Presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile: “No podemos seguir haciendo esperar a la gente mucho tiempo más”

María Soledad Piñeiro

Después de 4 meses de confinamiento y un estado de emergencia en plena vigencia, quienes trabajan en los tribunales han debido hacer lo inimaginable para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo en lugares recónditos y en donde Internet simplemente no llega.

En esta conversación con Idealex.press, la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia devela los secretos de la función jurisdiccional en tiempos de pandemia y como a veces, con más ingenio que recursos, han debido sacar adelante una tarea que se avizora mucho más compleja.

Dentro de la amplia variedad de materias que la presidenta gremial tocó en esta entrevista, abordó el caso de Juan Carlos Norambuena, quien fue el primer funcionario del Poder Judicial chileno fallecido a causa del Covid-19. El funcionario trabajaba en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en Santiago, en el sector de correos. Tenía 60 años y era enfermo crónico. Desde ese hecho, revela Piñeiro, la Corte Suprema cambió su postura: «Si antes era la continuación del servicio, hoy es la salud de las personas», enfatizó.

— ¿Cómo evalúa el comportamiento del sistema judicial en el marco de esta pandemia y qué ha sido lo más difícil para los jueces y juezas?
Es difícil hacer una evaluación general, pues depende de cada materia. En una primera etapa, que partió a mediados de marzo, gracias a la buena voluntad y el ingenio de los jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial se logró habilitar en prácticamente todos los tribunales el trabajo a distancia, llegando hoy a más del 90% de ellos. El Poder Judicial tiene, de 4 materias, 3 que se tramitan por vía digital y con audiencias presenciales, por lo tanto, todo está respaldado en sistemas informáticos.

La única que no está en esas condiciones es la materia civil. Tiene un sistema informático, pero todas sus audiencias se realizan con el sistema antiguo de procedimientos, que se llevan a cabo de manera escrita. La Oficina Judicial Virtual es el mecanismo para ingresar peticiones en todos los expedientes, por lo tanto, cualquier petición por escrito se ingresa de esa forma, y eso facilita que nos podamos trasladar a nuestros domicilios para continuar con el trabajo.

En la práctica surgen muchísimos problemas, por lo que debió hacerse una reorganización. En estos momentos el Poder Judicial no tiene los medios para facilitar a todos los funcionarios y a los jueces, computadores, celulares o cualquier otro medio tecnológico.

En un principio, todas las vías de conexión como Zoom u otras eran de costo del tribunal o de un juez que lo asumía. Los primeros 15 días fueron bastante complejos para habilitar este sistema y estar conectados con los funcionarios para cumplir con las distintas labores. Hoy todos tienen que hacer de todo. El que no sabía hacer video-llamadas, tuvo que aprender; y el que no sabía usar Zoom, también.

Tuvimos otras dificultades técnicas. Por ejemplo, en los lugares en donde viven jueces y funcionarios a veces simplemente no hay conexión a internet por la distancia. El Poder Judicial también entregó a funcionarios y jueces la posibilidad que se llevaran todos los aparatos tecnológicos que tienen en el tribunal a sus domicilios.

— Todas estas cuestiones ¿afectaron el acceso a la justicia?
Todo esto ha afectado el acceso a la justicia, porque en materias como las civiles, las penales, e incluso las laborales, al tener como contraparte siempre a un abogado, el tribunal se entiende fácilmente con ellos y la mayoría de las veces con instituciones, como en materia penal, pasa con el Ministerio Público, con la Defensoría, o con el querellante o el abogado o defensor particular. Hay fluidez de comunicación en ese sentido. En lo laboral tenemos la Defensoría Laboral y los empresarios tienen sus propios abogados defensores. En materia civil prácticamente no hay ninguna materia en que no se pueda comparecer con abogados y las deficiencias las cubren las Corporaciones de Asistencia Judicial.

El gran problema es en familia. Porque pensando en facilitar el acceso a la justicia y no impedírselo, es que se permitió legalmente que las personas pudieran comparecer a las audiencias sin representación jurídica, y hoy día eso significa que nos enfrentamos a usuarios no solamente carentes de conocimientos técnico-jurídicos, sino que además hemos advertido la tremenda brecha tecnológica que va a aparejada de la pobreza. Si bien es cierto que en Chile hay dos celulares por persona, eso no supera la brecha tecnológica porque no existe la posibilidad de aprendizaje por una parte y porque hay una dificultad económica. Una cosa es tener celular y otra cargarlo para poder comunicarse.

