Persecuciones penales fallidas: ¿de quién es la responsabilidad?

Los errores en los procedimientos penales han sido tema de conversación entre abogados penalistas y académicos, principalmente sobre el efecto que tiene en personas inocentes que se ven condenadas a cumplir períodos de privación de libertad en la cárcel y las posibles modificaciones se pueden hacer a los procesos penales para evitarlo.

Iniciativas como el Proyecto Inocentes han buscado solucionar aquellas situaciones, donde el sistema penal ha fallado al condenar a aquellos que no lo merecían y demuestran el interés que hay respecto al tema.

Pero ¿qué ocurre en el caso contrario, cuando el sistema penal en vez de condenar al inocente deja ir libre a aquel que pareciera culpable, sin que llegue a ser sujeto de enjuiciamiento?

Jon B. Gould

“La mayoría de las investigaciones académicas sobre los procesos penales en los últimos 25 años en Estados Unidos se han enfocado en las condenas erróneas, pero sólo son una parte de un problema mayor de errores judiciales, por lo que mis colegas y yo decidimos que ya era hora de estudiar el otro lado de la moneda, que son aquellos casos donde una persona factualmente culpable de un crimen no es condenada y el porqué de tal situación”, explicó Job B. Gould, decano del Departamento de Ecología Social de la University of California en Irvine y ex senior policiy advisor del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El académico participó en el coloquio “Reflexiones en torno a las persecuciones penales fallidas”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile (UDP) y que contó con la presencia de la fiscal del Ministerio Público de ese país, Ximena Chong.

Durante el evento Gould presentó los resultados de su investigación sobre las dinámicas de las persecuciones penales fallidas, “Theorizing Failed Prosecutions”, que realizó con los académicos Victoria M. Smiegocki y Richard A. Leo.

Al respecto, considera que uno de los motivos para que no exista mucha investigación académica sobre persecuciones penales fallidas en Estados Unidos es que existe una presunción errada de que el trabajo de la policía y la fiscalía es fijo y no hay nada que se pueda hacer respecto de tal problema, a no ser que se reduzca el estándar probatorio. “Además, se asume que los fiscales y los policías tienen tanto poder que deberían siempre conseguir una condena cuando el imputado es factualmente culpable de un crimen y la evidencia es sólida”, dijo.

Otro aspecto que, plantea, ha llevado a que las investigaciones de errores judiciales se centren en condenas erradas, más que en persecuciones fallidas, es la fuerte presencia de la Fórmula de Blackstone en la filosofía del derecho penal estadounidense. Esta idea, creada por el jurista inglés William Blackstone (1723 – 1780), establece que “es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra”.

El académico igualmente señaló como un problema grave la falta de recopilación de esta clase de datos por parte de organismos gubernamentales y, en este sentido, “iniciativas como el Proyecto Inocentes son impulsadas por ONGs, pero no tenemos una recolección sistemática de información en Estados Unidos de ningún tipo de error judicial, tanto de condenas incorrectas como persecuciones fallidas”.

Policías, testigos y víctimas

Durante el mismo evento, Job B. Gould comentó que cuando iniciaron su investigación descubrieron la existencia de una oficina fiscal en un distrito no identificado —una de las condiciones para conseguir la información fue no revelar la locación— donde el fiscal adjunto registraba todos los casos ocurridos en el año en los cuales consideraba que había “un problema”. ¿Qué significaba eso? «Que no conseguían condenar a alguien respecto de quien estaban convencidos que era culpable o que avanzaron en una causa en la cual habían concluido que el acusado era inocente”, contó.

Al obtener los datos el académico y su equipo la codificaron, permitiéndoles un análisis cuantitativo sobre quiénes fueron los principales responsables y las razones que llevaban a que en los procesos donde había certeza de culpabilidad no se consiguiera condena.

“Un cuarto de las persecuciones penales fallidas en el distrito se debieron a evidencia insuficiente, seguido por testigos y víctimas poco creíbles, y, en tercer lugar, la no presencia de las víctimas o de testigos para que entregaran su testimonio en los juicios”, explicó.

Fuente: Theorizing Failed Prosecutions

Respecto de quiénes eran los mayores responsables en persecuciones penales fallidas, la mayoría de las veces se trataba de la policía, en el 40% de los casos revisados. En segundo lugar, la falta de cooperación de la víctima habría sido el factor responsable de que no se condenara al imputado (25% de las veces).

Fuente: Theorizing Failed Prosecutions

Al realizar el cruce de datos, Gould y su equipo descubrieron una serie de escenarios que se repetían en los procesos penales fallidos: “Cuando los policías eran los responsables del fallo en el proceso, la mitad de las veces se debía a que no recopilaron evidencia suficiente y un cuarto de las veces a que la adquirieron de manera inconstitucional».

«En los casos en que el responsable era el fiscal, la mitad de las veces se debió a que no cumplieron con el derecho constitucional del imputado a un juicio rápido”, añadió. 

Fuente: Theorizing Failed Prosecutions

Finalmente, se examinaron los métodos de eliminación de persecuciones fallidas y se mostró que el 40% de las veces fue por medio de la desestimación voluntaria del caso por parte del fiscal, a pesar de creer que el imputado podía ser culpable.

“Lo que hemos visto es que los fiscales han cometido muchos errores de abogacía, como no saber a qué testigos llamar o cómo prepararlos apropiadamente para el interrogatorio, lo que causa que en el contrainterrogatorio este sea inútil, por lo que tenemos que entrenar mejor a nuestros fiscales”, comentó con preocupación.

Fuente: Theorizing Failed Prosecutions

Ximena Chong y la situación en Chile

Ximena Chong

Tras la presentación de Jon B. Gould, la fiscal Ximena Chong ofreció una serie de comentarios respecto de cómo los procesos penales fallidos están ocurriendo en Chile y la responsabilidad que los fiscales tienen en ello.

“Algunos problemas que podemos apuntar son una sobredimensión de los cargos al acusado, con miras a presionar algún acuerdo, o, como ha ocurrido en casos de corrupción, la minimización de los cargos para facilitar salidas alternativas, cuestiones que estuvieron en la discusión a propósito del financiamiento delictivo de la política, donde se dejaron fuera imputaciones de cohecho para facilitar salidas alternativa aplicables sólo a delitos tributarios”, aseguró.

También se refirió a la importancia de que las víctimas y testigos no desaparezcan en medio de los procesos penales, ya que muchas veces son elementos clave para la obtención de condenas, planteando que se debe replantear tanto la unidad dedicada a ellos como los mecanismos para su protección, “cuestión que se debate en el Congreso a propósito de la ley de crimen organizado. Quizás tengamos que reforzar esos sistemas”, dijo.

La fiscal destacó además el valor de la recolección de evidencias y la necesidad de mejorar y dotar a los órganos de persecución penal, incluidas las policías, de recursos tecnológicos que les permitan obtener más pruebas a la hora del juicio, así como elementos que “vayan por delante de aquellos que tienen las organizaciones criminales, sobre todo en el contexto de delitos de leyes especiales”.

Y, al igual que Gould, aseguró que es imprescindible tanto una capacitación continua de las policías como la creación de instancias de aprendizaje para fiscales, para evitar varios de los problemas expuestos por el académico norteamericano.

“Lo más interesante del estudio es que nos muestra la necesidad de adoptar una metodología para poder detectar cuáles son la causas de los procedimientos penales fallidos en Chile”, concluyó la fiscal.

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