Plataformas digitales: los desafíos que tendrá la nueva Constitución chilena

¿Qué debería decir la nueva Constitución chilena respecto a gobernanza de las plataformas digitales? Esa fue la pregunta que se hizo la ONG Data.Democracia, que se vinculó con la Plataforma Contexto con el fin de construir una minuta que abordase esta problemática que sirva como insumo para los futuros miembros de convención constitucional.

Debido a la complejidad con que se presentan hoy en día las distintas plataformas digitales con las que interactúa la ciudadanía, hay elementos claves que se deben considerar a la hora de regularlas, por ejemplo, su naturaleza global hace imprescindible que se coordinen acciones a nivel regional y mundial, con base en los estándares de derecho internacional de los derechos humanos.

Según datos entregados por Data.Democracia cuatro países de América Latina lideran el top 10 mundial en número de usuarios y tiempo de uso de plataformas digitales: Brasil, Colombia, Argentina y México. Esto gráfica el enorme desafío que tiene la región al ser uno de los actores más relevantes en cuanto uso de estas herramientas.

Regulación tecnológica y nueva Constitución

Data.Democracia es una ONG latinoamericana que nació en la Universidad de Stanford y que vio la oportunidad de aportar en el proceso constituyente chileno desde su vereda, que es contribuir a los procesos de regulación tecnológica para fortalecer las democracias de la región, a través de acciones coordinadas y consensuadas entre Estados, comunidades y organizaciones.

Es así como generó una colaboración con Plataforma Contexto, iniciativa chilena apoyada por la Fundación Ford, que se concretó en la redacción de una minuta titulada “Gobernanza de las Plataformas Digitales en la nueva Constitución”, que será compartida a quienes resulten elegidos como constituyentes.

Juan Martínez Layuno, Co-Director de Data.Democracia y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, sostiene que una nueva Constitución sería exitosa en esta área si es capaz de moldear el funcionamiento de las plataformas digitales para fortalecer y estimular la confianza, los lazos comunitarios y la economía circular con base en Chile y Latinoamérica.

En este contexto, comenta que es clave establecer principios flexibles que protejan a las personas en el futuro, puesto que en menos de una década, el big data y la inteligencia artificial van a ser debates del pasado. Al menos se deberían considerar tres elementos: El primero es la protección de la integridad física y psíquica online con la misma intensidad que tienen estos elementos en el mundo “offline”.

“En esto es clave tomar acciones rápidamente, a la luz de los gravísimos datos publicados por Fundación Datos Protegidos, que muestra que un 32% de niñas de entre 12 y 14 recibió peticiones sexuales de algún tipo en línea”, explica Juan Martínez.

Juan José Martínez

En segundo lugar, se debería establecer en la nueva Carta Magna la naturaleza neutra, abierta y descentralizada del internet, porque se “debe garantizar que podemos estar seguras y seguros de que el ciberespacio permanecerá como lo que es hoy, un lugar libre y neutro, especialmente fértil para la creatividad”.

El tercer elemento que destaca el Co-Director de Data.Democracia se relaciona con la confianza de las personas respecto a la utilización de los datos personales que ellas entregan en las diferentes plataformas digitales. “Para que todos y todas podamos navegar sin preocupaciones, y sabiendo que, si compartimos datos –como no podemos estar leyendo todo el día términos y condiciones– no se hará un uso indebido de estos, ni más allá de lo que, de buena fe, se puede prever considerando la intención inicial de la persona al entrar a una página web o plataforma”.

Los peligros de la desregulación

En América Latina las actuales legislaciones impulsadas serían insuficientes para regular las plataformas digitales, respecto de sus estructuras de protección de derechos, las herramientas antimonopolio y el respeto de la naturaleza abierta de Internet, como también las protecciones de derechos constitucionales tradicionales, como por ejemplo, en materia de derecho laboral y libertad de expresión.

En este contexto, Martínez indica que se presentan dos peligros ante la falta o poca regulación en esta área. El primero es la ausencia de regulaciones que respeten los principios del internet y consideren la escala global de estas plataformas y sus problemas. Mientras que el segundo es que la falta de normas adecuadas provoca que las democracias se expongan a dos factores de riesgo.

El primero se relaciona con la difusión de las llamadas “Fake News” o información falsa y el socavamiento de los sistemas de responsabilidad editorial que legitiman a los medios de comunicación tradicionales. “Más allá de la anécdota, se sabe que periódicos y medios tradicionales en todo el mundo han obrado mal y en algunos casos han sido el instrumento de golpes de Estado o manipulación al público en general. No obstante, lo valioso –incluso en el caso de ese periódico golpista o de esa prensa amarilla– es que, si decides leerlo, puedes leer su editorial, saber quién es el equipo que está detrás y tomar una decisión razonablemente informada”, comenta Martínez.

No obstante, este fenómeno no se puede aplicar a las redes sociales, donde la situación se da a la inversa dado que el diseño de estas herramientas no está hecho para transmitir información verificable, sino que están construidas para que la exposición a la información prolongue el tiempo que los usuarios permanecen en la plataforma. Una especie de “todo vale” para que las personas se mantengan “pegadas” en la pantalla.

Martínez comenta que estas plataformas se transforman en terreno propicio “para las teorías de la conspiración y las noticias falsas. Esto es problemático y responde al modelo de negocio de las plataformas. Adicionalmente, los algoritmos que las hacen funcionar –nuevamente, para maximizar la permanencia– seleccionan contenido que solo ves tú y con ello se generan percepciones distorsionadas del mundo, donde puedes terminar creyendo que todos piensan como tú”.

Y el segundo factor de riesgo está relacionado con las empresas que moderan contenido y regulan el comportamiento de los usuarios en línea, por lo que en muchos casos se desarrolla una privatización de la aplicación del derecho. “Esto existe en otras áreas y no siempre funciona bien –véase, por ejemplo, el caso de las detenciones ciudadanas en materia de procedimiento penal–. Más grave aún, si es que no se cuenta con estructuras para que las personas puedan recurrir para supervigilar las decisiones de las plataformas, estamos entregando la regulación de importantes derechos civiles a las propias plataformas, como en el caso de la libertad de expresión”, finalizó el abogado.

 
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