— Las causas de familia son numerosas ¿Cómo se han enfrentado esos problemas?
En familia ha sido increíble el esfuerzo que se ha tenido que hacer porque —una anécdota— para poder contactarse con una persona y organizar una audiencia, cuestión que antes se hacía por medio del administrador y en que el juez demoraba 15 minutos, hoy hay una preparación de entre una hora y una hora y media sólo para que las personas entiendan cómo se van a poder comunicar y cuál a va a ser la dinámica de la audiencia y eso está a cargo de los funcionarios normalmente. No podemos negar las bondades del sistema, pero sin duda no es la solución a todo. Salen al ruedo muchos problemas y uno de ellos es de la brecha tecnológica que se ha representado y se ve reflejada en materia de familia. Esta posibilidad legal, que en su momento parecía mucho mejor, hoy día, en estas condiciones, es mucho peor.

Los jueces hacen un esfuerzo extraordinario por intentar llevar a cabo las audiencias. Carabineros ha sido una institución muy importante, sobre todo en zonas rurales, ya que nos facilitan las comunicaciones tanto para llegar a las personas, como para entregarles los medios tecnológicos. Son los que prestan sus celulares para que las personas se comuniquen.

— ¿Y cuál es la evaluación de medidas de seguridad en los tribunales? A fines de mayo pidieron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial que informara acerca ello.
Efectivamente pedimos esa información a finales de mayo, pero no nos la entregó nunca. Eso —aclara— se salvó por lo siguiente: el 8 de mayo pedimos a la Corte Suprema que se formara una mesa de trabajo que incluyera a los gremios, porque ésta es reticente a trabajar con ellos. Sin embargo, y a propósito de la muerte del señor Norambuena el 27 de mayo, que era una persona que trabajaba en el Poder Judicial y que estaba en grupo de riesgo por la edad y por tener ciertas enfermedades, la postura cambió bastante. El mismo 28 de mayo la Corte Suprema sacó un Auto Acordado en donde cambiaba absolutamente su postura sobre lo que debe primar. Si antes era la continuación del servicio, hoy es la salud de las personas y después el servicio. Esto significó que a partir del 10 de junio comenzara una mesa de trabajo que generó protocolos, recién aprobados el 6 de julio.

En general, todas nuestras propuestas fueron acogidas. Si bien en un primer momento hubo mucha resistencia a no continuar con el trabajo presencial, nos opusimos rotundamente. Hoy hay una posición distinta desde la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en donde el primer objetivo es proteger la salud, ya que abrir los tribunales significa un flujo de público constante y eso implica tener responsabilidad de que una persona se contagie.

— ¿Y qué establecen esos protocolos?
El protocolo tiene que ver exclusivamente con medidas de seguridad. Fija tres etapas de funcionamiento. El primero, mientras rija el estado de emergencia, que por ahora debería terminar el 14 de septiembre. La segunda etapa, mientras rija el estado de alerta sanitaria que teóricamente terminaría el 8 de febrero; y la tercera etapa, la de la nueva normalidad, porque seguramente hay ciertas medidas de seguridad que vamos a tener que seguir tomando siempre. A groso modo, en esta primera etapa el trabajo va a tender al 100% remoto. Hay cuestiones que todavía tenemos que hacer de forma presencial, como es la entrega de cheques. Es una tarea que en algún momento la pospusimos, pensando que la transacción por Internet estaría pronto, pero se ha demorado más de lo necesario

La segunda etapa tiene como objetivo mantener a todas las personas en grupo de riesgo, todavía con trabajo remoto. No se salva nadie, ni siquiera el que tenga la voluntad de incorporarse presencialmente. Y el resto, que no forma parte del grupo de riesgo, debería comenzar a trabajar en una dotación no mayor al 50% del tribunal, mediante un sistema de turnos quincenal. En algunos tribunales se podrá hacer, pero en otros definitivamente no, y ahí vamos a tener que ir con mucho criterio adoptado las medidas de seguridad para la asistencia.

