Perú y Chile enfrentan la sobrecarga judicial mirando a la OCDE

En julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el informe “Estudio de la Justicia de la OCDE en el Perú”, en el que se mostraban diversos problemas en el sistema judicial peruano debido a la sobrecarga judicial, de acuerdo con el documento “El fragmentado sistema de justicia del Perú a menudo se traduce en un enfoque desconectado de la reforma, el diseño y la implementación de las políticas de justicia”.

Renzo Cavani

Ante tal situación, la OCDE considera que existe un problema de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, una escasa presencia de herramientas de justicia extrajudiciales -como sistemas alternativos de solución de controversias- y una deficiente digitalización de los procesos judiciales.

“La falta de una comunicación y una coordinación efectiva entre las instituciones ha dado lugar a importantes superposiciones en los mandatos, los servicios y las iniciativas implementadas, con una escasa claridad en la asignación de recursos o personal. Mejorar la claridad en lo que respecta a los roles, las funciones y los servicios de justicia podría evitar la confusión entre los usuarios acerca de los servicios y las vías de acceso a la justicia, de modo que sepan a dónde acudir o a quién para evitar problemas jurídicos y buscar soluciones. Lo más importante es que esto podría mejorar aun más la eficiencia de la asignación de recursos (fondos públicos que podrían usarse para atender otras necesidades relevantes) y la prestación de servicios de justicia”, se lee en el documento.

En respuesta a esta publicación, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú (PUCP) llevó a cabo el seminario “El Sistema de Justicia del Perú a la luz de los estándares de la OCDE 2024”, con el que se buscó dar una mirada comparada a la problemática junto con Chile, país miembro de la OCDE desde 2010 y que ha logrado solucionar al menos algunos de los problemas de eficiencia presentes en su sistema de justicia.

La situación en Perú

Renzo Cavani, profesor de “Sistema de justicia y solución de conflictos” de la Facultad de Derecho de la PUCP, expresó que el informe de la OCDE muestra que en Lima el proceso físico de documentos en primera instancia, frente al proceso electrónico, no tiene una mayor diferencia en la duración (0,3%), donde el proceso digital dura 222,4 días, mientras que el proceso físico demora 223 días: “En provincia la situación es distinta, donde hay un 42% de mejora. Y en segunda instancia en Lima, hay una mejora de 49%. La OCDE señala que la gestión de casos se ha centrado en una distribución de datos apelando a datos cuantitativos, no cualitativos. Consideró que el informe sí tiene una falta de datos, pero debe ser por una falta de fuentes con las cuañes poder llegar ciertas conclusiones”.

Nelson Ramírez

Cavani añadió que algunos otros problemas que se han detectado han sido la pérdida de tiempo en audiencias, en el registro de los asistentes por parte de los secretarios judiciales, los problemas de conectividad en el país y una falta de una buena definición de la gestión de casos: “En nuestro reglamento no veo que haya case management fuera de la flexibilización y acuerdos procesales. Además, el reglamento tampoco nos dice cómo se gestionará el caso, cómo se deben aplicar las reglas procesales: sólo que hay que hacerlo. Entonces, el case management en el Perú es un misterio. Tampoco sabemos cómo los modelos de otros países se adaptarían a nuestro contexto. Algo como la discreción judicial no sería adecuado para el país, donde tenemos serios problemas en la asignación de jueces y no necesariamente los que entran al Poder Judicial son los mejores ¿a ellos les daremos la discreción para que libremente puedan reconfigurar el proceso en cada caso concreto?”.

Por su parte, Nelson Ramírez, profesor de la PUCP, contó que una de las soluciones que ha usado el Perú ha sido la creación de órganos judiciales provisionales, lo que supone la integración de jueces de instancias inferiores en la Corte Suprema para poder suplir las carencias, por el periodo que decida el presidente de la Corte.

“No hay protocolo, no hay plazos finales, es un desorden administrativo que hace que el 58% de los jueces en el Perú sean provisionales o supernumerarios. El enfrentamiento de la sobrecarga ha sido mal llevado y ha devenido de un estado de las cosas inconstitucional, porque no puede ser que una organización de justicia trabaje bajo una institución tan endeble. El juez provisional es muy vulnerable: basta con amenazarlo con que volverá a su puesto de origen para que esté comprometido”, sostuvo.

