¿Por qué los litigios post-crisis son una oportunidad? (si se hacen bien)

Cuando una economía se tensiona, el sistema judicial suele ser uno de los primeros escenarios donde se siente el impacto. Incumplimientos contractuales, deudas impagas, concursos, arbitrajes por obras inconclusas o cláusulas activadas por “fuerza mayor” se multiplican con lógica implacable. Pero, paradójicamente, en ese mismo momento en que más reclamos legítimos podrían activarse, muchos potenciales demandantes se ven obligados a quedarse quietos. No porque no tengan razón, sino porque no tienen capital para sostener su reclamo.

Federico Muradas

Esa paradoja está hoy más viva que nunca en el Cono Sur. Con sistemas judiciales sobrecargados, empresas bajo presión financiera y economías cada vez más dolarizadas, litigar —o arbitrar— se ha convertido en un lujo. ¿Qué pasa entonces con quienes tienen un buen caso, pero no pueden costear iniciarlo?

Los períodos de inestabilidad económica históricamente generan un efecto dominó legal. Las estadísticas lo confirman: tras cada crisis, los niveles de litigiosidad aumentan. No solo por la conflictividad social, sino por la cantidad de relaciones contractuales que se rompen o se reconfiguran.

En Argentina, por ejemplo, el default técnico de 2020 —como otros anteriores— derivó en cientos de procesos judiciales y arbitrajes internacionales iniciados por bonistas, inversionistas o contratistas. En Brasil, el caso Odebrecht marcó un antes y un después; y en Chile, las controversias surgidas de licitaciones de infraestructura detenidas siguen dejando huella.

En todos los casos, los litigios no son un subproducto de la crisis: son una parte estructural del reacomodo económico.

Cualquiera que ejerza la abogacía sabe que incluso los casos más sólidos pueden naufragar por falta de recursos. Iniciar una demanda compleja —sea ante tribunales o en un centro de arbitraje— exige una inversión inicial considerable: honorarios, pericias, traducciones, tasas, costas y tiempo.

El resultado es predecible: muchas empresas desisten antes de empezar. O, peor aún, aceptan acuerdos por montos muy inferiores al valor real de su reclamo solo para evitar el costo y la incertidumbre del proceso.

Distintos estudios en América Latina estiman que entre el 30% y 40% de los conflictos comerciales no llegan a judicializarse por falta de liquidez o previsibilidad. Esto no solo retrasa soluciones, sino que distorsiona los incentivos y deja a la justicia condicionada por el poder económico.

Frente a ese escenario, cobra relevancia un modelo que ya se consolidó en Europa y Estados Unidos: la financiación de litigios por terceros, o Third-Party Litigation Funding (TPLF).

La lógica es clara: cuando una parte tiene un caso con mérito jurídico, pero sin liquidez para financiarlo, un actor externo puede aportar el capital necesario. Si el caso se gana, se comparte un porcentaje del resultado. Si se pierde, el financiador asume la pérdida.

No es un préstamo. No hay intereses ni devolución garantizada. Es una inversión de riesgo sustentada en un análisis profundo del caso. Y como toda inversión, implica asumir escenarios complejos, pero con potencial de retorno.

Según estimaciones recientes, el mercado global de financiación de litigios superará los 25.800 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual cercana al 9%. América Latina aún representa una fracción menor, pero el interés crece de manera sostenida, especialmente en arbitrajes comerciales, litigios concursales y disputas transfronterizas.

Los fondos especializados en litigios analizan una combinación de factores jurídicos, económicos y procesales antes de involucrarse.

Algunas preguntas clave:

—¿El caso tiene mérito jurídico sólido?
—¿El monto reclamado justifica el riesgo?
—¿Existen posibilidades reales de ejecución en caso de éxito?
—¿El equipo legal cuenta con experiencia y una estrategia definida?

En mercados maduros, más del 70% de los litigios financiados se concentran en controversias comerciales complejas, arbitrajes y disputas internacionales. En el Cono Sur, esta tendencia empieza a replicarse: cada vez más estudios y departamentos legales recurren a este modelo para viabilizar reclamos que, de otro modo, quedarían fuera del sistema.

Además del análisis legal, muchos financiadores incorporan herramientas tecnológicas para modelar escenarios, estimar plazos y calcular tasas de retorno. No se trata solo de litigar: se trata de tomar decisiones informadas sobre conflictos que pueden representar millones.

En países como Argentina, donde el término “fondo buitre” está cargado de connotaciones negativas, es lógico que algunos miren con recelo este modelo. Pero hay una diferencia sustancial: la financiación de litigios profesional no busca fomentar demandas artificiales ni judicialización especulativa.

Al contrario, actúa como un filtro técnico y ético. Una demanda sin mérito no solo es inviable financieramente, sino que pone en riesgo la reputación del financiador. Por eso, el modelo se basa en la selección rigurosa de causas legítimas, con probabilidad real de éxito y respaldo jurídico. No multiplica los conflictos: los racionaliza.

El acceso a la justicia no debería depender de la capacidad económica del litigante. Menos aún en contextos de default o recesión, cuando muchas empresas y personas enfrentan daños reales sin poder sostener un proceso. La financiación por terceros ofrece una alternativa estratégica: transformar un pasivo judicial en un activo recuperable, apalancando capital externo en función de la fortaleza del caso.

Bien aplicada, esta herramienta puede equilibrar fuerzas, agilizar procesos y elevar los estándares del litigio complejo en nuestra región.

En una economía tensionada, donde la justicia es más necesaria que nunca, financiar litigios con mérito no es especular: es defender el Estado de Derecho con las herramientas del siglo XXI.

 
Federico Muradas es Head of Legal en Loopa Finance. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor de derecho comercial en la misma casa de estudios y magíster en derecho empresario por la Universidad Austral.
 
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