—¿Y qué ha pasado con otras diligencias como notificaciones, remates y tantas más?
Tenemos suspendidas una serie de actuaciones como remates y comparendos. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia en una mesa en donde no estamos invitados de forma permanente, pero si fuimos oídos en cómo vamos a empezar a trabajar. Hemos discutido muchas cosas, como, por ejemplo, qué pasa con los notificadores. Ahí tenemos un núcleo complejísimo. En primer término, no pueden salir las personas de riesgo; en segundo, tenemos que reducirlos al mínimo necesario.

Intentamos no sobrecargar a Carabineros con esa labor y a las personas que necesariamente tendrán que salir, hay que entregarles la mayor cantidad de medidas de protección posibles. Es complejo, no es fácil, pero hay cosas en las que hay que avanzar, sobre todo las más urgentes, como, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar. No podemos postergar la notificación de una medida de protección de un niño o una niña.

La Corte Suprema ha sido muy reticente a los protocolos. Dio libertad, pero se convirtió en inseguridad y en una diversidad de decisiones de Arica a Punta Arenas. Recién cuando se dieron cuenta de que esa diversidad era más incómoda que cómoda, aceptaron los protocolos.

— ¿Cree que la pandemia y la forma de enfrentarla en el plano judicial ha terminado afectando garantías y el ejercicio de derechos fundamentales?
Hay una primera afectación. Cuando uno como juez tiene que hacer una elección entre cuáles son las materias más importantes que debemos conocer y cuáles puede posponer, ya hay una especie de afectación, aun cuando esté respaldada por la ley.

En estas condiciones tan extraordinarias pareciera que lo que prima es otro derecho, el derecho a la salud, a proteger esa salud; y entonces este derecho de acceso a la justicia se ve más debilitado. Pero la salud y algunos otros derechos de acceso a la justicia que tienen que ver con materias graves se han mantenido. Todo lo que tiene que ver con personas privadas de libertad tiene audiencias que se realizan; en familia, todo lo que tiene que ver con medidas cautelares o de protección, y cuestiones de violencia familiar, se les ha asignado prioridad.

— ¿Y qué pasa con estos derechos en el ámbito laboral o en los juicios orales en lo penal?
De a poco, en cada una de las materias se han ido incorporando temas a revisar, como por ejemplo, en materia de trabajo, las tutelas laborales. Sin duda estamos acumulando trabajo. No podemos seguir haciendo esperar a la gente mucho más tiempo y la idea es que podamos ir incorporando materias de a poco. Este trabajo pasa por revisar cómo vamos a hacer las audiencias, de manera tal que las garantías de los intervinientes sean protegidas.

Los que están más parados son los tribunales orales en lo penal, porque los juicios orales son aquellos que tienen que ver con los delitos más graves, en los cuales los imputados están arriesgando penas más altas y en donde la discusión desde la defensa está muy fundamentada en materia de protección de garantías. Esos casos habían sido pospuestos, pero como estamos viendo que esta situación va a durar más, el ingenio surge nuevamente.

— ¿De qué manera, por ejemplo, vuelven a solucionarse cosas con ingenio?
Han surgido varias regiones en donde se han creado lo que se denominó “audiencias de coordinación” o “audiencias de factibilidad”. Antes del juicio, hacen una audiencia fiscales y defensores en casos que ellos mismos han propuesto para que se lleven a cabo. Partimos de la base que deben ser remotos, pero en los que hay algunos testimonios que normalmente la Defensoría exige que sean presenciales. Entonces, se sientan a conversar y empiezan a analizar prueba por prueba y se toman decisiones, de manera tal que en el juicio oral no hay ningún incidente en que se discuta la forma en que se rinde, que puede ser presencial. Eso es ingenio y buena voluntad.

He tenido contacto con fiscales y defensores, y como gremio hemos promovido esta fórmula.

No todos los defensores están de acuerdo. Hay algunos que quieren que los juicios se hagan sólo presencialmente, y que, si no se pueden hacer íntegramente así, tienen que posponerse. Creo que en los primeros 3 meses era aceptable esa postura, pero hoy les he dicho que eso significa que una persona va a estar 6 meses presa o hasta un año. Eso es muy complicado, por lo que debemos considerar hoy la decisión del imputado. Hay imputados que prefieren esperar y otros que se haga el juicio.