El profesor expresó también la preocupación que causa el informe de la OCDE y felicitó ciertas medidas tomadas dentro de la administración judicial peruana: “Hay una sala de la Corte Suprema especializada en temas laborales y de jubilación, donde existe similitud de casos de manera masiva, lo que ha motivado la creación de sentencias fuente, las cuales se usan para conectar su fundamentación con sentencias de otros casos similares, lo que ha permitido a los jueces realizar descargos más rápido que en otras salas”.

Racionalización, priorización y rutinización

Claudio Fuentes

Claudio Fuentes, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, comentó que la vía que la OCDE sugiere como solución a las problemáticas del Perú es la aplicación del case mangement a niveles macro y micro dentro de los tribunales.

“El documento señala que es necesario que los tribunales empiecen a entender que no todos los casos tienen las mismas necesidades. Una metáfora sería verlo como una sala de urgencia de un hospital público, donde llegan muchos casos, pero no se atiende en el orden de llegada, sino que se priorizan los casos por los niveles de gravedad. Esto va en contra de la idea en el sistema judicial de que todos los casos son iguales y valen lo mismo. La OCDE lo que sugiere es aceptar que no todos los casos requieren lo mismo del tribunal, por lo que se debe encontrar la forma de canalizar tales diferencias”, afirmó.

En Chile, la reforma procesal penal -instaurada gradualmente a partir del año 2000- introdujo diversos procedimientos orales para la solución de los problemas que había en la justicia chilena antes del siglo XXI, pero la oralidad habría traído nuevos problemas, como un aumento en el volumen de casos al afectarse el previo sistema de asignación carga del trabajo, lo que conllevó un cambio en la administración del proceso y el actuar de los jueces.

Ramón García

“La gran reforma de la justicia chilena no fue la oralidad, sino el cambio en cómo se organiza el despacho judicial, lo que supuso la introducción a los tribunales en el mundo de la gestión, de profesionales que no son abogados, que vienen con un el marco teórico de las ciencias de la administración de recursos, del management, de los criterios propios del mundo de los negocios, que permitió mejor eficiencia en los procesos judiciales. Esto fue necesario, ya que los jueces no son buenos administradores”, dijo.

Ramón García, director del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile), abordó los mecanismos que adoptan los jueces para la gestión de casos, que consisten en la racionalización (acortar audiencias), la priorización (distribución de los recursos) y la rutinización (estandarización de procesos en casos muy comunes).

Y añadió: “En mis investigaciones he notado que son mecanismos que se están usando en gran parte de Europa, donde también se lidia con el problema de la sobrecarga de casos. El exceso de trabajo crea un círculo vicioso, llevando a una baja calidad de la jurisprudencia que se produce, como tal jurisprudencia no cumple con la función de alumbrar aquellos aspectos que puede ser controvertidos, se genera más litigación, porque no se ofrece una guía confiable y se crean espacios de incertidumbre, lo que aumenta la duración del procedimiento, aumentando la carga del trabajo”.

Algunas de las técnicas que García destaca que se han usado en el sistema chileno son el uso de tratamientos estandarizados masivos para casos comunes donde las características se repiten; el uso de mayores fundamentos en casos de alta complejidad; la participación de otros funcionarios para hacer el proceso más fluido (como relatores y secretarios de corte); la motivación de la conciliación, incluso en casos que han llegado a la Corte Suprema; y un mayor empleo de la desestimación de las causas por inadmisibilidad.

“Los jueces que he entrevistado en mis investigaciones dicen que es necesario recurrir a la inadmisibilidad», contó. Y respecto de casos donde el problema jurídico objeto del caso ya ha ocurrido varias veces antes, en vez de redactar largos fallos, los jueces ahorrarían tiempo redactando sentencias simplificadas o sin motivación y haciendo uso de considerandos anteriores de casos similares. «Todas estas prácticas tienen diversos grados de reconocimiento legal, pero son necesarias, ya que son una verdadera columna vertebral invisible del trabajo de las cortes superiores en Chile y en distintas partes del mundo”, dijo el académico.

 
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