Poder Judicial español llama a respetar independencia de los jueces y destrabar renovación de su gobierno

Claudio Soto
Desde España

Este lunes se dio inicio al Año Judicial en España. Se trata de una de las actividades -presidida por el Rey Felipe VI- más solemnes de la judicatura, pero que, nuevamente pone de manifiesto cómo la renovación de su Consejo General sigue literalmente en “punto muerto”.

En general, el inicio del año judicial en cualquier sistema democrático es un evento de transparencia sobre la actividad jurisdiccional en un determinado periodo y los desafíos que debe sortear en el marco de sus atribuciones. Pero, hasta aquí, en España, la actividad se ha convertido en la constatación de una “anormalidad constitucional”, ya que las fuerzas partidistas en el Congreso y en el Senado, no han podido abrirse a un acuerdo.

En su discurso de apertura, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, recordó que tanto su cargo como el de los vocales tienen un mandato de 5 años, según la Constitución y su Ley Orgánica, y que los órganos legislativos están obligados a respetarla.

“Esta obligación -señaló el presidente (en la fotografía)- es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”.

Nombramientos discrecionales

Lesmes, recordó que ha instado hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado a cumplir con su deber constitucional -reclamación que también ha sido hecha por el Pleno del Consejo otras tres veces durante el último año- “sin que ninguno de esos llamamientos haya surtido efecto”. El presidente del órgano de gobierno de los jueces señaló que la situación se ha visto agravada por la reciente Ley Orgánica 4/2021, que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones y que fue tramitada sin recabar la opinión de esta institución.

“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales”, señaló el presidente del máximo tribunal.

Labor jurisdiccional

En lo netamente estadístico, Lesmes señaló que si bien durante el año pasado (y debido a la paralización de la actividad judicial por efecto de la pandemia) la tasa de litigiosidad descendió un 12,75%, los datos también objetivan que la cifra de 116 asuntos ingresados por cada mil habitantes sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea.

Los Tribunales españoles -explicó el presidente- ingresaron el año pasado un total de 5.526.754 asuntos, y “aunque gracias al esfuerzo de nuestros jueces y magistrados el volumen de asuntos resueltos fue muy elevado, alcanzando los 5.244.742, no se ha logrado reducir, sino que ha vuelto a aumentar, en un 11,3%, el número total de asuntos en trámite al final del año, que se situó en más de 3 millones”.

Asimismo, también expuso que aumentó la tasa de pendencia global de la judicatura, que ha crecido –dijo- casi un 30% entre 2019 y 2020. “Todo ello, pese a que el número medio de sentencias dictadas por cada miembro de la Carrera Judicial fue de 240, a razón de prácticamente una por cada día laborable”, señaló.

Fotografía: El Rey Felipe VI, acompañado del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Pilar Llop (Casa Real).