— ¿Es el gran nudo en materia penal?
La realización de los juicios y audiencias orales en todas las materias es el gran nudo que tenemos en este momento. Debo decir que, en un principio, desde la jerarquía del Poder Judicial, específicamente, desde la Corte Suprema se pretendió que se realizarán los juicios a como diera lugar. Hoy día se entiende un poco más que no puede ser así, no sólo por una cuestión sanitaria, sino que también por el resguardo de derechos. No se trata de bajar estándares, sino que de acomodar las formas para poder llegar al estándar, porque claramente los procedimientos no fueron diseñados para trabajar de esta forma.

Han tocado audiencias en que está declarando un testigo y los jueces se dan cuenta de que les están llegando mensajes. Entonces les preguntan qué significa, y le están dando instrucciones por WhatsApp o fuera de cámara. Lo que tiene que hacer el sistema es prever esa situación y tener mecanismos de resguardo: eso hoy no existe.

Si, eventualmente por ese motivo el juicio se anula no sólo perdemos el tiempo del juicio, sino que tenemos a tres jueces inhabilitados o uno. Si estamos atochados de juicios, y se van a poner a anular los juicios, y los jueces van a seguir inhabilitados, vamos a seguir más atochados.

— ¿Y qué pasa con los medios alternativos de resolución de conflictos?
En la mesa del Ministerio de Justicia presentamos posibles reformas legales para poder abordar este atochamiento. Una que tiene que ver con ampliar plazos, de agendamiento y redacción de sentencias, que son los más fáciles de aceptar. Pero también hemos pedido otro tipo de modificaciones que son más complejas y que tienen que ver con permitir en que en tribunales penales orales se puedan llevar a cabo juicio abreviados, en aquellas materias en que la normativa vigente lo permite y que ya están en conocimiento del tribunal oral para que pueda resolverlo por esa vía. Esa podría ser una forma de descongestionar el sistema. También se pide que en esa instancia se puedan permitir los acuerdos reparatorios y las convenciones probatorias de manera temporal, que nosotros estimamos de 6 meses, para que podamos asumir el atochamiento.

La resolución alternativa de conflictos, por ahora, tiene algunas dificultades. Por ejemplo, en materia laboral los jueces empezaron a citar a audiencias solo de conciliación, y se dieron cuenta que era imposible llegar a ellas por las dificultades económicas por las que estamos atravesando. Los empleadores hacen ofertas muy malas, poco satisfactorias para el trabajador, y entonces de las pocas que había, todas fueron desechadas. En todo lo que hay involucrado dinero va a ser un simbolismo, y no nos va a solucionar el problema. A lo mejor en otras cuestiones pudiera dar resultados. Estoy pensando en algunas materias de familia, en cuestiones civiles con entrega de especie, devoluciones de inmuebles, pero también es conflictivo. No veo muy buen futuro si lo que se tranza es dinero.

— ¿Qué le diría a los jueces y juezas; que sigan aplicando el ingenio?
Lo primero es darles las gracias porque han puesto todo, han dado horas extraordinarias de su tiempo, han dejado a sus familias un poco de lado. Y segundo, hay que seguir aplicando ingenio, voluntad, mucho trabajo colaborativo para instar a los intervinientes a buscar soluciones formales, no de fondo. Insisto que los alegatos de fondo de cada una de las partes siguen siendo igual de legítimos, y la decisión en manos de los tribunales sigue siendo la legal. Cuando tengamos que asumir el trabajo presencial se nos va a venir un poco dura la tarea.

Dentro de las reformas legales, estamos pidiendo una que entendemos que es compleja por la situación económica: necesitamos dotar a los tribunales de más jueces por un periodo limitado. Porque hay personas egresadas de la Academia Judicial que podrían asumir esas tareas. Eso significa presupuesto, pero el del Poder Judicial, como en muchos otros casos, ha sido reducido. Creo que con eso podemos llegar a salir del atochamiento. Sé que no es fácil, pero puede ser una solución.