de todos los integrantes y estamentos del Poder Judicial en ese acuerdo. Me dijeron que va a salir hoy o mañana, ya firmado.

— ¿Está preparado el Poder Judicial para la digitalización definitiva de los actos procesales y trámites judiciales? Se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, las notificaciones judiciales están en discusión, a propósito de la imposibilidad de este trámite para con el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, e incluso hace algunos meses el director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Jaime Arellano, ha propuesto para trámites que no necesiten una discusión jurídica de fondo pueden hacerse de manera con apoyo de la tecnología.
El Poder Judicial está preparado. Nosotros tenemos la Ley de Tramitación Electrónica ya desde el año 2015 y casi todos los trámites se están haciendo por vía digital, así es que estamos perfectamente preparados para eso. Tenemos un avance considerable y nos sirvió mucho para estos tiempos de pandemia. Si no, no la habríamos podido enfrentar. Lo que pasa es que para llevar a cabo algunos de esos trámites, se necesitan reformas legales y esas no las podemos hacer nosotros. Si miramos los problemas en algunas notarías o conservadores de bienes raíces, en que la ley establece una forma de llevar a cabo determinadas actuaciones y mientras no se modifica la ley y diga que se pueden hacer por medios digitales, no se pueden hacer digitalmente.

Hay dos ministros de la Corte Suprema que están encargados de todo este asunto de la tramitación electrónica y digital, que son los ministros Muñoz y la ministra señora Chevesich, y en una ocasión en que se realizó uno de estos eventos de todos los tribunales iberoamericanos, ninguno de ellos dos pudo asistir y me pidieron a mí que asistiera y para mi sorpresa, después de España, Chile es el país más avanzado en esto de la tramitación electrónica y de inteligencia artificial.  Estamos por encima de Portugal, de todos los grandes países latinoamericanos. Incluso nos sacan de ejemplo en muchos de esos países.

— Presidente, y en cuanto a la Reforma Procesal Civil… porque muchos en su momento dijeron que la tramitación a través de la carpeta digital le ponía un poco el freno a la reforma. ¿Sigue siendo apremiante a su juicio?
La Reforma Procesal Civil es más que apremiante y lo he conversado muchas veces con el señor Larraín, Ministro de Justicia, Y la tramitación digital en la Sala Civil de la Corte Suprema, que todavía andan dando vueltas expedientes en papel, grandes expedientes en papel, tomos de expedientes, es solamente un paliativo para la sala Civil. No acontece lo mismo con las materias penales, laborales y de familia, que viene todo digital. Yo, como integré la sala civil durante 12 años, le puedo hablar con propiedad del tema. La tramitación digital en materia civil ha sido un paliativo, pero no es lo ideal. Lo ideal es la Reforma Procesal Civil.